Entrevista a Martha Tagle, diputada MC

La publicación en el Diario Oficial de la ley de extinción de dominio tal como quedó  –y que en lo particular fue aprobada por la mayoría– resulta por decir lo menos preocupante para propios y extraños, por lo que legisladores presentarán una nueva iniciativa para reformarla, además de que se prevén acciones de inconstitucionalidad ante la Corte y una lluvia de amparos, que incluso podrían poner en riesgo la operación de la reforma que busca cortar los recursos que financian a la delincuencia organizada.

Las reformas aprobadas establecen que el Estado puede decomisar bienes relacionados con corrupción, huachicol y delincuencia organizada y cuyos recursos obtenidos, serán usados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado –como lo denominó el presidente López Obrador, aunque no existe– y financiar los programas que más le interesan, esto es la refinería Dos Bocas y sus programas clientelares.

Aunque la extinción de dominio existe desde 2008, en entrevista con Siempre!, la legisladora por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, destaca que cuando se discutió la iniciativa en la Cámara de Diputados estuvieron de acuerdo –en lo general– en aprobarla porque es una herramienta necesaria para combatir la delincuencia organizada a través de la enajenación e incautación de propiedades, bienes inmuebles o las cuentas que manejan.

Recuerda que desde 2008 ya se contaba con este instrumento pero no era lo suficientemente eficaz y ahora con la nueva reforma, es el Ministerio Público quien ejercita la extinción de dominio en un procedimiento jurisdiccional civil y no penal, lo que agiliza el procedimiento y puede provocar actos arbitrarios en contra de ciudadanos que no se puedan defender legalmente.

Destaca que durante la discusión se presentaron reservas que no fueron atendidas por la mayoría en un proceso legislativo, ya que no se analizaron las diversas aristas legales en una visión integral, por lo que promoverán una nueva iniciativa de reformas que recoja todas estas observaciones que los legisladores de oposición hicieron y que fueron ignoradas.

Tagle señala que se ha creado un grupo de trabajo donde trabajan diputados de varios partidos incluso de Morena para presentar a la brevedad una iniciativa que prospere y que en lo inmediato se discuta en la Cámara de Diputados.

 

Principales problemas ley

Señala que  uno de los principales problemas y que contraviene al artículo 14 constitucional es respecto a la propiedad privada, ya que deja abiertos flancos en el sentido de que las personas que actúan de buena fe –figura que está en la legislación–, puedan haber sido engañados y que su propiedad se utilice para un destino ilícito y donde el propietario, tendrá que comprobar que esa propiedad o bien inmueble no procede de una actuación de carácter delincuencial. Ahora, apunta, “gente de la delincuencia tendrá muchos mecanismos para defenderse legalmente ante los jueces civiles, ya que podrá contratar abogados, lo que una persona con menos recursos difícilmente podrá hacer, además de que se corre el riesgo que con la figura de la venta anticipada, se pierde la propiedad que puede ser vendida o subastada por el gobierno y aunque después logre demostrar que esa propiedad no tiene que ver con el hecho imputado, se le regresará la parte monetaria por la cual haya sido subastada”.

Es fundamental, apuntó, generar mecanismos legales para que eso no suceda pero que tampoco se le quite la fuerza a esta figura, además de que es un tema pendiente en la Cámara, discutir los mecanismos en su conjunto y no solo ver pequeñas partes del sistema ya que no permite ver el problema en su conjunto, donde lo mismo está corrupción, narcotráfico pero también robo de hidrocarburos e incluso acotar delitos y no dañar a terceras personas.

 

 

Ley hecha a modo

Preocupa la venta anticipada de bienes, asevera la legisladora de Movimiento Ciudadano, porque aunque no haya una sentencia por parte del juez, y que esos bienes podrían ser recuperados por la persona a la que se le enajenaron, después el Estado los tiene que devolver, por lo que habría que tenerse una administración separada y dejar muy claro cuando se puede hacer una veta anticipada.

“Otra cosa que inquieta, es lo que el presidente le llama el Instituto para Devolver lo Robado que no existe como tal y sí el Instituto para la Administración y Enajenación de Bienes Incautados, que operaría estos recursos, vía un gabinete social que preside el presidente y la secretaría ejecutiva es la secretaría de Bienestar. La ley especifica que los recursos serán orientados a obras de inversión del estado de manera prioritaria y los programas sociales prioritarios.

“Es una ley hecha a modo como muchas otras, porque queda claro cuál es el objetivo, quieren que los recursos se dirijan a financiar las obras de inversión pública importantes para la administración como la refinería Dos Bocas y programas sociales insignia, como serían los jóvenes, personas con discapacidad y aquellos más clientelares que de desarrollo social. No se hace como en otros países, donde el destino de los recursos que se recuperan por esta vía se dirigen a atender los orígenes del problema como atender la prevención del delito ni tampoco se genera un fondo de reparación de daño”.

Señala que hay muchas víctimas de la delincuencia organizada, de la trata, del secuestro, del narcotráfico, de la desaparición forzada a las que hay que repararles el daño, así como medidas económicas generar otro tipo de políticas públicas para evitar los sucesos que dieron origen a la victimización de estas personas. Asevera que el gabinete social está “pintado” para que esta administración tenga recursos para sus programas sin que tengan que pasar por la Cámara de Diputados, ya que cuando se habla de invertir en obras públicas, es una facultad que pasa necesariamente por la Cámara de Diputados y donde pasaron de largo.

 

Acciones de Inconstitucionalidad y Amparos          

Hay otras vías que los partidos, señala, que se analizan como promover una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para sea ésta la que revise la constitucionalidad de la reforma, aunque reconoce es un camino muy largo. La iniciativa de reforma puede ser más rápida pero tomando en cuenta una vía la acción de inconstitucionalidad. La otra es por supuesto, los amparos que creo vamos a ver mucho ya que muchas personas antes de entrar en vigor esta ley, buscarán ampararse y creo que los jueces les concederán los amparos porque hay motivos para poder hacerlo.

Ahora, “preocupa que los amparos, puedan dejar inactiva una herramienta poderosa para el Estado, que se necesita que funcione y que de manera innecesaria se detenga vía amparos, por no atender de manera adecuada las observaciones legítimas que se han hecho”.

Advierte que si no hay modificaciones, se pondría en riesgo la operación de la propia reforma, por los amparos. Incluso también argumentamos sobre los transitorios de la entrada en vigor de los jueces que estarían a cargo de atender el tema de los procedimientos civiles en la materia, porque dice que el Consejo de la Judicatura que se contará con 6 meses para tener personal capacitado y eso es imposible. Al sistema de justicia penal acusatorio no le alcanzaron 10 años y hoy en día, los juzgados cívicos tienen mucha carga de trabajo para pretender que en 6 meses puedan contar con herramientas para atender los procesos en materia de extinción de dominio y sin que haya recursos”.