Es cierto que ningún Estado podía estar adecuadamente preparado para hacer frente a la emergencia detonada por el virus SARS-CoV2. Todos han tenido que responder sobre la marcha con base en los pocos elementos disponibles al inicio de la epidemia en China: facilidad de contagio y ausencia de vacuna o tratamiento. La cuestión es cómo ha reaccionado cada Estado-Nación ante la pandemia.
Algunos tuvieron mejores condiciones para realizar la tarea inesperada, otros dispusieron de mayor información y más tiempo para prepararse y otros más de condiciones mayormente propicias para desplegar las políticas tendientes a evitar la saturación de hospitales e instituciones de salud con recursos humanos, materiales y financieros escasos.
En ese escenario han emergido al conocimiento más general las limitaciones, insuficiencias y deficiencias de la capacidad de cada Estado para acometer la tarea. En la crisis los rezagos se hacen más evidentes.
En nuestro país ha aflorado la realidad de un Estado débil; de un Estado con carencias institucionales para la exigencia inesperada. Admítaseme el símil, así como el surgimiento de carteles de la delincuencia organizada al mudar los Estados Unidos la política en torno a la ruta de ingreso de las drogas en su territorio, hizo evidente la ausencia de instituciones policiales federales, estatales y municipales capaces de enfrentar el giro en la incidencia delictiva en esa materia, ahora la emergencia sanitaria ha puesto a la luz las debilidades del sistema nacional de salud.
Y no me refiero al debate de las prioridades en torno a su desarrollo y consolidación paulatina, sino a una debilidad derivada de otra de carácter estructural del Estado mexicano: la insuficiencia crónica de recursos públicos para la realización de las funciones estatales en los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo con el informe del Banco Mundial de ingresos tributarios del 2019, durante el 2018 los correspondientes a nuestro país representaron el 16.1 por ciento del PIB. Es el porcentaje más bajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la cual el promedio de ese indicador entre sus miembros fue del 34.2 por ciento para ese año.
Parece claro el círculo vicioso doble: sin recursos públicos suficientes, las funciones públicas no pueden atenderse como sería deseable y se debilita la capacidad del Estado para cumplir sus responsabilidades; y la necesaria reforma fiscal que remedie esa cuestión se enfrenta a una arraigada cultura por la negativa, con cargo a la falta de confianza en la probidad de quienes autorizan el ejercicio y ejercerán los recursos producto de la recaudación. Aún en el compromiso del actual gobierno contra la corrupción, se trata de un discurso y no de una realidad.
Resulta por demás claro que este no es el momento para plantear e impulsar una reforma fiscal que remedie el problema estructural con un calendario asequible en el tiempo, pero la cuestión requiere atención.
Ante la pandemia y la escasez de recursos públicos han aflorado algunas actitudes del Ejecutivo Federal y la administración a su cargo, y otras de algunos Ejecutivos estatales, que muestran la dicotomía entre un polo que centraliza el discurso sin diálogo real con los representantes de esas entidades federativas, y otro que puntualiza facultades y corresponsabilidades, plantea la revisión del llamado pacto fiscal y afirma las actuaciones locales ante la visión unitaria o no federalista de Palacio Nacional.
En el Ejecutivo Federal se acuñan comportamientos basados en una actitud netamente defensiva ante el temor de que se le exijan responsabilidades por la forma en la cual se ha actuado ante la pandemia, cuando el planteamiento era de corresponsabilidad para atender la crisis.
¿No le parece a usted extraño que en la elaboración de programas y acciones necesariamente nacionales, no se haya realizado ninguna reunión -antes de declarar la emergencia sanitaria, con motivo de ella o a raíz de la misma- con los Ejecutivos de las entidades federativas, todos a cargo de sus respectivos sistemas locales de salud? Las videoconferencias posteriores a la toma de decisiones centrales no pueden suplir el diálogo directo, que no se intentó. ¿Y que la dimensión municipal sólo existiera para la fallida propaganda de los municipios de la esperanza?
Existe abundante evidencia de la actuación de distintos Ejecutivos locales que han hecho frente a la pandemia con base en el conocimiento y la evaluación de sus propias entidades, primero con respecto a la salud de la población y después sobre las consecuencias económicas de la pandemia.
Destaca la acción coordinada para los estados del noreste del país de los gobernadores Miguel Riquelme, Jaime Rodríguez y Francisco García Cabeza de Vaca. De este inicio sobre la emergencia sanitaria, el espacio articulado por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ha servido al diálogo e intercambio de impresiones y propuestas de otros temas y al cual han concurrido los gobernadores de Colima, Chihuahua, Durango, Jalisco y Michoacán.
El tema de la pandemia y su atención ha propiciado el tratamiento de otros asuntos, siendo el más llamativo el relativo a la coordinación fiscal con el gobierno federal y el sistema de impuestos que recauda para participar un porcentaje de su rendimiento a las entidades federativas.
Desde la conferencia matutina, el Ejecutivo de la Unión señala haber registrado el planteamiento y refiere disposición para abordarlo, pero afirma que éste no es el momento, sino cuando se haya superado la pandemia. No destaco el doble discurso de quien afirma haber domado el virus en el país y pide tiempo para el diálogo con los Ejecutivos locales, pero sí la miopía.
El planteamiento de revisar el pacto fiscal del Estado federal mexicano no es el problema, sino la evidencia de la falta de diálogo y de tratamiento adecuado y respetuoso a los mandatos de los Ejecutivos locales que no fueron postulados por Morena. El problema es el federalismo en un sistema político plural. Y el tema es la vocación centralista y el olvido de las partes integrantes de la Federación por el inquilino de Palacio Nacional. Las reformas educativa y de salud de esta administración se hicieron sin considerar a las entidades federativas.
La pandemia hizo más evidente el autoritarismo centralista. Sin diálogo y corresponsabilidades con las entidades federativas, la Federación es débil. Hablar y hablar sin dialogar, no es gobernar.