El presupuesto público es reflejo fiel del grado de compromiso con los objetivos y las metas nacionales. Es el instrumento donde se apuntalan estrategias y definen prioridades, de acuerdo con una concepción de país y a las vías elegidas para su desarrollo.
En este momento, existe una discusión profunda en torno a decisiones muy importantes: La reducción de salarios de los altos funcionarios y el incremento para trabajadores al servicio del Estado con menores ingresos. También se anunció el aumento al salario mínimo. Es el entorno en que llega el primer proyecto presupuestal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La incorporación de más de 2 millones de jóvenes al mundo laboral. La inserción productiva de comunidades enteras bajo el programa Sembrando Vida, que generará 400 mil empleos.
Un enfoque progresista llevaría a preguntarnos si el proyecto permite avanzar en el ejercicio de derechos plasmados en la Constitución y si contribuye en la realización del principio de una más justa distribución del ingreso y de la riqueza nacional, que por cierto desapareció en las décadas de gobierno neoliberal.
Quienes critican el proyecto del Ejecutivo exigen continuidad de programas fragmentados, asistencialistas, con muy pobres resultados.
En realidad, observamos la adopción de nuevos paradigmas, como la reconstrucción de un vínculo indisoluble entre lo económico y lo social. A las medidas salariales comentadas, la reactivación de economías locales y el combate a la desigualdad regional con proyectos de desarrollo.
Se trata en realidad de una reconstrucción del Estado de bienestar, con una perspectiva que corrige errores del pasado por cuanto aplica una marcada disciplina fiscal y presupuestaria, pero también rescata el valor del trabajo, de la productividad y la cohesión social como forma de romper lógicas de dependencia y asistencialismo. Se plantea dignificar a las personas, para lo cual se generan condiciones de inclusión: derechos al trabajo, la educación, la alimentación, la vivienda, la salud y la seguridad social.
En esas coordenadas se ubican los programas prioritarios: Jóvenes Construyendo el Futuro, al que se plantea destinar 43 mil 269 millones de pesos, que tiene un componente de trabajo y otro educativo, para incluir a 2 millones 600 mil jóvenes; Sembrando Vida, más 499 mil millones, se propone crear 400 mil empleos; Construcción de 100 universidades, mil millones de pesos; Beca Universal para estudiantes de la Universidad Benito Juárez, 17,280 millones pesos; Becas para niños y jóvenes de escuelas públicas, 2,203 millones; Programa Nacional de Reconstrucción, 8 mil millones de pesos; desarrollo urbano en colonias marginadas, 589 mil millones de pesos.
Los derechos son la esencia del Estado de bienestar y la base para una sociedad más justa, donde los adultos mayores tienen derecho a una pensión no contributiva, sin condicionamiento ni discriminación. En este rubro serían destinados 100 mil millones de pesos. A las personas con discapacidad se les reconoce su dignidad y una condición de desventaja, que amerita ser atenuada. En este objetivo, se proyectan casi 3 mil millones de pesos.
Es necesario robustecer rubros imprescindibles de la agenda nacional: igualdad de género; universidades públicas, entre ellas UNAM, UAM e IPN, cultura, fomento a la economía social y medio ambiente.
El presupuesto a distribuir es insuficiente, si se toman en cuenta los desafíos que enfrentamos y la camisa de fuerza que implican los compromisos y el peso de la deuda. No obstante, marca el inicio de un cambio de rumbo en las prioridades, el anuncio de un retorno de lo social, y un reencuentro con una vocación por la igualdad y la justicia social que había permanecido abandonada. Anuncia la reconstrucción del Estado de bienestar en nuestro país.
@ErnestoP_c
