La esperanza de esclarecer lo ocurrido en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, se diluye como las montañas desertificadas de la entidad cuando las lluvias torrenciales se precipitan.

El viento que las acompañas azota y el recuerdo resiste en la memoria. El agravio permanece, como si esas esperanzas diluidas fueran el fertilizante que le hace reflorecer.

La liberación de Gildardo López Astudilllo El Gil, fue considerado entre los principales actores políticos de la entidad como un torrente de agua que siembra la impunidad sobre lo ocurrido aquella noche desde la que se ignora el paradero de 43 estudiantes de la escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El Gil sí era un sujeto clave en Guerreros Unidos, él sabe perfectamente qué pasó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014”, expresó con desazón Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos y agregó “la liberación de esta persona borra del mapa mucha información sobre el paradero de los 43 pues existe Información nodal que ellos poseen no sólo sobre este caso sino sobre toda la red delincuencial que operaba y sigue operando en Iguala, Guerrero, y en Morelos, donde además están inmiscuidos policías de distintas instituciones, alcaldes y diversas autoridades”.

“Había una oportunidad para hacer una radiografía de todo esto y se desaprovechó. Y eso, hay que decirlo, es culpa de la administración pasada pero también de la nueva administración que tuvo la oportunidad y el tiempo suficiente para incorporar nuevos elementos y pruebas en contra de López Astudillo, en cambio, y este es sólo un ejemplo, se prefirió retardar meses el nombramiento del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, desaprovechando tiempo valioso que pudo haber servido para reforzar los elementos de la investigación en curso”, insistió.

Rosales Sierra recordó que desde junio de 2018 ya veía que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas –apuntaba a su liberación por considerar ilícitas las pruebas en su contra.

Hay instituciones que “no caminan en parejo con la voluntad de solucionar el caso de los 43, aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su voluntad expresa de que se haga todo lo necesario para que el caso se resuelva, ellos simplemente hacen como que las virgen les habla”, sostuvo el abogado de los padres de los 43.

Con amargura reflejada en las palabras Melitón Ortega, papá de Mauricio Ortega, la palabra al presidente de qué habrá cero impunidad en el país pero asegura, “vemos una lentitud a pesar de que se ha formado la comisión y tenemos toda la estructura de los organismos internacionales, vemos una resistencia en avanzar en este sentido, por ejemplo con la Sedena, la Policía Federal, la Marina, incluso la propia estructura de la Fiscalía General (de la República) donde incluso hay gente que participó de manera directa en la investigación anterior”.

Todo esto que ha pasado, apunta, es consecuencia de que no se hizo una investigación adecuada, seria, sino que fue “bajo tintes políticos, eso muestra que fue una simulación en la administración anterior, sobre los detenidos, sobre el caso Ayotzinapa” dijo y pidió que se investigue y castigue a Tomás Zerón y Jesús Murillo que fueron los responsables de armar la carpeta de la investigación.

De acuerdo con algunas investigaciones del caso, desde el 2015 el gobierno de México solicitó a la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), información referente a los carteles de Guerreros Unidos y Los Rojos, además de confrontación que entre ellos se venía realizando. Fue hasta noviembre del 2017 cuando ese paquete de información se entregó a las autoridades mexicanas.

En la documentación entregada, la DEA afirma que mantuvo interceptados por lo menos once números telefónicos del Cártel de Guerreros Unidos y a partir de las escuchas de las llamadas efectuadas entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 se puede inferir que los capos decidieron y planificaron, unas horas después, responsabilizar al gobierno estatal y a la Policía Federal de lo que había sucedido.

Las llamadas monitoreadas ocurrieron durante casi nueve horas, entre las 19:44 horas del 26 de septiembre y 04:16 horas del día siguiente. En ellas no hay señalamiento explicito que permita concluir que, como lo afirmó la hipótesis de la entonces PGR, los estudiantes normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.

Posterior a ese lapso, si hay referencias sobre lo ocurrido e incluso órdenes concretas de qué hacer para que la responsabilidad recayera en las autoridades gubernamentales

Algunas de esas instrucciones fueron dictadas por alguien a quien se identificó como Adán Zenen bajo el alias de El Silver. También se atribuyen voces su hermano José Ángel Casarrubias Salgado y a El Gil.

También se precisó la participación del grupo parapoliciaco Los Bélicos, fundado por Abraham Alemán García, alias El 48, y financiado por los propios Guerreros Unidos.

Las transcripciones de las llamadas revelan intentos por establecer un manejo de crisis pero el tono y la naturaleza de las instrucciones les hizo ver más como una autoridad que un grupo criminal.

DE acuerdo con la versión de la PGR El Gil habría informado a Sidronio Casarrubias, entonces jefe máximo de Guerreros Unidos, de un conflicto armado en Iguala con presuntos miembros de la banda delictiva Los Rojos en contra de la policía municipal, a cargo de Felipe Flores. Las autoridades federales sostuvieron que, tras ser secuestrados, los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula.

En otro momento se indicó que en apoyo a las fuerzas municipales, Casarrubias habría ordenado la desaparición de los estudiantes con ayuda de la policía municipal de Iguala.

El derrumbe de la verdad histórica, levantada durante el periodo en que Jesús Murillo Karam, estuvo al frente de la Procuraduría General de la República, comenzó a erosionarse desde el penúltimo año de la administración de Enrique Peña Nieto.

Hoy existe un contexto en el que la politización del caso favoreció al hoy presidente de México e inició la drástica caída de la popularidad de Enrique Peña Nieto.

A unos días de que se cumplan cinco años de aquellos hechos, el Movimiento de Regeneración Nacional vive una lucha intestina por el poder. Hay un sector radical, intransigente y rudo que está buscando la perpetuación del poder.

En este contexto, la resistencia por la defensa del caso de los 43 podría regresar a escenarios de movilizaciones violentas y crisis de gobernabilidad por lo menos en Guerrero.