Germán cursa el cuarto año de primaria. Al salir de la escuela ayuda a su papá en el corte de caña. A sus 10 años ya sabe de la sed abrasadora que provoca trabajar bajo el sol inclemente, o de las enormes ratas de campo que pasan corriendo entre sus pies. También sabe que el humo que se instala en su garganta es el mismo que expulsan los chacuacos. Todos dicen que es normal si se quiere tener trabajo. No es indiferencia es resignación. Germán es el mayor de 5 hermanos y sueña con seguir estudiando, pero también sueña con los dulces de todos tamaños y colores que se elaboran con el azúcar de la caña que él corta todos los días.

A finales del 2019, diarios locales de Chihuahua reportaron la muerte de un niño de 13 años de edad mientras realizaba su jornada laboral a pleno rayo del sol. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía estatal, Alejandro sufría explotación laboral en un campo de cebolla. Su papá pidió ayuda a sus patrones, pero no pudo hacer más por su hijo.

Las historias de Germán y Alejandro no son únicas ni excepcionales. Ambos forman parte de los más de 3.2 millones de niños y adolescentes que trabajan en México. Quienes se desempeñan en las labores del campo, tienen además en contra, ser analfabetas o se ven obligados a abandonar sus estudios de manera temprana; sufren desnutrición o enfermedades asociadas a la pobreza; falta de infraestructura y servicios básicos. El panorama empeora si a lo anterior se suma que esa población infantil es indígena. Ahí, además, hay exclusión social, discriminación, explotación, inequidad y toda la gama de violencias. Los estados con mayor índice de trabajo infantil, otra vez, según las estadísticas, son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, éste último con índices de 70 por ciento de trabajo infantil en el campo.

A lo largo de las últimas décadas, en nuestro país han habido intentos sociales e institucionales para combatir el trabajo infantil, aunque sin mucho éxito, sobre todo en las causas que originan la problemática. La Ley Federal del Trabajo en México establece una pena de 1 a 4 años de prisión y de 250 a 5 mil días de multa para los empleadores que contraten a menores de 15 años, mientras que el Artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de prevenir, atender y sancionar los casos por trata, tráfico, cualquier forma de explotación. Incluso, la legislación establece que los niños entre 15 y 16 años pueden trabajar en determinadas circunstancias, por máximo 6 horas de trabajo y en su círculo familiar. Sin embargo, debido a la exposición a agentes químicos, climáticos y otras condiciones, la agricultura, la silvicultura y la pesca son consideradas trabajos peligrosos, por lo que la edad mínima para obtenerlos son los 18 años.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil como referente para visibilizar la problemática. En México el trabajo infantil, se registra principalmente en el sector agropecuario -especialmente en el hortofrutícola- donde se concentra la mayor parte de la población infantil ocupada en trabajo no permitido (34.5 por ciento).

Con la entrada del T-MEC, tanto el trabajo infantil como el trabajo forzoso -aquel donde las personas, la mayoría en extrema pobreza e indígena, son reclutadas mediante engaños por intermediarios y terminan viviendo una suerte de esclavitud en condiciones de vida deplorables y sin mayores ventajas laborales- se han convertido en la principal preocupación del sector agroempresarial, principalmente del exitoso segmento exportador, debido a las amenazas creíbles de sanciones estadounidenses, aunque lamentablemente no por las desventajas de los trabajadores del campo.

De acuerdo al Departamento de Trabajo de nuestro país vecino (DOL, por su siglas en inglés), en México la producción de pimientos, ejotes, tomates, café, pepinos, berenjenas, melones, cebollas, amapolas, caña de azúcar y tabaco registra casos de trabajo forzoso y/o infantil. Esta situación podría poner en peligro su comercialización al ser bloqueados o embargados en las aduanas en caso de que haya sospecha de que en su proceso productivo -total o parcial- intervinieron menores o se incurrió en malas prácticas laborales. Tales sospechas podrían provenir de denuncias anónimas, sin mayor referente.

Evidentemente, el tema podría generar grandes pérdidas para el sector, pero nada garantiza mejoras sustanciales para los trabajadores del campo y menos para los niños. El filón más complicado es la conformación de organismos sindicales con libre designación y la erradicación total del trabajo forzoso e infantil en el sector agropecuario. Esto implicaría un cambio cultural en el México rural, donde para empezar, la figura de los sindicatos y las demás asociaciones laborales, mediante elecciones libres, no es cosa común para los jornaleros que viven hacinados y que ven su inscripción al IMSS o al INFONAVIT más como una “prebenda” o favor de su patrón y no como un derecho laboral. ¿Será posible?

El Consejo Nacional Agropecuario, encabezado por Bosco de la Vega, ubica el tema en su preocupación por consolidar un frente ante posibles controversias con los socios comerciales del T-MEC. Así, mientras EU y Canadá escogieron como panelistas que los representaran en las controversias a abogados con perfiles de comercio internacional, México se inclinó por una por una postura más defensiva con profesionistas de perfil más encuadrado en cuestiones laborales. ¿Acaso ya previenen un alud de demandas por casos de explotación laboral? De darse, la primera afectada sería la balanza agroalimentaria donde nuestro país ha sido superavitario cuando menos en la última década, lo que tampoco les parece a los productores estadounidenses.

Y a todo esto, ¿qué dice la cuatroté? Durante el primer encuentro del presidente López Obrador con su homólogo estadounidense, Donald Trump, donde se trataría los pormenores y alcances del T-MEC, ningún representante del sector agroalimentario fue contemplado en la comitiva pese a que durante las negociaciones fueron parte determinante en el “cuarto de junto”. Es decir, ¡ni los ve ni los oye!.  Estratégica, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, no se quiere meter en problemas y sugiere “No tenemos que estar preparados para cuando llegue una demanda, tenemos que evitar que la demanda llegue”. Por su parte, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, se centra en evitar conflictos internacionales por los procesos democráticos para la libertad sindical o negociación colectiva que pongan en riesgo el beneficio arancelario o el embargo de mercancías. ¿Y los niños y las mujeres explotadas? ¿Dónde quedó el tan recurrido slogan de campaña de “primero los pobres”?

Hay organizaciones del sector privado que trabajan en este tema, pero su esfuerzo requiere de más y más participación, de mayor coordinación con instituciones y otras organizaciones afines, de apoyos gubernamentales y de una visión más humana con más responsabilidad social que impida que los hombre, mujeres y niños dejen incluso su vida en los surcos y ranchos para hacer llegar los alimentos a las mesas de los mexicanos, porque no siempre llega a las suyas. Hasta ahora la cuatroté se ha mantenido viendo desde la barrera. ¿Quién se hará responsable? ¿Quién se atreve a cambiar la historia?

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