La noticia revelada por The New York Times acerca del espionaje que el gobierno mexicano lleva a cabo en contra de periodistas y activistas tiene otras facetas que no se han revisado, como el marco jurídico que posibilitaría dichas acciones, así como una guerra comercial por el mercado mexicano entre el diario estadounidense y el periódico español El País, con la presencia de inversionistas nacionales que mecerían la cuna hacia sus respectivos intereses.

Estado de seguridad

Para el analista y autor de la columna Indicador Político, Carlos Ramírez, el espionaje es “tan antiguo como la existencia del Estado mismo. Debatimos aún si tiene capacidad de vigilar a disidentes o adversarios, cuando debemos partir del hecho de que todo Estado es uno de seguridad nacional, independientemente de que persiga a disidentes o adversarios, lo que hace falta no es hablar de si el Estado espía, sino en función de qué marco jurídico lo hace. Ahí está el punto central, la existencia de una ley de seguridad nacional, de seguridad interior, de inteligencia nacional más adecuada a las circunstancias y, como ocurre en Colombia, una ley de espionaje, algo que no existe en México”.

En Estados Unidos, completó, existe una ley de espionaje que garantiza la vigilancia de adversarios, incluyendo periodistas, “uno de The New York Times tardó 7 años en investigar el tema de la vigilancia que realizaba la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Lo que está en el fondo es la existencia del Estado, porque lo que debe estar en el debate, no es si se espía o no sino bajo que marco jurídico se hace”.

Acerca del escándalo que se desató en México a raíz de un reportaje, difundido por el diario neoyorquino, Carlos Ramírez apuntó que se trató de “un asunto de coyuntura y de circunstancia, hoy el gobierno federal está muy débil, igual que los estatales, hay una supervisión de medios internacionales, pero la compra de ese tipo de programas viene desde que era gobernador de Oaxaca Diódoro Carrasco —quien fue uno de los primeros en hacerlo—, en la década de los 90, esto quiere decir que el tema del escándalo político tiene que ver con circunstancias que vive ahora el propio gobierno. Hay que resaltar que el reportaje de The New York Times está lleno de vaguedades, no aclara que instancia de gobierno realiza el espionaje, lo que dice es que compraron el software y de ahí viene la demanda en la que piden que el gobierno diga quién fue, pero el gobierno como instancia del Estado tiene la disculpa de la discreción y no lo va a decir y todo va a quedar en el ámbito de las expectativas”.

Agregó que la denuncia, por muy vaga que sea, pegará directamente en el gobierno federal, sin que se entre en el debate de si el Estado tiene el derecho a vigilar a la disidencia o no. “Tiene que haber mecanismos de control y lo único que sirve en ese sentido es la existencia de un marco legal”.

Recordó que en Estados Unidos se da una vigilancia constante, incluso con los ciudadanos, como lo han denunciado los medios, además los turistas deben dar las claves de sus redes sociales y son revisadas sus pertenencias personales.

El columnista concluyó advirtiendo que respecto a las denuncias “nada va a pasar”, y que el impacto que esto tenga en 2018, que consideró aún lejano, pudiera ser mínimo. “La indagatoria de periodistas internacionales no va a determinar el resultado de 2018, pues lo que puedan filtrar algunos de los mencionados en la lista de espiados no tiene que ver con la seguridad del Estado, ni con la del presidente, no es más que una calentura adelantada que va a impactar más en el tema de derechos humanos, que es importante, pero es algo que va a seguir porque detrás está la seguridad política del Estado, por lo que tenemos que discutir las leyes respectivas”.

 

Guerra comercial

Otra faceta de este tema, que ayuda a entender la razón por la que un diario estadounidense busque publicar ese tipo de temas y difundirlos profusamente en México, tiene que ver con la competencia por el mercado nacional con la ayuda de empresarios locales.

Se trata de un tema que viene desde 2015. El portal ibérico El Español relató el 14 de noviembre de ese año, en nota firmada por Alberto Lardiés, que la lucha por el mercado mexicano entre estadounidenses y españoles, considerado estratégico por ambos, enfrentaba también a Carlos Slim y Roberto Alcántara, ambos miembros de los consejos de administración de los dos medios —junto a Ernesto Zedillo en el caso de El País—, con evidencias en la política editorial de los dos rotativos.

Así, The New York Times se empezó a caracterizar por las críticas constantes hacia la administración de Enrique Peña Nieto —que algunos observaban como parte de las intenciones de Slim por defender sus negocios afectados, principalmente, por la Reforma en Telecomunicaciones y las sanciones a su alianza con MVS Comunicaciones—, recurriendo incluso a reciclar un tema como el espionaje que se realiza con el software comprado a NSO Group, llamado Pegasus, dado a conocer desde 2015.

En el portal Sin Embargo, el activista Alejandro Calvillo denunció haber sido víctima de espionaje desde febrero pasado por sus intentos de promover un aumento en los gravámenes a los refrescos. “El documento técnico de Citizen Lab confirma que las tres personas mencionadas fuimos víctimas de este acto de espionaje”, escribió Calvillo.

En El Financiero, Raymundo Rivapalacio dio a conocer en 2015 que las intervenciones a teléfonos ya eran una práctica común de parte del gobierno federal mexicano. “De acuerdo con el documento (al que tuvo acceso), hubo 729 intervenciones telefónicas, aunque una decena de personas espiadas aparece con números adicionales, (como) los teléfonos celulares de la conductora de radio Carmen Aristegui, y de quien esto escribe”, compartió.

Rivapalacio agregó que “la forma como buscaron entrar en esos teléfonos, de acuerdo con expertos consultados, es a través de un software malware, que es un código maligno que se infiltra en los dispositivos mediante el cual se pueden emitir mensajes de texto”.

En Reporte Índigo, Ramón Alberto Garza recordó dos episodios más. El primero respecto a las denuncias de que políticos como Manlio Fabio Beltrones eran espiados desde el Estado de México, en el contexto de la definición de la candidatura presidencial del PRI en 2009, y la compra de equipo de espionaje al intermediario Susumo Azano Matsura —detenido en Estados Unidos— en la que intervino Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Por cierto, García Luna es mencionado como asesor de Carlos Slim.

Desde 2015 Wikileaks confirmó que el gobierno federal mexicano, por medio del CISEN, así como varias administraciones estatales —Puebla, Tamaulipas, Yucatán, Durango, Jalisco, Querétaro, Estado de México— habrían adquirido el programa espía.

Varios medios mexicanos hicieron eco del reporte de la organización de Julian Asange, por lo que no podemos decirnos sorprendidos por la nota del pasado 19 de junio de The New York Times, entonces ¿por qué el revuelo ahora?

Una de las razones radica en que se trata de información dada a conocer por un medio extranjero, el cual señala directamente como responsable a la administración de Enrique Peña Nieto, además de involucrar a una periodista contraria al régimen: Carmen Aristegui y a organizaciones como Artículo 19 y la Red R3D.

En noviembre de 2015, el diario español El País recordó, a propósito de los planes de arribar al mercado mexicano de The New York Times de la mano de Carlos Slim —uno de los patrocinadores de Aristegui en radio—, que “en esta proximidad al poder, sus relaciones varían de escala cromática. Por ejemplo, se las considera excelentes con el caudillo de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, actual líder del Movimiento de Regeneración Nacional, y con quien emprendió la reconstrucción del centro histórico de la Ciudad de México cuando dirigía el Gobierno del Distrito Federal. Mucho más tirante ha sido su trato con el presidente Enrique Peña Nieto, del PRI. (…) La pugna, que ganó Peña Nieto, acabó con el anuncio de desmembramiento de la compañía”.

Lo anterior puede ayudar a entender mejor el contexto para dar a conocer la noticia, que pone nuevamente en el banquillo de los acusados a un gobierno que enfrenta críticas por la manera en que está manejando sus relaciones exteriores, en especial en el caso de Venezuela.

Así, la información relativa al espionaje que realiza el gobierno mexicano —algo condenable a todas luces y que merece que se exijan las explicaciones correspondientes, además de nuestra solidaridad como medio con los espiados—, también debe ser vista como parte de una guerra por el mercado mexicano entre dos gigantes del periodismo mundial: El País contra The New York Times.

@AReyesVigueras

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