Por Santiago Fernández Sordo

 

Hungría y Polonia firmaron la semana pasada un acuerdo para vetar la aprobación del presupuesto de la Unión Europea, que incluye un fondo de 750 mil millones de euros para la recuperación económica por la pandemia. El bloqueo es una mala noticia para la economía de la región, que necesita de mayor apoyo gubernamental para evitar las peores consecuencias económicas del virus. Pero, más aún, es evidencia de la crisis política que atraviesan las instituciones europeas.

El fondo de recuperación europeo fue negociado desde mayo pasado con la intención de que los gobiernos europeos puedan mantener sus economías a flote con programas de compensación de ingresos a trabajadores, mayor gasto en proyectos de inversión y respaldo a empresas pequeñas y medianas que evite su quiebra. El fondo hace eco de medidas similares implementadas en todo el mundo para paliar las consecuencias económicas de la pandemia. Pero en el caso de Europa se trata de una acción de cooperación excepcional, pues es la primera vez que la Unión Europea emitirá deuda de manera conjunta en los mercados para financiarse; un paso histórico hacia la mayor integración del bloque. Los recursos son particularmente importantes para países como España e Italia, que han sido afectados sobremanera por la emergencia sanitaria y que, junto a otros países de la región, no cuentan con el espacio fiscal para hacer uso de recursos propios. En un contexto en el que la economía europea se perfila a una segunda recesión económica durante los primeros meses del 2021, el paquete promete un respaldo económico imprescindible para los países de la Unión mientras se logra superar la pandemia.

Sin embargo, el Parlamento Europeo agregó algunas cláusulas de condicionalidad para el uso de estos recursos. Cualquier país que desee tener acceso a los fondos debe cumplir con la defensa de los valores europeos: el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos. Esencialmente, el mecanismo de utilización de recursos planteado por el Parlamento vincula los temas de presupuesto con la política e ideología que debe dominar en cada Estado miembro.  Por ejemplo, si alguno de los países miembro rompe con el principio básico de imperio de la ley, a través de acciones que minen la independencia de tribunales o jueces a nivel local, la UE podría impedir el acceso a los recursos o detener su entrega, pues esto implicaría que algunos jueces podrían estar en la posición de tomar decisiones arbitrarias o desechar casos de corrupción y fraude vinculados con el uso de recursos para la pandemia.  Más aún, las acciones de estos gobiernos podrían poner en riesgo las finanzas de la UE. Por ello, el Parlamento ha buscado condicionar la entrega de recursos a la defensa de los valores europeos. Aunque, cuando se intenta hacer una evaluación de los principios de dignidad humana, igualdad, libertad y democracia, éstos son mucho más ambiguos y generan sospecha entre países miembro que consideran las medidas una injerencia en cuestiones internas de cada país. Es decir, la condicionalidad le permite al Parlamento y la Comisión europea ejercer presión sobre regímenes no alineados del todo con los ideales democrático-liberales en los que se basa la Unión.

Es por ello que Hungría y Polonia se han aliado para firmar una declaración en Budepest, bajo la que se comprometen a vetar el presupuesto hasta que existan cambios sustanciales a los mecanismos, en particular la condicionalidad. Hungría y Polonia son de hecho los únicos dos países en la historia de la Unión que han sido sometidos a procedimientos legales para ser sancionados por violaciones a los valores europeos; hecho bastante reciente. Ambos, con gobiernos conservadores, han visto el auge desde esta década de movimientos populistas y nacionalistas, movimientos elegidos democráticamente cuya agenda ha sido limitar libertades de ciudadanos (sobre todo minorías) en favor de lo que ellos consideran el interés nacional mayor. Sostienen además posturas fuertes contra la migración y los derechos igualitarios, que no compaginan con los valores europeos. Para Budapest y Varsovia, la condicionalidad en la entrega de recursos no es más que un arma política de Europa para marginarlos y despojarlos de su propia soberanía. Ambos países han declarado que no permitirán la implementación del fondo de reconstrucción si Europa no elimina la condicionalidad política e ideológica. Sin consenso, las instituciones europeas no pueden adoptar medidas.

En última instancia, lo que enfrenta Europa es una crisis económica y otra política. La pandemia ha causado estragos en la economía y amenaza con afectar la calidad de vida de los europeos en los años por venir. Para afrontarla, la Unión debe mostrar coordinación y cooperación, algo cada vez más difícil de lograr con el auge del nacionalismo y el populismo. Las instituciones europeas se encuentran completamente paralizadas, precisamente en el momento en que más se les necesita.

El autor es egresado y Profesor de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México.