En días pasados recibimos en México a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Esta visita es de suma importancia por el momento que vive nuestro país en materia de derechos humanos.
La expresidenta Bachelet ha reconocido que en el arranque del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador se han emprendido acciones muy importantes para conocer la verdad, reparar los daños y garantizar la no repetición. Es el caso del establecimiento de la Comisión para la verdad de Ayotzinapa y de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Resalta en la gira la firma de un acuerdo para brindar asesoría tanto en el proceso de construcción de las leyes secundarias como en la formación y operación de la Guardia Nacional. Esta nueva institución policial es parte de la estrategia para la paz y la seguridad que tiene como principal componente la atención de las causas profundas de la violencia, es decir, el combate de la desigualdad, la exclusión y la pobreza. Una Guardia Nacional que, vale la pena resaltar, surge a partir de un consenso en el Congreso de la Unión, con la aprobación de la totalidad de las legislaturas estatales.
La Alta Comisionada de la ONU ha resaltado diversas medidas que deberían tomarse en cuenta para la conformación del nuevo cuerpo policial, a saber, el fortalecimiento de las otras corporaciones policiales, su profesionalización y dignificación; la dotación de suficiencia presupuestal y la mejora en el proceso de selección, capacitación y evaluación.
Esos y otros aspectos han sido recogidos en la reforma constitucional. Además existirá, por primera vez en el país, una ley que regule el uso legítimo de la fuerza y una ley del registro nacional de detenciones, ambas, derivadas de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
La Guardia Nacional debe permitirnos enfrentar situaciones de violencia e inseguridad en un marco de respeto a los derechos. Una vez que se consolide, debe dar paso al regreso de las fuerzas armadas a sus deberes constitucionales. Entre tanto, se dispone que el presidente pueda apoyarse en ellas pero de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Coincidimos plenamente con Bachelet en la convicción de que, sin respeto a los derechos humanos no se logrará la seguridad.
Implicaron enormes afrentas a los derechos humanos las políticas neoliberales que empobrecieron a millones, la corrupción, la impunidad, el autoritarismo y la represión desplegada en gobiernos anteriores.
La construcción de una paz duradera, implica avanzar en la disminución de las desigualdades, en generar condiciones para la inclusión y el bienestar social, en el ejercicio pleno de derechos económicos, sociales, culturales y civiles y en la reconstrucción del tejido social.
Hoy debemos reconocer la crisis de derechos humanos. Hay antecedentes claros de violaciones por fuerzas del Estado. También implicaron enormes afrentas para los derechos humanos las políticas neoliberales que empobrecieron a millones, la corrupción, la impunidad, el autoritarismo y la represión desplegada en gobiernos anteriores.
Debemos considerar que existe un gobierno con enorme legitimidad y vocación democrática, que está resuelto a enfrentar la crisis combatiendo las causas profundas que la generaron. Esta labor involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los organismos nacionales e internacionales, a estados , municipios, y a la sociedad en su conjunto. Hoy es imprescindible gobernar y legislar con perspectiva de derechos, en el caso de la Guardia Nacional y en general, en todas las políticas del Estado.
@ErnestoP_c