A lo largo de los primeros 10 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en repetidas ocasiones se anunció la voluntad de su administración para entregar medios de comunicación electrónicos a las iglesias evangélicas, con el fin que dichas instituciones colaboren a difundir su doctrina moral, y con ello, contribuir a restaurar el tejido social dañado por el avance del neoliberalismo en los últimos sexenios en México.

Para ello, el Poder Ejecutivo interpretó en 2019 la tradición del laicismo mexicano como la obligación del Estado para “garantizar la presencia de todas las creencias y de todas las religiones. Que no exista una religión predominante, una religión del Estado. Y al mismo tiempo, respetar la libertad religiosa, donde cada quien pueda profesar la religión que se acerque a su manera de pensar, como también garantizar la libertad a quienes no tienen creencias, o a los agnósticos, no sólo a los ateos; sino asegurar a todos su libertad. Es fundamental, ser respetuosos, no imponer ninguna religión, ni prohibir ninguna religión”.

Con este fin, se buscó la forma de “facilitar la libre manifestación de las ideas y no prohibir lo que pudiera ayudar en el fortalecimiento de los valores, culturales, morales, espirituales. Si es para moralizar en el sentido amplio y profundo del término hay que dar facilidades. Necesitamos el bienestar material, pero también el bienestar del alma; todo lo que ayude a fortalecer valores debe ser apoyado por el gobierno. El propósito de un buen gobierno es conseguir la felicidad del pueblo. Y la felicidad no se logra sólo acumulando bienes materiales o fama, o títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo”.

Continuando con la aplicación de dicha nueva “filosofía política laica” se reinició en abril de 2019 la entrega de más concesiones de medios de comunicación electrónicos a las iglesias evangélicas, reforzando con ello el fenómeno de la tele iglesia en la República. Dicho fenómeno no solo representará la reinterpretación de la tradición laica del Estado en México, sino también provocará, entre otras, las siguientes ocho consecuencias para la sociedad mexicana:

1.- La política del nuevo gobierno morenista inclinada a entregar medios de difusión a grupos religiosos violentó el histórico “Pacto Social” existente entre la relación Estado e iglesia que se construyó, con un alto precio humano, desde el siglo XIX, dando origen al Estado laico. Dicho acuerdo fue legitimado por la soberanía popular y las instituciones democráticas del país, alejándose de dogmas religiosos o fundamentalistas.

2.- La disposición presidencial de apoyo a las iglesias evangelistas desconoció que el artículo 40° de la Constitución Política Mexicana indica contundentemente que “el pueblo de México decidió constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios” de la Carta Magna. En consecuencia, México es una República laica, con una tradición de laicidad que se debe respetar por encima de cualquier otro interés particular o grupal.

3.- El acceso de fracciones religiosas a los medios de comunicación no solo representará que dichos instrumentos tendrán un uso exclusivamente de carácter piadoso; sino existirá una mezcla, un coctel, un licuado cargado de múltiples motivaciones confesionales, políticas y económicas de grupúsculos, lo cual producirá una atmósfera poco saludable para el equilibrio nacional. El que en la actualidad muchas iglesias ya cuenten con medios de comunicación masivos, es una situación que está al margen de la ley, es una violación al Estado laico, que debe corregirse.

4.- Entregar concesiones de radiodifusión a las iglesias es equivalente a depositar la formación de la conciencia del pueblo de México a estructuras confesionales, lo que significa un gran riesgo, porque no únicamente dichas instituciones se circunscribirán a realizar eventos de capilla, oficiar misa, pregonar su evangelio, o rezar el rosario; sino también les darán un uso político a sus canales de información en base a sus intereses sectarios. Si en realidad México ya es un país muy polarizado por motivos de opciones partidistas, clases sociales, ideologías políticas, niveles económicos, orígenes étnicos; ahora con la participación intensiva de las iglesias en el espectro radioeléctrico también tendremos un país más escindido por enfrentamientos de dogmas de fe, idolatrías mágicas, creencias férreas, fanatismos irracionales, etcétera, que podrán llegara a convertir las calles de la República en espacios de guerra entre religiones que no sería favorable para la urgente paz social que demanda la vida de la nación.

5.- Pensar que las iglesias no buscarán intervenir en la política educativa, como ya lo han hecho en contra de la educación sexual, coartar los derechos de las mujeres y hacia las garantías de la población LGBTTI, etcétera; es olvidar la historia nacional, donde más de un prelado ha justificado la pederastia, la violación y el feminicidio como responsabilidad de las víctimas. Es desconocer también que el “perdón” que pregonan algunos religiosos como medio de reconciliación ha sido rechazado por las familias de las víctimas de violencia.

6.- La autorización formal del gobierno morenista para que las iglesias dirijan sus propios medios de difusión masivos, pretendió, por una parte, que estas instituciones piadosas contribuyeran a respaldar la gobernabilidad, la prevención social y la reconstrucción del tejido social en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano. Sin embargo, por otra parte, esta incursión religiosa en la esfera pública, también abrió la posibilidad a los organismos evangélicos para que participen en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para el diseño del futuro de México. Por ello, es fundamental advertir que involucrar a cualquier Iglesia en las tareas de construcción de políticas públicas, es anticonstitucional y peligroso.

7.- El otorgamiento discrecional de concesiones de radio y televisión por parte del Estado solamente a algunos grupos religiosos privilegiados, especialmente evangélicos, generará un grave desequilibrio democrático, pues por ley y justicia también tendría que otorgarles canales a otros segmentos religiosos. Esto provocará el surgimiento de un gran conflicto de equidad ideológica pues coexisten cerca de 10 mil asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación y al mismo tiempo no existen 10 mil espacios en el espectro radioeléctrico para dotarse a cada fracción religiosa un medio de difusión masivo para garantizar un trato equitativo.

8.- Siendo que hoy día la política y los gobernantes atraviesan por una aguda crisis de representación, decayendo su legitimidad, con muy baja credibilidad; las fracciones evangélicas están dispuestas a aprovechar este nicho de oportunidad política muy importante para ocupar los espacios de vinculación que han abandonado los partidos políticos por su irresponsabilidad e incompetencia. Nos enfrentamos ante organizaciones religiosas que han entendido claramente que existen grandes oportunidades para influir sobre el destino de la vida de la sociedad, no solo en México, sino en muchos otros países.

Por ello, más que valores espirituales, que le competen decidir particularmente a cada individuo y a su irrestricta libertad de culto, el gobierno debe inculcar la formación de principios democráticos que fortalezcan la legalidad, el pluralismo, la tolerancia, la inclusión, la igualdad, la formación ciudadana, el respeto a los derechos de las minorías y la soberanía popular.

En este sentido, es fundamental retomar la esencia de la verdadera cultura de la laicidad que defienda el Estado laico, que rescate la conciencia de lo que significa la separación histórica entre Estado-Iglesia, que luche a favor de la democracia, que proteja las libertades, que revindique los derechos humanos, y que fortalezca la principal garantía que ofrece el trato igualitario a todas las asociaciones religiosas, credos y convicciones. Sin un Estado laico la democracia se encontrará en un riesgo muy severo con la presencia de las tele iglesias en México en el siglo XXI.

Investigador Titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Ciudad de México, México, jesteinou@gmail.com