Dice Alicia Bárcena que es imprescindible reconocer los derechos de las mujeres y la igualdad como elementos centrales y transversales de toda acción del Estado para fortalecer la democracia y para un desarrollo inclusivo y sostenible. Traigo esto como correlato porque una de las injusticias laborales más grandes en México es la que viven las personas dedicadas al trabajado remunerado del hogar.
Horarios que rebasan las 8 horas, salarios precarios, informalidad laboral, abusos, discriminación, ausencia de seguridad social y hasta violencia, son las condiciones en que se ejerce el trabajo doméstico por las mujeres, a quienes indebidamente, las sociedades sexistas les sigue atribuyendo dicha labor.
Venimos de un largo periodo neoliberal, donde se acentuaron las desigualdades sociales y de género, donde se originó un mundo laboral profundamente injusto e inequitativo, que ha desvalorado el trabajo y al ser humano, y esta realidad a quien más afecta es a las mujeres.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina existen al menos 17 millones de trabajadoras del hogar. En México, afirma que son 2.4 millones, de las cuales el 94% son mujeres, que se desempeñan en este ámbito.
El trabajo doméstico es crucial en los hogares y en la sociedad, aunque ha permanecido invisible por mucho tiempo a los ojos del Estado.
Hablamos de mujeres que, con su labor ardua, permiten a hombres y mujeres realizar actividades productivas, sociales y recreativas. El trabajo doméstico y de cuidados es primordial en la satisfacción de necesidades básicas y genera bienestar a los miembros del hogar, quienes, gracias a dichas labores, pueden ejercer sus tareas económicas y sociales.
Por ello, la reforma aprobada en días recientes por el Congreso, tiene entre otras ventajas, el hacer visible lo invisible. El trabajo doméstico, que debe ser plenamente valorado, y los derechos laborales que deben ser reconocidos y protegidos.
Las reformas, contempladas en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, apuntan hacia la dignificación del trabajo doméstico, y con ello, se da cumplimiento a una deuda histórica de este sector de la sociedad. Esta reforma rinde homenaje a quienes han dado una larga batalla por el reconocimiento de estos derechos, como es el caso de la activista Marcelina Bautista.
Entre los cambios previstos, destaca que las trabajadoras del hogar tendrán acceso a la seguridad social y cuenten con prestaciones que derivan de ella, y que son fundamentales para una existencia digna. Es el caso del acceso a la atención de la salud, aguinaldo, vacaciones, salario adecuado y con un tope mínimo, que evite su precarización.
Las modificaciones deberán verse reflejadas en la afiliación de las trabajadoras al Instituto Mexicano del Seguro Social y ese será un compromiso que debe involucra a familias, patrones y Estado.
Por cierto, son muy importantes los esfuerzos que, previo a la aprobación de estas reformas, ha impulsado el Instituto Mexicano del Seguro Social al lanzar el primer programa piloto de incorporación de las personas trabajadoras del hogar.
Estas y otras acciones, junto con los avances legislativos, allanan el camino hacia un país y una sociedad más igualitarios, con derechos plenos para las mujeres.
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