Al cumplirse seis años de la desaparición de los 43 Estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, las nuevas investigaciones continúan ignorando el contexto bajo el cual ocurrieron los hechos del 26-27 de septiembre del 2014: la proliferación de las desapariciones forzadas y la existencia de un narco estado en México.
Por su parte, los grupos radicales buscan retomarlo el caso como una causa política y como un pretexto para el ejercicio del vandalismo como una forma de protesta política.
Las nuevas investigaciones que se han hecho durante el régimen de la cuarta transformación no ha podido derribar las premisas básicas: el modus operandi de los hechos, permite suponer que, participó un grupo de sicarios del crimen organizado. Y líderes de los normalistas podrían estar involucrados con grupos criminales adversarios de Guerreros Unidos. Por lo tanto, el móvil del crimen colectivo podría ser un ajuste de cuentas entre bandas. Se inscribe, pues, en la disputa entre dos carteles de la droga: Los Rojos y Guerreros Unidos.
Los Rojos operaban en la frontera de Morelos y Guerrero y, en repetidas ocasiones, disputaron el territorio y el negocio de la heroína a Guerreros Unidos. El choque originó el asesinato o la desaparición de los normalistas.
El 16 de enero de 2015, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo o El Terco, jefes de sicarios de Guerreros Unidos, contó que la noche del 26 de septiembre llevó a 38 o 41 “paquetes” —como dicen a las víctimas— al basurero de Cocula. “Antes del llegar al basurero pateé a uno de los estudiantes que iba debajo de mí y le pregunté que quién los había mandado y me dijo que los mandó El Carrete (jefe del cártel de Los Rojos) de Cuernavaca y en ese momento le marqué una ‘X’ en la espalda con pintura en aerosol”.
La tesis bajo la cual se están realizando las nuevas investigaciones conducen a la conclusión de que fue el Estado. El argumento es que participaron policías municipales además de estructuras de gobierno de los municipios de Iguala y Cocula con la omisión o complicidad del gobierno del Guerrero.
En la lógica que domina actualmente, se busca consolidar la conclusión de que fue el Estado neoliberal y este nuevo Estado, el de la Cuarta Transformación aclarará las cosas e impartirá justicia.
Desde que ocurrieron los hechos de Iguala, se ha postulado visiones maniqueas. Una la que solo sostiene que fue el Estado y niega o rechaza cualquier tipo de participación del crimen organizado. La otra, que solo responsabiliza al crimen organizado, pero desestima que las estructuras de gobierno han actuado favoreciendo y protegiendo los intereses de determinados grupos de la droga.
Los dos factures concurren en los hechos del Caso Iguala y lo que se impone es hacer un análisis en blanco y negro.
Otro fenómeno concurrente es el de la desaparición forzada. Desde 1968 y la llamada guerra sucia en contra de las guerrillas, las violaciones graves como la desaparición forzada, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes se han trasformado en un modus operandi que no se ha limitado a la actuación aislada de funcionarios, sino a un fenómeno de carácter generalizado y operado por los cuerpos de las instituciones de seguridad, grupos paramilitares.
Actualmente forma la desaparición forzada es una acción recuente en los enfrentamientos entre carteles de la droga.
La inseguridad y la violencia en Guerrero existen independientemente del Caso Iguala el cual es solo una delas tantas expresiones de esos fenómenos.
Vandalismo como protesta
El pasado 21 de septiembre, jóvenes encapuchados, identificados como estudiantes de Ayotzinapa y 600 de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México que integran 17 normales, vandalizaron el Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, exigiendo que se entregaran los videos de las cámaras de seguridad que habrían captado la detención de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.
Los encapuchados pintaron la fachada de la sede del Poder Judicial del estado con frases como: “Peña Nieto asesino. Cárcel a los culpables. Ni perdón ni olvido”.
Además, quemaron una camioneta de una empresa panificadora la cual usaron para romper las puertas de las instalaciones judiciales, y lanzaron petardos dentro del inmueble, rompieron ventanas y dañaron varias oficinas.
Al día siguiente aproximadamente a las 11:20 de la mañana, los normalistas llegaron al edificio del Congreso del Estado a bordo de varios autobuses de pasajeros, unos de la empresa Estrella de Oro y otros de Costa Line que previamente secuestraron.
Esta vez secuestraron una camioneta repartidora de la empresa Lala, en la cual transportaron varios colchones viejos hasta las instalaciones del poder legislativo, que luego incendiaron cerca de la puerta de acceso al salón de plenos de los diputados y en el estacionamiento.
Otros dos colchones más fueron colocados en el estacionamiento y les colocaron petardos, haciéndolos explotar.
Tras el estallido, uno de los colchones “voló” incendiándose por los aires y a punto estuvo de caer sobre un normalista que vestía playera amarilla, quien al percatarse salió corriendo y a centímetros logró evadirlo sin resultar lesionado.
Los normalistas también arremetieron contra los ventanales de la biblioteca y del edificio de oficinas de los diputados, donde empezaron a colocar petardos que estallaron en una docena de ocasiones.
Uno de los petardos derribó una puerta de acceso a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y otros más estallaron en la biblioteca, donde se inició un incendio; otros más en las oficinas de los legisladores, donde también se iniciaron varios incendios.
Además de que destrozaron computadoras y muebles para oficina de toda la primera planta y parte de la segunda, se observó a un grupo de normalistas que cuando se retiraban llevaban en sus manos ventiladores, computadoras, impresoras, una televisión.
VIdulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos dijo que las jornadas de movilización y protesta son para exigir la comparecencia de Alberto López Celis, presidente del Tribunal Superior de Justicia, por no haber entregado las grabaciones de la cámara de circuito cerrado de su sede en Iguala, la noche en que ocurrieron los hechos y en esa imágenes estaría la constancia de la detención de un grupo de los 43 normalista en el puente “El Chicote”, luego calificó al Congreso del Estados como incompetente, inmóvil y cómplice, sin capacidad para llamar a cuentas a otros poderes.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres secundó la afirmación de Vidulfo Rosales al recordar la promesa hecha hace un año para llamar a comparecer al poder judicial lo cual no ocurre hasta la fecha. ¡Repudiamos las falsas promesa de aquellas reuniones!, agregó.