Ahora, el tsunami de las manifestaciones sociales pegó en las principales ciudades colombianas, desde la capital, Bogotá, donde los manifestantes vandalizaron el transporte público y otros servicios, hasta Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín, y en otras regiones. El jueves 21 de noviembre, sindicatos, estudiantes, ambientalistas y otros grupos sociales salieron a la calle para exigir mejores condiciones de vida, reflejados en el salario mínimo y en la pensión, entre otros beneficios. Fuentes policiacas calcularon en 250 mil personas el número de manifestantes, aunque los organizadores lo hicieron en un millón
El presidente colombiano, Iván Duque, ordenó al día siguiente un toque de queda –el primero desde 1977–, en toda la ciudad de Bogotá desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana del sábado 23. A su vez, el alcalde bogotano, Enrique Peñalosa, informó que la capital era resguardada por casi 20,000 uniformados, entre policías y militares. Se detuvo a más de 300 personas, y centenares de bogotanos burlaron el toque de queda. Un grupo de jóvenes se manifestó con cacerolazos frente a la casa del mandatario. Un coche bomba estalló en las cercanías del cuartel de policía del departamento de Cauca. El balance policiaco informa de tres muertos, 122 civiles heridos y 151 miembros de la fuerza pública lesionados. A lo largo de la jornada se cometieron saqueos en supermercados y amagos de linchamientos. Se paralizó el sistema de transporte público Transmileno, debido a que 76 de sus estaciones fueron destrozadas.
Los disturbios continuaron el fin de semana y el alcalde de Bogotá, Peñalosa, denunció que detrás de la ola de violencia había un complot y “organizaciones de alto nivel” interesadas en “desestabilizar” al país: “Aquí no de trata de unos jóvenes que están llevando a cabo manifestaciones espontáneas”. Duque, por su parte, indicó que la “conversación nacional” que convocó debido a las manifestaciones se iniciaría el domingo 24 con los alcaldes y gobernadores electos en los pasados comicios del mes de octubre y que asumirán sus cargos el próximo mes de enero de 2020.
Las jornadas de fin de semana estuvieron marcadas por la fuerte represión, criticada por varios organismos nacionales e internacionales. Dilan Cruz, un joven de 18 años de edad, sufrió un traumatismo craneoencefálico y se encuentra herido de gravedad tras recibir el impacto de una bala, otros dicen que fue alcanzado por el estallido de una bomba de gas lacrimógeno. Las imágenes del ataque al joven indignaron a todo el país. “Dilan vive, fuerza Dilan”, le gritaban al herido en los alrededores del Hospital San Ignacio de Bogotá. Donde es atendido.
Los ecos de la violencia en Colombia llegaron a la comunidad internacional. La ONU y la Unión Europea reconocieron la disposición del gobierno para entablar un diálogo con los manifestantes. Por su parte, el heredero de Hugo Chávez en Venezuela, Nicolás Maduro Moro, rápidamente reaccionó ante las manifestaciones contra de Iván Duque: “¡Ha despertado Colombia! Le tocó el turno de rebelión de la ciudadanía”. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad en Colombia. Además, el lunes 25, el grupo 25N anunció que las manifestaciones callejeras continuarán en todo el país. El comité de Paro la ha convocado y todas las ciudades ha llamado a salir a las calles.
Cabe decir que la ola de protestas en Colombia es particular, pues los movimientos sociales en la patria de Gabriel García Márquez históricamente han estado eclipsados por el conflicto armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que el anterior presidente Juan Manuel Santos logró apaciguar aunque las secuelas del acuerdo de paz todavía no culminan totalmente.
Las razones del estallido que comenzó el jueves 21 de noviembre son diversas, pero han confluido a la hora de canalizar el descontento con el gobierno de Iván Duque y la exigencia de unas reformas para paliar unas carencias que se arrastran desde hace varios decenios. La política económica de Duque, la oposición al acuerdo de paz o el hartazgo ante la corrupción son otras de las razones.
La amalgama de reclamos sociales es amplia. El parlamentario Mauricio Toro, portavoz de la oposición política, hizo un intento de síntesis del problema: “Salieron a las calles los trabajadores que exigen condiciones laborales y pensionales (sic) realmente equitativas para superar la brecha escandalosa de desigualdad que hay en Colombia… El país grita que el Gobierno no puede seguir impávido ante el asesinato de líderes sociales”. Alzaron su voz indígenas, afrocolombianos y campesinos, así como mujeres, la comunidad LGTBI y el movimiento estudiantil.
De hecho, formalmente, el llamamiento a la huelga nacional provino de las centrales obreras. El Comando Nacional Unitario, que reúne a varias de estas organizaciones, convocó desde el mes de octubre pasado a la movilización en contra del paquetazo de Iván Duque, como llaman a varias de sus políticas económicas.
Al final de la primera jornada de violencia, Duque dijo que “los estudiantes, los trabajadores, los artistas y la gran mayoría de personas que se movilizaron lo hicieron con la intención legítima de hacer sentir sus voz y los escuchamos”, enfatizando en la condena de los actos de vandalismo. Continuó: “Somos un gobierno que escucha y construye. Entendemos que la protesta pacífica es legítima en unas democracia…El diálogo social ha sido la bandera principal de este Gobierno. Debemos profundizarlo”.
En Colombia, lo mismo que en Chile y en Bolivia, la criminalización de la protesta se mezcla con un relato sobre la “subversión castrochavista” o del Foro de São Paulo, que agrega más autoritarismo al manejo de esas crisis. Claro que las protestas son explotadas mediáticamente por los gobiernos bolivarianos, que las reportan enfáticamente mientras ocultan la represión sistemática en Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero las intervenciones directas de estos gobiernos en la hostilización de otros, para ser creíbles, tendrían que documentarse con rigor.
Tras poco más de un año en el poder, Iván Duque afronta la delicada coyuntura económica de su país desde una posición políticamente débil. En las últimas encuestas su tasa de desaprobación roza el 69 por ciento, carece de mayorías parlamentarias y la oposición acaba de forzar la renuncia de su ministro de Defensa.
Explica Santiago Torrado en su análisis titulado “Colombia crece, pero el paro también”: “Colombia se precia de tener una de las economías más estables de América Latina. Este año, ciertamente, acumula motivos para celebrar: es el país que más crece de entre los cinco grandes –Brasil, México, Argentina, Chile y la propia Colombia–, el 3.2 por ciento, frente al ínfimo 0.1 por ciento de toda la región, según las últimas proyecciones del brazo de Naciones Unidas para el desarrollo de la región (CEPAL). Y, lejos de desviar el rumbo, el año que viene se expandirá un 3.5 por ciento, frente a un todavía exiguo 1.4 por ciento que crecerá de media Latinoamérica, continuando un largo camino iniciado en la década de los sesenta del pasado siglo: desde entonces, el país andino solo ha ha terminado un año –1999– en negativo”.
Continúa Torrado: “El temido monstruo de la recesión está bajo control, la inversión extranjera llega a buen ritmo y el consumo interno es el principal motor de la actividad productiva. Sobre ese cuasi idílico horizonte, sin embargo, emerge un nubarrón amenazante: el desempleo”. Así, la cuarta economía de Hispanoamérica avanza al 3.5 por ciento (claro, su presidente no acomete las locuras presupuestarias del promotor de la 4a. Transformación azteca), pero ese impulso, sin embargo, es insuficiente para luchar contra el desempleo.
Santiago Torrado publicó su análisis cuatro días después del paro nacional en Colombia, así que no es posible pronosticar las consecuencias de las manifestaciones. Tendrá sus consecuencias, indudablemente, pero habrá que esperar días, semanas o quizás meses para comprobar en que resulta todo.
Lo que sucedió esta semana en Colombia demuestra claramente que los ciudadanos decidieron expresar su malestar. El mensaje de los colombianos a Iván Duque fue nítido. Pidieron diálogo y concesiones que van de la economía a la política de seguridad. El presidente no pudo no oírlos, no pudo pasar por alto ese cacelorazo masivo que retumbó en Bogotá y en otras ciudades, los manifestantes aún no saben si verdaderamente los escuchó. Duque dijo que sí.
Si Duque es un político serio tratará de cumplir su promesa y optará por la concertación con sectores políticos y sociales diversos, incluso con los que se encuentran muy lejos de su Ejecutivo. Lo contrario sería la mayor irresponsabilidad, en un país que acaba de salir de una guerra de más de 50 años. Un país que tras décadas de auto censura, no se conforma con protestar y hacerse oír. Quiere ser escuchado hasta lo último. Ojalá que así sea. VALE.