La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) escuchó en audiencia pública, el pasado 16 y 17 de noviembre, los testimonios en el Informe No. 74/15 Caso 12.846 Mariana Selvas Gómez y otras contra México, sobre los presuntos hechos represivos ocurridos en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.

El 17 de septiembre de 2016, a  través de un comunicado conjunto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) así como la Procuraduría General de la República (PGR), informaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), notificó al Gobierno de México la decisión de enviar el caso a la consideración de la CoIDH.

“Al respecto, y ante la posibilidad de que la Comisión determinara no considerar el cúmulo de acciones en materia de atención y reparación al caso, el propio gobierno mexicano hizo un llamado a la CoIDH para que remitiera el asunto a la consideración de la Corte, a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medias de reparación, a la luz de estándares internacionales”, señalaron las dependencias gubernamentales.

Asimismo, destacaron que desde marzo 2013, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en el caso, y en su momento notificó a la Comisión de su decisión.

En los límites de la vergüenza

En el marco de las audiencias públicas, en la sede de la Corte, en San José, Costa Rica, Emilio Álvarez Icaza Longoria, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala a Siempre! que “llama poderosamente la atención que la representación del Estado mexicano le pide a la Corte Interamericana que sancione los hechos, pero no busque responsables”.

“El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, que en realidad es un empleado de oficio, lo que hace es cuidar a su jefe, si vemos su reclamo, es una de las más vergonzosas actuaciones que ha tenido el Estado mexicano en los foros internacionales, pues le pide a la Corte que atienda lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no señale responsabilidades específicas”, apunta.

“La respuesta raya en los límites de la vergüenza, porque es como la joya de la corona y el cambio de papel que ha tenido el gobierno de Enrique Peña Nieto respecto a los organismos internacionales”, dice.

Álvarez Icaza explica que “México obtuvo un papel de apertura, de colaboración, de acercamiento sistemático, que empezó en el sexenio de Ernesto Zedillo cuando se aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de ahí se da gradualmente una apertura”.

Sin embargo, indica que “el sexenio que da un giro de 180 grados y regresa a las posiciones más retrógradas en la comunidad internacional, es el de Enrique Peña Nieto de la mano de José Antonio Meade”, (Secretario de Relaciones Exteriores dentro la presente administración del 1º de diciembre 2012 hasta el 27 de agosto de 2015)”.

Sostiene que “quien empieza a instrumentar esa posición de confrontación, de negación, de ataque, de hostigamiento a los organismos internacionales, es José Antonio Meade y Ruiz Cabañas se convierte en una especie de Hooligan con corbata que se dedica a hostigar. Es el ariete de esa política que cambia la posición de México ante los organismos internacionales. El último capítulo de esa historia, es la presentación del Estado mexicano ante la Corte.

 

¿Por qué creerle al Estado?

El también expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresa que el caso Atenco, “tiene un contenido simbólico por la naturaleza de los personajes involucrados, que involucran directamente al Presidente de la República. La estructura de la cancillería está desesperada por hacer lo que ellos entienden por, cómo cuidar a su jefe, con un papel muy vergonzoso en lugar de asumir una responsabilidad de Estado”.

“Si el Estado mexicano hubiera tenido la voluntad, este caso no hubiera llegado a la Corte Interamericana en marzo de 2013, hablamos de cuatro años y medio, el Estado reconoció su responsabilidad, tan es así, que en las audiencias en la Comisión pidieron una disculpa. Hay un reconocimiento de los hechos, pero más en el ánimo de una estrategia de control de daños que en el ánimo de la justicia de las víctimas”, indica Álvarez Icaza.

Al respecto, de acuerdo a lo publicado en los diarios, el Estado mexicano remitió a las víctimas tres propuestas de reparación integral, las cuales incluyen atención médica y psicológica, prestaciones sociales y una compensación económica, además de una disculpa pública por funcionarios federales.

Sin embargo, dicha propuestas fue rechaza por las víctimas, “no porque no estén de acuerdo, sino porque el tema central del caso es la justicia y eso es lo que no ha atendido el Estado mexicano”, afirma  Álvarez Icaza.

“El Estado mexicano —dice— se va con medidas asesorías y no con lo sustantivo, lo principal, que es la justicia. Hace cuatro años y medio pidieron disculpas y hoy, cuatro años y medio después van y reconocen ante la Corte que no hay nadie detenido ni sentenciado por esos hechos”.

El experto en temas de derechos humanos, democracia, participación ciudadana, sociedad civil y políticas públicas, sostiene que “el núcleo duro del caso, el tema de la justicia, de responsabilidades de los operadores y de los decididores, sigue impune, eso explica la actitud de las mujeres, que once años después tienen pocos elementos para confiar en el Estado cuando dice, les vamos a dar atención psicología, médica”.

“¿Qué llevaría a que once años después les hagan verdad esos ofrecimientos? Sí ni siquiera tienen la mínima voluntad  para avanzar en el tema principal que es la justicia, más allá de un trámite engorroso, legaloide, que parece más un tema de control de daños que de justicia”, se pregunta el activista de derechos humanos.

No obstante, la cancillería aseguró que acatará la resolución que  emita la Corte, luego de que analice los alegatos y los documentos entregados por las partes sobre el caso Atenco y emita una resolución aproximadamente en un año.

 

Resolución en el 2018

Sobre hacia dónde apuntaría esta resolución, el excomisionado de derechos humanos de la Ciudad de México, explica que “hay referencias al ámbito federal y local, las fuerzas que generaron el mayor número de agravios fueron estatales, del Estado de México, por tanto tendrá que indicarse los niveles de responsabilidad; y también una parte importante de este litigio se llevó durante el actual sexenio, será ineludible la referencia al actual titular del Ejecutivo federal”.

Álvarez Icaza considera “hay pocos elementos para pensar que no hay responsabilidad del Estado, el mismos Estado ya lo reconoció, hay pocos elementos para pensar que estas mujeres víctimas de violencia sexual no han expuesto con claridad su dolor y su daño. Por tanto, la Corte tiene la oportunidad de ayudar acelerar la transformación de un tema tan vital, tan importante, tan significativo, en México como es la violencia contra las mujeres”.

“La Corte tiene oportunidad para ayudar a diseñar los mecanismos de política pública en materia de seguridad que evitan que esas cosas se repitan. Conforme a la jurisprudencia y a los casos, lo que se esperaría es una sentencia condenatoria. Espero que la Corte actúe conforme a la gravedad del caso, sería muy importante, un poderoso mensaje de justicia”, asegura.

 

Once años después

En opinión de Emilio Álvarez Icaza, el caso Atenco tiene significados muy especiales, el primero tiene que ver con una llamada más de atención a la justicia mexicana de que después de once años las mujeres de Atenco acuden a la justicia internacional por una falta de repuesta de la justicia nacional. “Tanto la CoIDH como la justicia mexicana tienen una posibilidad muy importante, no solo de atender el caso, sino de atender sus causas”.

“La importancia de la justicia internacional es que ayuda a avanzar, si hay la voluntad para así hacerlo, en lo estructural. Este caso pone de manifiesto el fracaso de los esquemas de justicia en el Estado de México y a nivel federal, pone en el relieve una debilidad estructural de las estrategias de seguridad, en esencia por debilidad de la profesionalización de la policía, por falta de regulación del uso de la fuerza y porque hay un caso paradigmático de administración de venganza más que de procuración de justicia”.

“A su vez es un caso emblemático de violencia contra las mujeres, en la Corte se conoce con el caso Mariana Selvas Gómez y Otras y tiene que ver como el cuerpo de las mujeres es utilizado como parte de un campo de batalla, como parte de un mecanismo de venganza”, apunta.

“El derecho internacional de los derechos humanos funciona bajo el entendimiento de casos paradigmáticos que ayudan a crear una jurisprudencia interamericana, no solo para beneficiar a las victimas, no solo para beneficiar al país del caso, sino para hacer un corpus jurídico, una jurisprudencia, que beneficie a todos los país, en primer instancia, que reconocen a la Corte y segundo, aquellos que son atentos a la jurisprudencia internacional”, explica.

Asegura que “también tiene una particular significación, porque involucra directamente a quien es el Presidente de la República. Estos sucesos fueron cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México”.

“Probablemente este es el caso más fuerte, más impactante, más simbólico de México ante la Corte Interamericana, no porque los demás no lo hayan sido, han sido casos muy profundos que tienen que ver también con violencia contra las mujeres, en particular mujeres indígenas, casos de las mujeres de Juárez, casos de indígenas, de ecologistas, casos de distinta naturaleza, pero este es el primer caso que tiene así a plenitud estos fenómenos de carácter estructurales que involucran a quienes todavía  están en funciones”, concluye Emilio Álvarez Icaza.