En algún lugar de Palacio Nacional debe estar la oficina de Nicolás Maduro. Su presencia e influencia es evidente. Cada paso que ha venido dando el gobierno de México, desde antes del 1 de diciembre, es para reproducir los dictados del “catecismo chavista”.

No se trata de cambiar el viejo sistema corrupto y anquilosado por otro sustentado en la honestidad y el Estado de derecho. El verdadero objetivo, oculto y disimulado en una retórica de protección a las mayorías, es instaurar un régimen autocrático.

Más allá de la disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por la disminución de los salarios a jueces y magistrados, está la intención de cumplir con el primer mandato del “catecismo”: someter el Poder Judicial.

Desprestigiar, debilitar y finalmente aniquilar el Poder Judicial es clave en un proyecto que apunta a tener el control político absoluto.

Por eso, el primer paso fue achicarlo en lo económico. Imponer, sin acuerdo o negociación de por medio —utilizando la mayoría que tiene Morena en el Congreso— la reducción de las remuneraciones a los juzgadores.

La etapa dos se ha venido aplicando conjuntamente con la primera: degradar el prestigio y la confianza social en el Poder Judicial. El presidente de la república ha acusado públicamente a jueces y magistrados de recibir salarios exagerados que ofenden a los más pobres.

Es decir, los ha colocado como causantes y enemigos de la pobreza que sufren millones de mexicanos. Si la intención no fuera socavar la credibilidad en la Corte, el procedimiento político para lograr reducir los beneficios económicos que reciben sus integrantes hubiera sido otro.

Paralelamente a la satanización pública en contra del Poder Judicial, se anuncia que se llevará a cabo una manifestación, aparentemente espontánea y supuestamente ciudadana, con disfraz de “fiesta cultural” para, a través del canto y la poesía, denostar a los ministros.

¿Qué sigue? De acuerdo con la biblia chavista, lo que procede es llevar a cabo una purga de jueces. Por ello, no es casual que el senador Félix Salgado Macedonio haya dicho que debían ser sustituidos los ministros que se nieguen a bajar sus sueldos.

Obviamente, el nuevo gobierno puede recurrir a distintos argumentos para destituir a todo aquel juez, magistrado o ministro que le estorbe. La Ley de la Fiscalía General, recientemente aprobada, va a permitir al Ejecutivo federal que un fiscal sometido a su voluntad lleve a la cárcel a quien represente una amenaza política.

¿Qué más? Que detrás de los 600 mil pesos existe el interés de sustituir la Corte por un Tribunal Constitucional, igual que lo hizo Hugo Chávez.

¿Fantasía? No, no lo es. Vea usted, lector. Una de las primeras decisiones que tomó la Asamblea Nacional Constituyente, elegida para elaborar una nueva Constitución en Venezuela, fue aprobar una iniciativa para reorganizar el Poder Judicial. Esta reorganización consistió en evaluar el desempeño de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia venezolana y fueron llevados a proceso más de 300 jueces acusados lo mismo de corrupción que de torcer la ley.

Después de desmantelar el Poder Judicial original, se procedió a nombrar a ministros y jueces que estuvieran dispuestos a acatar lo que el presidente de la república ordenara y el Congreso aprobara.

Lo que hoy vemos en México no es más que la reedición de una “hoja de ruta” para desaparecer la división de poderes y “constitucionalizar” un régimen totalitario.

Con el pretexto de la austeridad republicana, la mirada también está puesta en la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal Electoral). Acusados, ambos, de ser instancias onerosas, controladas por los adversarios del actual régimen y de ser poco o nada útiles a la democracia.

Si el INE y el Tribunal Electoral son absorbidos —de acuerdo con el plan morenista— por un Tribunal Constitucional que estaría bajo las órdenes del presidente de la república, como actualmente sucede en Venezuela y Bolivia, entonces, podemos anunciar, desde hoy, la muerte de la democracia en México.