Una de las propuestas más atractivas para el sector privado del país que ha sido planteada por la administración entrante es la de incrementar el monto de inversión pública del país en un marco de responsabilidad fiscal. La participación en el PIB de la Inversión física del sector público programable en el periodo 2013-2017 pasó de 4.1 a 2.6 por ciento. Esta reducción tan drástica colocó el gasto en inversión pública en México en los niveles más bajos de los últimos 70 años. La importancia de generar nueva infraestructura es crucial no solo para el desarrollo social igualitario de las zonas más marginadas del país, sino de la competitividad de la industria mexicana en lo nacional e internacional.
Podemos diferenciar entre tres tipos de infraestructura crucial para el desarrollo económico de México: la infraestructura económica, la infraestructura social y la tecnológica. En el caso de la infraestructura económica, la caída en la inversión puede considerarse como una de las causas que nos han impedido alcanzar tasas de crecimiento potenciales durante los últimos años; mientras tanto, el abandono de la infraestructura social, principalmente en la zona sur-sureste del país, se encuentra fuertemente vinculada con el aumento en la desigualdad en el ingreso y del desarrollo de capacidades de las personas en esa región del país; por último, la insuficiente inversión en nueva infraestructura tecnológica como la conectividad universal a internet, la infraestructura en telecomunicaciones y la creación de centros de investigación ha derivado en una disminución en la productividad y la capacidad de innovación liderada por la uso de nuevas tecnologías.
El sector industrial es uno de los que más ha resentido la caída en la inversión pública en infraestructura productiva y tecnológica. Disminuir el ritmo de construcción de infraestructura energética, logística y digital ha significado una pérdida importante en la competitividad de la industria. En el periodo que corre del año 2000 y hasta el año 2017 la participación de este como proporción del PIB disminuyó desde 36.3 por ciento hasta 29.6 por ciento. Esta contracción del sector industrial es un foco rojo que exige una atención inmediata por la administración entrante, debido a la capacidad que tienen los sectores manufactureros de generar encadenamientos productivos en el mercado interno para fortalecerlo.
Adicionalmente, la falta de inversión en infraestructura productiva y tecnológica ha disminuido la competitividad internacional de las empresas manufactureras del país, lo que restringe su capacidad para insertarse de manera exitosa en las cadenas globales de valor, principalmente en aquellos eslabones en donde se concentran los procesos productivos de mayor valor agregado, que también son los de competencia más intensa. En la coyuntura de neoproteccionismo actual es necesaria una estrategia de mediano-largo plazo que brinde un giro a la lógica productiva nacional, con el objetivo de reorientarla de un escenario en el que la principal ventaja competitiva del país son los bajos salarios, hacia una en la que se coloque al centro de la política económica el aumento de la productividad a través de la introducción de nuevas tecnologías de la información, la capacidad de innovación y la transición a la Industria 4.0.
En el caso de la infraestructura social, el abandono de las condiciones mínimas que garanticen el desarrollo personal y profesional en la región sur-sureste del país se nos presenta como un reto histórico del país. La medición de la pobreza de Coneval para 2016 estimó que los tres estados con los mayores índices de pobreza extrema en el país son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Estos estados también tienen los primeros cuatro lugares en rezago educativo —Guerrero tiene el cuarto lugar después de Michoacán—. Este escenario exige líneas de acción enfocadas en dotar de infraestructura social mínima —pavimento, alumbrado público, drenaje y salud— a esta región. Asimismo, la pobre infraestructura educativa representa el vínculo central con la pobreza extrema en estas entidades, por esta razón es necesario procurar la generación de capital humano calificado —–docentes— que logren atender y explotar las capacidades en estos estados.
De un total de 25 proyectos, son 13 lo que están relacionados con la generación de infraestructura en el país, cuyo costo ha estimado en 583,696 millones de pesos. Podemos distinguir, para efectos de este artículo, que las obras se dividen en tres grandes ejes: logístico, energético y tecnológico. En el ámbito logístico se encuentra la terminación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y una inversión importante en ferrocarriles con el desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec y la construcción del Tren Maya, además de la rehabilitación de 300 caminos rurales. En el ámbito energético se plantea la construcción de una refinería nueva y la modernización de seis más, además de promover la creación de infraestructura en energía eléctrica. Por último, la conexión a internet de todo el país —particularmente de las zonas más alejadas y marginadas— a través del uso de la red compartida es uno de los pilares que llevarán la estrategia de expansión de infraestructura tecnológica.
En este sentido, es necesaria una agenda competitiva que brinde a estos grandes proyectos, en conjunto con los servicios de inteligencia y la experiencia del brazo de consultoría privado, un proceso de implementación adecuado. Es fundamental resaltar que no debe limitarse a incorporar la tecnología en la construcción de la infraestructura, sino hacer que la infraestructura siga desarrollando tecnología.
