El combate al robo del combustible puso de relieve la acumulada corrupción y el desmantelamiento que los gobiernos neoliberales permitieron en entidades como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad dentro de un esquema de privatización que culminó con la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

El huachicoleo a ras de piso y el de “cuello blanco” no surgieron por generación espontánea sino como consecuencia de un plan fraguado desde el sexenio de Carlos Salinas, con el fin de ceder a la iniciativa privada áreas estratégicas de la economía y soberanía nacionales como las telecomunicaciones, las minas, los energéticos, ferrocarriles y carreteras, antes en poder del Estado y rematadas a precios de ganga.

Más de mil empresas públicas, muchas de alta rentabilidad como Teléfonos de México, las siderúrgicas y los bancos, fueron privatizadas en la más absoluta opacidad y entregadas a prestanombres y grupos de poder económico ligados a los políticos en turno, olvidando la función social para que la fueron creadas en beneficio del pueblo de México.

Por muchos años Pemex fue la empresa que mantuvo a flote, vía las divisas petroleras, las finanzas de gobiernos neoliberales incapaces de fomentar un verdadero crecimiento económico; desde que la tecnocracia neoliberal llegó al poder en el sexenio de Miguel de la Madrid, el país creció entre 2 y 3 por ciento anual, mientras que el nivel de vida de millones de mexicanos se deterioró por los bajos salarios.

El huachicoleo a ras de piso y el de “cuello blanco” no surgieron por generación espontánea sino como consecuencia de un plan fraguado desde el sexenio de Carlos Salinas.

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Pemex fue atomizado en cuatro subsidiarias relegando áreas vitales para el desarrollo de todo país, como la petroquímica y la refinación, colocando a México en el callejón sin salida en que se encuentra al depender del exterior para complementar su consumo de gasolinas. Algo similar ocurrió con el sector eléctrico al permitirse a trasnacionales la generación de electricidad. En los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, obtuvieron más de 700 permisos de generación hasta desplazar en un segundo término a la CFE y extinguir Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

El objetivo nunca fue hacer más eficientes estas entidades públicas sino convertirlas en un cuerno de la abundancia de jugosos contratos para socios y amigos de los gobiernos tanto panistas como priistas, pues, como se ha documentado, el robo de combustible y los desventajosos contratos pactados por CFE con trasnacionales para la compra de su energía, tomaron forma desde el gobierno de Vicente Fox hasta culminar con un saqueo impune de recursos en la administración de Peña Nieto.

La lista de responsables de este quebranto y acumulada corrupción que terminó en nupcias con el crimen organizado es larga, y los mexicanos están en su derecho de pedir al nuevo gobierno que se investigue a secretarios de Energía y funcionarios del sector energético de los últimos sexenios como Ernesto Martens, Fernando Canales, Georgina Kessel, a extitulares de CFE como Alfredo Elías Ayub y Enrique Ochoa y exdirectores de LyFC , entre ellos, Jorge Gutiérrez Vera y, por supuesto, a exdirectores de Pemex como Raúl Muñoz, Luis Ramírez, Jesús Reyes-Heroles, Juan José Suárez Coppel, sin faltar el personaje central del escándalo de Odebrecht, Emilio Lozoya Austin. Culpables de enriquecimiento ilícito y del saqueo al patrimonio nacional. En síntesis: una traición a la patria.