Por Alicia Gutiérrez González
El Cambio Climático y el COVID 19 (enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-COV2), son las dos crisis del siglo y los dos retos globales que sólo se podrán resolver con la cooperación de la comunidad internacional, ya que ni la pandemia ni la contaminación conocen fronteras.
El Acuerdo de París de 2015 es el instrumento internacional más importante después del Protocolo de Kioto de 1997 en la lucha contra el Cambio Climático. En la Cumbre del Clima (Conferencia de las Partes COP 25) llevada a cabo del 2 al 13 de diciembre de 2019 en Madrid, se tenía como prioridad alcanzar acuerdos y compromisos para combatir los efectos del cambio climático mediante los enfoques de mitigación y adaptación. Se pretendía llegar a un consenso sobre el artículo 6 del Acuerdo de París en relación a la cooperación voluntaria en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr una mayor ambición en sus medidas de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptación y así fomentar el desarrollo sostenible, la integridad ambiental y la financiación de fondos verdes.
Lamentablemente, en el acuerdo final de la COP 25 “Chile-Madrid, tiempo de actuar”, no se adoptó la recomendación de la ciencia, de limitar el calentamiento global a 1,5°. No obstante, este acuerdo sienta las bases para que en la próxima COP 26 los países presenten sus compromisos de reducción de emisiones para responder a la emergencia climática.
En el 2019 los dos países emisores del mayor porcentaje de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera fueron China con 29 por ciento y Estados Unidos con un 16 por ciento. El primero, es el principal productor y consumidor de carbón en el mundo (uno de los combustibles fósiles más barato, abundante y contaminante) y el segundo decidió dejar de ser parte del Acuerdo de París (el 4 de noviembre de 2019 solicitó formalmente su retirada). Estos dos países emiten el 45 por ciento de emisiones de CO2 a la atmósfera a nivel mundial, por lo que si estos Estados no se comprometen a bajar significativamente sus emisiones, poco se logrará en la reducción del calentamiento global. Ahora bien, el Covid-19 ha tenido efectos positivos transitorios en la vida silvestre, en la calidad del aire y en la reducción de ruido sísmico ambiental.
La NASA y el satélite Copernicus Sentiel-5P de la Agencia Espacial Europea mostraron una disminución considerable a nivel mundial, de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) debido al confinamiento implementado para evitar la propagación del Covid-19. Pese a la disminución considerable de NO2 en ciudades como París, Madrid, Londres, Milán, Mumbai, Nueva Delhi, Ciudad de México y China en el periodo de confinamiento, la calidad del aire no siempre logró alcanzar niveles óptimos para la salud de la población. En la Ciudad de México, por ejemplo, con datos de la Secretaría de Medio Ambiente, en la Zona Metropolitana del Valle de México hubo una disminución del 28 por ciento de monóxido de carbono (CO) debido a la emergencia sanitaria por COVID 19, ya que dejaron de circular el 60 por ciento de los vehículos, no obstante, las concentraciones de ozono no han mejorado sustancialmente.
Después de meses de confinamiento en países de la Unión Europea y de Europa, el 4 de mayo inició el desconfinamiento gradual (pero con restricciones), toda vez que hubo una reducción del 45 por ciento en casos de Covid-19. En México, la cuarentena de sana distancia termina, en principio, para el 30 de mayo.
El 22 de abril se cumplieron 50 años del día de la Tierra y por lo tanto se insta a los Estados a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. La actividad humana ha alterado todos los rincones del planeta y las enfermedades zoonóticas representan en la actualidad un problema de salud pública.
La ciencia es clara y es mejor prevenir que lamentar, así que se debe de optar por el bien común y luchar contra el individualismo, nacionalismo y proteccionismo para lograr salir airosos en la lucha contra el cambio climático y la pandemia de Covid-19.
La autora es profesora Investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT nivel I y de la Red de Europeístas de la Delegación de la Unión Europea en México.