El proceso de purga dentro del poder en el reino de Arabia Saudita, tiene como propósito central consolidar el ascenso, dominio absoluto y respaldo social del príncipe heredero Mohamed bin Salman, y al mismo tiempo comenzar a luchar contra prácticas corruptas habituales y que son incompatibles con las nuevas estrategias económicas que se pretenden desarrollar en la actual coyuntura.
La arremetida contra figuras centrales de la monarquía y aliadas a esta, iniciada a comienzos del mes de noviembre del 2017, sobrepasa por mucho, cualquier disputa previa dentro de la familia real, tradicionalmente habituada a la búsqueda de un consenso interno y a un proceso de toma de decisiones de un casi absoluto nivel de discrecionalidad y secrecía.
La creación mediante decreto real de la Comisión Suprema Anticorrupción, al frente de la cual el rey Salman colocó a su hijo Mohamed bin Salman (también conocido como MBS), dio paso en unas pocas horas a la detención de más de 200 figuras importantes en el reino, incluyendo príncipes, grandes hombres de negocios, personajes de la política y de los órganos militares y de seguridad, algo que no tiene precedentes en la historia del reino, y que genera una coyuntura de incertidumbre y volatilidad.
En el plano de la economía y las finanzas, la figura más representativa detenida fue la del príncipe Al-Waleed bin Talal, uno de los hombres más ricos del mundo con inversiones en numerosos negocios tales como el Kingdom Holding Company, Citigroup, 21st Century Fox, Time Warner, Twiter, hoteles Four Seasons, y otros. Es conocido también por sus actividades filantrópicas, y por sus excesos como su opulento palacio en Riad con 420 habitaciones, y su famoso Boeing 747 con su trono enchapado en oro.
Una medida como esta, cuyo diseño se le adjudica a bin Salman, actual príncipe heredero, ministro de Defensa, jefe de la Corte Real y presidente del Consejo para Asuntos de Economía y Desarrollo, genera evidentes simpatías en una población que durante décadas ha presenciado las extravagancias y excesos de miembros de la familia real y del poder, el desvío de recursos a escala superlativa, y las habituales prácticas corruptas que han enriquecido a muchos príncipes y a sectores empresariales tanto nacionales como foráneos. Por ello, bin Salman, al mismo tiempo en que brinda una respuesta a amplios sectores populares, trata de solidificar su apoyo dentro de la juventud saudita en un país en el que el 70% de la población tiene menos de 30 años.
Desde el punto de vista económico, la llamada “Visión 2030”, también elaborada por bin Salman, (que pretende sustituir la centralidad absoluta del petróleo dentro de la economía saudita, mediante el desarrollo de otras actividades económicas), requiere de amplios recursos financieros, y de un control de la inversión para intentar hacer un proyecto lo más eficiente y productivo posible. La corrupción es el principal enemigo de cualquier reforma económica en esta dirección.
Según el fiscal general saudita, los detenidos -quienes no han sido enviados a ninguna cárcel, sino que están alojados en varios de los más lujosos hoteles de la capital-, son responsables de haber desviado en los últimos años más de 100 mil millones de dólares. Se estima que unas 1700 cuentas bancarias individuales han sido congeladas, y ya se ha reportado que la monarquía está ofreciendo la liberación de varios detenidos, a cambio de que entreguen bienes y voluminosas sumas de su dinero mal habido.
Los planes para una modernización cada vez mayor del país, desarrollo de infraestructura, despliegue tecnológico, y una paulatina incorporación del sector femenino en este empeño, han motivado que bin Salman también introduzca algunos cambios en las prácticas sociales, en detrimento del férreo control tradicional de las tendencias más conservadoras dentro del establishment religioso wahabita del reino.
Pero esta arremetida anticorrupción, genera también grandes incertidumbres: ¿Quién define quién es corrupto y quién no, si todos los miembros del poder y de la familia real han gozado históricamente de enormes privilegios alimentados por el presupuesto nacional proveniente de la renta petrolera? ¿Hasta dónde se ampliará o no la lista de acusados y detenidos? ¿Qué características tendrá el proceso legal? ¿Cuál será el rigor de las condenas que se apliquen o no? ¿Los recursos financieros tendrán finalmente un destino para obras de desarrollo e infraestructura social o solo ocurrirá una redistribución que favorezca a determinado sector dentro de la familia real?
Otra gran pregunta es si esta afectación profunda de intereses económicos y de poder, generará notables resistencias dentro de otros sectores de la familia real que sean golpeados o que simplemente no estén de acuerdo con el ascenso vertiginoso y la concentración del poder de parte de bin Salman. En ello, el nivel de control que el príncipe heredero haya logrado establecer sobre los órganos de seguridad y militares, será la clave para proseguir con sus planes y evidente empoderamiento.
Pareciera que sí, que MBS ha estado enfrascado en este proceso desde los primeros momentos en que su padre, el rey Salman, asumió el poder en enero del 2015. Según diversos comentarios de inteligencia, ha colocado progresivamente a nuevas figuras que le son leales dentro de las estructuras de seguridad y militares, al mismo tiempo en que con apoyo del monarca, ha logrado ir despejando el camino de grandes figuras con larga legitimidad dentro del reino y con máximas aspiraciones.
Grandes ejemplos de estas jugadas de poder fueron: la destitución en junio del entonces príncipe heredero, ministro del interior, y figura muy cercana a los Estados Unidos por su desempeño en la lucha antiterrorista, Mohamed bin Nayef; así como la destitución en estas purgas anticorrupción de noviembre, del príncipe Miteb bin Abdullah, hijo del rey Abdullah y jefe de la Guardia Nacional, encargada de la protección de la familia, junto a la del jefe de la marina real saudita, el almirante Abdullah bin Sultan.
El proceso de concentración de poder de bin Salman, el desplazamiento de figuras que representaban potenciales escollos en su ascenso, los propósitos concretos económicos y populistas derivados de su campaña anticorrupción, son parte de una nueva reformulación de sectores específicos dentro de la monarquía en aras de lograr la continuidad del poder en las nuevas condiciones, disminuyendo al máximo cualquier potencial protesta de base popular y conservando un estricto control en materia de política interna.
