El arribo al gobierno y al Congreso de una mayoría política de izquierda representa una oportunidad inmejorable para la adopción de nuevos paradigmas en las esferas económica, social y política. Es ocasión histórica para repensar e incluso para replantear los paradigmas. Un cambio obligado a partir del mandato ciudadano del primero de julio, es la reformulación del modelo de desarrollo y de gestión de lo económico, que, en las últimas décadas, estuvo centrado en el individualismo, que propició la concentración de la riqueza y ahondó las desigualdades en el país.

La economía social y solidaria está llamada a ocupar un lugar central en la nueva etapa histórica. Entendemos por esta, una forma de producción, consumo y distribución de la riqueza que antepone al ser humano y no el capital. Se sustenta en prácticas asociativas y cooperativas, está fundada en prácticas democráticas y en valores de solidaridad, ayuda mutua, equidad, honestidad, igualdad, justicia, autogestión y sobre todo de confianza. Predomina el interés colectivo y no el individual.

Nuestra Constitución reconoce la enorme relevancia del sector social de la economía en el desarrollo nacional, pero no ha existido, desde el cardenismo, ninguna política de Estado que promueva, aliente y apueste por dicho sector. Por el contrario, en las últimas décadas, el modelo económico fue pensado y adecuado en función de los intereses de los grandes oligopolios.

 

Debemos generar condiciones de una economía incluyente, un desarrollo sostenible.

 

La construcción del nuevo modelo de desarrollo, en curso, comienza por rescatar lo colectivo, donde están los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las sociedades cooperativas, las comunidades, las empresas que pertenecen mayoritariamente a los trabajadores y todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La economía social es una herramienta invaluable para superar la visión paternalista, del individualismo y la atención clientelar de las necesidades humanas y sociales. También, puede representar un instrumento poderoso para la realización de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Cabe resaltar que en México tenemos empresas del sector con experiencias muy exitosas en materia de consumo solidario, producción con sustentabilidad, que han ayudado mucho a la reactivación económica local, la reconstrucción del tejido social, la dignificación de las mujeres y rescate de las tradiciones en pueblos originarios, donde los socios son amas de casa, campesinos, jornaleros, choferes, albañiles, carpinteros, prestadores de servicios turísticos, maestros y comerciantes.

Este modelo, complementado con el rescate de las obligaciones sociales del Estado, permitiría romper el ciclo de la pobreza que se ha transmitido de generación en generación.

En el movimiento que hoy encabeza las instituciones de gobierno, se encuentra el carácter popular y progresista y un objetivo superior, que es construir una sociedad más justa, que reivindica su autonomía y su libertad.

Entre los retos, debemos generar condiciones de una economía incluyente, un desarrollo sostenible, donde las y los ciudadanos definan, organicen y constituyan alternativas económicas desde lo local, donde se resignifique el valor de lo social, de lo colectivo, del trabajo, en clave solidaria.

La cuarta transformación debe comprenderse como un proceso amplio y profundo, que coloca en el centro a la persona y su dignidad, que nos involucra a todas y todos, en el entendido de que otra economía es posible.

@ErnestoP_c