El pasado 11 de marzo se cumplieron los primeros cien días del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Un tiempo corto que difícilmente permite evaluar el impacto de políticas públicas. Sin embargo, es un periodo suficiente para advertir el camino por el cual se enfila el proceso de transformación del país.
Según encuestas publicadas por distintos medios, podemos decir que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban la gestión del presidente. Un porcentaje muy alto, que refleja el ánimo de esperanza y de confianza de una mayoría que optó por una nueva forma de gobernar y por un programa que sitúa en el centro el bienestar y la dignidad de las personas. Esa mayoría hoy alcanza a percibir la correspondencia entre lo ofrecido en campaña y el actuar del gobierno.
López Obrador hizo suyas demandas que siempre fueron ignoradas por la clase política tradicional, aquella que siempre rehusó perder los privilegios, combatir en serio la corrupción y emprender un camino distinto. Hoy, la inversión pública, las medidas económicas y los programas sociales delinean un esfuerzo importante del Estado por construir una realidad distinta a la de la exclusión, la desigualdad y el abandono.
El combate al huachicol ha sido una de las batallas más importantes que aún se libran desde el gobierno, donde se ha mostrado, con toda su complejidad y crudeza, el grado de descomposición del viejo régimen y el saqueo económico a la nación al amparo del poder público. Se trata de una decisión firme por combatir la corrupción, al mismo tiempo, avanzar en un rescate del sector energético como palanca de desarrollo del país, por hacer de Pemex una empresa productiva, que arroje utilidades.
Se ha avanzado en la configuración de una política de austeridad republicana. El país cuenta con una nueva ley, que impedirá repetir la historia tan acusada de tener gobierno rico, con un pueblo pobre; que evitará seguir financiando con dinero público la vida privada de los expresidentes y acabar con excesos y privilegios que habían acumulado funcionarios de alto nivel. En acuerdo con el sector empresarial, se delinea una política de Estado para la recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario de las trabajadoras y los trabajadores; un impulso al empleo y a la redistribución más justa del ingreso, con manejo responsable de la macroeconomía y sin aumentar los impuestos.
La austeridad se inscribe en una nueva forma de ejercer el servicio público, que recupera los principios de honradez, ética, responsabilidad, transparencia, eficacia y eficiencia. Un gobierno que rescata lo mejor de la historia de México, los pasajes y personajes de las grandes luchas por soberanía, democracia, igualdad y justicia social.
Se han establecido bases muy importantes para honrar el compromiso con la pacificación del país, la seguridad ciudadana y la justicia. Hoy conocemos a detalle una estrategia integral, donde se enfrentan las causas profundas de la violencia y no solo sus efectos. Existe una nueva secretaría del ramo, una fiscalía autónoma y una nueva institución policial, que será la Guardia Nacional.
El presupuesto y los programas públicos adoptan criterios de universalidad e inclusión productiva, con énfasis especial en grupos tradicionalmente excluidos, adultos mayores, las y los jóvenes, personas con discapacidad. Se han emprendido acciones para rescatar al campo y recuperar los conceptos de seguridad y autosuficiencia alimentaria. Está en curso la construcción de una verdadera reforma educativa del país y ampliar mecanismos para profundizar la democracia. La complejidad social y los retos a enfrentar son enormes, pero hay un rumbo claro, consistencia en los principios y en los compromisos, muchos aprendizajes de estos primeros cien días, que son de esperanza y de confianza.
@ErnestoP_c