En medio de una gran polémica jurídica y política, el pasado 6 de noviembre entró en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (Ley de Remuneraciones), que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la república.
El Congreso de la Unión, controlado por Morena, hizo cambios constitucionales a los artículos 75 y 127 para regular las remuneraciones que perciben todos los funcionarios públicos de los tres poderes de la nación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de todos los órganos autónomos.
Además, los legisladores blindaron esta ley para que ningún funcionario público le dé la vuelta, ya sea al recibir dinero de más o a ayudar administrativamente a que alguien cobre más, al establecer el delito de pago indebido de remuneraciones, que contempla hasta 14 años de cárcel.
Aun cuando especialistas en materia jurídica destacan el espíritu de la ley, resaltan que esta reforma cae en la inconstitucionalidad, al menos todo lo que se refiere a la reducción de salarios al Poder Judicial, al contraponerse al artículo 94 de la Constitución Política, que no fue modificado, y que establece: “la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Ministros de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrado Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.
Aseguran que esta ley de remuneraciones representa un retroceso a la autonomía e independencia judicial, y a los logros adquiridos en materia de institucionalidad en el país.
“Es una reforma que tiene un buen espíritu, un recorte al gasto público en materia federal era necesario, sin embargo esta reducción a los salarios de los integrantes del Poder Judicial, específicamente a ministros, magistrados, jueces de distrito, consejeros, etc., viola una norma constitucional establecida en el artículo 94; así como altera el contrapeso que ejerce este poder”, señala Adriana Greaves Muñoz, cofundadora de la asociación civil Tojil —del maya: lo justo o lo correcto— Estrategia contra la impunidad.
Explica que “una democracia tiene tres pies: el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en este caso los dos primeros están en manos del partido Morena, por tanto, el único que representa un contrapeso, que representa otras voces, que tiene la encomienda de defender los derechos de los ciudadanos, es el Poder Judicial que en este momento ve coartada su autonomía y su independencia si se reduce su presupuesto, presupuesto que decide el Ejecutivo”.
En pocas palabras, “quien está dando el dinero en realidad tendrá una agenda o un poder especial sobre las decisiones que tome el Poder Judicial que en teoría su autonomía y su independencia son muy importantes para hacer este contrapeso”, dice.
La abogada egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, afirma desconocer si detrás de esta ley existe una intención política, pero señala que la parte de bajar los gastos vende bien, sobre todo una ventana de la que se han agarrado para promover la iniciativa es la de quitar las pensiones, que nacieron de un decreto presidencial, a los expresidentes.
“A la población se nos hace un absurdo que reciban 300 mil, 218 mil pesos mensuales, por eso tiene una parte de venta muy atractiva”, añade.
Castigo pese a los avances
Adriana Greaves está de acuerdo en que cualquier tipo de recorte o de control de gastos públicos es bienvenido, es favorable, sin embargo, la forma en que se está haciendo es muy cuestionable, pues se está coartando la independencia y la autonomía del Poder Judicial.
Agrega que se tiene que entender que, para hacer una buena labor, los servidores públicos, en este caso todos los que pertenecen al Poder Judicial Federal, deben tener un sentimiento de pertenencia, de seguridad laboral, en su institución.
Por eso, explica “esta parte de reducción de sus salarios de una manera muy desproporcional hace que aparte de no hacer atractivo el trabajar en este sector también hace que el Poder Judicial se pregunte: ¿estamos haciendo algo mal? Es como si se estuviera castigando cuando en realidad en los últimos años ha logrado consolidarse como una de las mejores instituciones”.
En opinión de la maestra en derecho internacional público y derecho comparado, “el Poder Judicial es punta de lanza en protección de derechos humanos, es un poder que hace ese contrapeso. La institucionalidad que maneja, la gente que trabaja dentro de la institución se siente cómoda, independiente, autónoma. Los jueces toman decisiones de manera autónoma en cada caso, no están respondiendo a una agenda política que se determina desde el Ejecutivo”.
Aunque reconoce que aún existen pendientes para mejorar esta institución de impartición de justicia. “Se tiene que seguir trabajando, pero es el poder que más trabaja en crear autonomía, contrapeso, en realmente vigilar los derechos de los usuarios, no se entiende el porqué de esta decisión, por eso se ve como un castigo”, asegura.
Expresa que “si bajan los sueldos de magistrados y jueces impactará también a los de abajo, al personal que conforma el poder, a los secretarios y oficiales que nadie contempla, que son los que en realidad hacen la chamba arrastrando el lápiz. Es un completo retroceso a la independencia judicial y a los grandes logros en materia de institucionalidad que tiene el país”.
El 94 constitucional
La cofundadora de Tojil advierte que “esta Ley de Remuneración no podrá reducir como establece los sueldos de los miembros del Poder Judicial, si no se reforma el artículo 94 de la Constitución, porque en él hay una excepción que dice: los sueldos de ministros, magistrados, jueces de distrito, consejeros del Instituto Nacional Electoral, no podrán reducirse estando en el cargo; en ese sentido, por supuesto que esta ley es inconstitucional”.
Destaca que “ese artículo 94 tiene una razón de ser y es para proteger justamente la autonomía e independencia de la toma de decisión del Poder Judicial, para que no pueda responder a una agenda política, que sea el contrapeso del gobierno que está ahorita en el poder y también del que tomará el poder en diciembre”.
Aclara que “no importa que la Ley de Remuneraciones esté ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, no puede entrar en vigor, porque una ley que es contraria a un artículo constitucional, por jerarquía normativa, no la pueden aplicar, es decir, entra en vigor, pero es inconstitucional, es inaplicable”.
“Este artículo 94 —dice— no se reforma con la expedición de la Ley de Remuneraciones, aunque Morena podría hacer los cambios constitucionales en el momento que lo decida, pues tiene mayoría en el Congreso. Mientras no se modifique no se puede pensar en una estrategia global en defensa de los servidores públicos, aunque quizá ya el Poder Judicial tenga su propia estrategia”, dice.
Presionar a la CNDH
Ante este panorama, Tojil lo que está haciendo es presionar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que interponga una acción de inconstitucionalidad. “Entre sus facultades constitucionales, artículo 105, está la de presentar este recurso, por eso aducimos a que la CNDH utilice esta atribución en defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, porque indirectamente al estar coartando la autonomía del Poder Judicial se afectan los derechos futuros de todos los ciudadanos”, asegura.
Expresa que “todos necesitamos un tercero imparcial que decida si el Ejecutivo, por ejemplo, cuando ejecute o aplique una ley viola un derecho de un ciudadano, necesitamos un tercero imparcial, que dirima el conflicto”.
“Si todos los ciudadanos queremos un Poder Judicial autónomo y libre de decidir, que no responda a una agenda política; si consideramos que aparte de ser violatoria de la Constitución, esta reconoce que se está coartando la parte de su autonomía, nosotros solicitamos a la CNDH que haga ejercicio de sus atribuciones, para eso está, para defender los derechos de los ciudadanos, tiene esa atribución a nivel constitucional, entonces que la ejerza”.
Imer Benjamín Flores/Constitucionalista
Preocupa tanto golpeteo al Poder Judicial
Imer Benjamín Flores Mendoza, constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que “se tiene la percepción de que el gobierno tiene mucho dinero, que les cuesta mucho a los mexicanos a través de sus impuestos, por lo que es necesario reducir gastos para utilizar ese recurso en otras prioridades, en otros temas”.
“La idea —dice— es interesante, pero se tendría que ver si efectivamente hay demasiado derroche y despilfarro en el servicio público y si se puede hacer una racionalización económica. Hay que tener claro que se debe legislar a partir de la evidencia y no en ocurrencia. Tener claro qué sucede en el servicio público y si esta Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Púbicos soluciona el problema”,
Coincide con la maestra Adriana Greaves en el sentido de que esta ley es inconstitucional “al menos para los casos de los consejeros del INE, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienen elementos suficientes para impugnar la constitucionalidad de la ley, tienen razón al buscar ampararse”.
El doctor en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM destaca que se tiene que ser muy cuidadosos al legislar este tipo de leyes que regulan las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y los órganos autónomos, “por una cosa que se llama derechos adquiridos, es relevante, porque en mi opinión esta ley no podrá ser aplicada a los que ya están en funciones, sino a los que lleguen, habrá quien diga que no, pero hay que esperar la resolución de la Suprema Corte”.
Más allá de la ley, lo que le preocupa a Imer B. Flores es “tanto golpeteo al Poder Judicial, si existen nepotismo, irregularidades, hay que denunciarlo, pero siendo muy cuidadosos de los temas. Hay que ver también si esta reducción de salarios no es una forma para ablandar al Poder Judicial para que eventualmente declare constitucionales otras medidas. Están pendientes iniciativas con el Consejo de la Judicatura Federal, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Flores Mendoza reitera que hay “mucha ocurrencia, no hay evidencia que justifique por qué se están tomando todas esas medidas. Habrá que hacer buenos estudios, buenos análisis y poner esa evidencia sobre la mesa para con base en ella trabajar”.
Aunque acepta que también “hay mucho abuso, por ejemplo a veces los propios consejeros del INE, los propios magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los mismos miembros del ayuntamiento o de estos órganos son quienes aprueban sus bonos”.
“Hay que poner un límite de cuánto puede ser un bono, de cada cuándo se podría pagar, hacer una ley hacia delante, muy clara de por qué sí. Hacer una reforma más amplia, integral. Lo único que se hace es legislar en la ocurrencia de bajar los salarios sin entrar en la evidencia de en qué temas y en dónde se tendría que hacer, así como qué es lo que se tiene que revisar”.
Las pensiones de expresidentes
El jurista explica que cuando se pública en el Diario Oficial de la Federación una ley inmediatamente entra en vigor, aunque después se puede reformar nuevamente, quizás eso es parte de lo que los legisladores de Morena quieren, “pues también en esta ley de remuneración está el tema de las pensiones de los expresidentes, que aquí hay un argumento de retroactividad que puede afectar a los expresidentes que ya tienen más tiempo retirados”.
A la hora que entre en vigor esta ley que establece en su artículo 10, que “no se concederá ni cubrirán jubilaciones, pensiones, haberes de retiro sin que estas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, con estas características, queda claro que no procederá la pensión para el presidente Enrique Peña Nieto. Esto es parte de la premura de aprobarla ya, aunque después hagan cambios y una reforma constitucional, para hacer bien los ajustes, pero eventualmente salvaguarda algunos de los problemas”.
En opinión de Imer Benjamín Flores, “se está muy en la coyuntura, si es el caso que lo digan expresamente, se necesitaba aprobar y publicar en el DOF antes de que termine el sexenio de Peña Nieto para que no sea beneficiado con una pensión de por vida. Queda claro que a todos los funcionarios públicos que entren a partir del 1 de diciembre se les aplicará un nuevo tabulador de remuneraciones”.
El constitucionalista expresa que no está convencido de la lógica de que nadie puede ganar más que el presidente de la república, “más que allá de decir esto, porque no necesariamente resuelve el problema, parece que refuerza una lógica presidencialista, cuando tendríamos que pasar a un lógica mucho más institucional, más de las instituciones y no de las personas”.
“Entrar en una etapa de consolidación del Estado de derecho de las reglas del juego y no de que los actores por sus ocurrencias hacen lo que quieren, en ese sentido es un menaje erróneo, equivocado, porque fortalece el presidencialismo, cuando tendríamos que pensar en que los funcionarios de más alto rango tienen que ganar más o menos el mismos salario, o quizá por una cuestión de tabulador, por antigüedad, podrían ir aumentado su salario con base en los años servidos o prestados en ese cargo, esa podría ser una solución al problema”.
Los afectados
La regulación de las remuneraciones de los servidores públicos será en los poderes de la Unión y en todos los entes públicos federales, así como en los órganos autónomos.
- Poder Legislativo Federal
- Poder Judicial de la Federación
- Los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia
- Tribunales administrativos de la federación
- Procuraduría General de la República
- Presidencia de la República
- Dependencias federales
- Organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva afecta directa o indirectamente al presupuesto federal.
Fuente: Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos
