La revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las actividades del Gobierno Federal es un ejercicio consagrado en la Constitución Política de nuestro país.
Cada año se tiene que emitir esa evaluación. El procedimiento y los tiempos están muy claros. El último día de junio y octubre, y el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, la ASF entrega a la Cámara de Diputados informes de auditoría sobre el periodo respectivo, en este caso, la Cuenta Pública del año 2019, que ha causado polémica por las acciones que impulsa el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El proceso incluye que se entreguen estos informes a cada dependencia del Poder Ejecutivo, que tendrá 30 días hábiles para atender las observaciones que haga la ASF, que es un órgano integrado a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia.
La ASF entregará a la Cámara de Diputados en mayo y noviembre el informe donde puntualizará el estado que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones que promueve para las instituciones fiscalizadas.
Es un ciclo de evaluación que se cierra con las recomendaciones de mejora en procesos y componentes buscando obtener mejores resultados en la calidad del servicio y servidores públicos.
Por ahora, nos encontramos en este primer informe de la ASF, que se ha centrado en la disputa política sobre supuestas deficiencias de la administración pública. Los adversarios del Gobierno intentan impactar a la opinión pública señalando eventual bloqueo por parte de la Secretaría de la Función Pública a las acciones de la ASF.
Y eso no es creíble por los principios de rendición de cuentas y combate a la corrupción del actual gobierno. Se ha insistido que no se tolera ningún acto de corrupción en servidores públicos ni tampoco la impunidad en las decisiones que éstos tomen.
El Presidente se ha opuesto públicamente a estas aseveraciones de la ASF, que propenden al desprestigio gubernamental resaltando el tema de los recursos que se utilizaron en la cancelación de lo que sería el aeropuerto de Texcoco. Aquí, invitó el Presidente a la ASF a confrontar datos para evidenciar errores que afectan la imagen del Gobierno y sus administradores.
Entonces, entramos a un ejercicio de articulación entre el ente auditor y el Gobierno que dará certeza al proceso de evaluación integral de la Federación, incluyendo ahora la aceptación por parte del auditor de que la auditoría relacionada con la cancelación de dicho aeropuerto tiene inconsistencias. Ello, coincide con la posición de la Secretaría de la Función Pública de que en el informe de la ASF no hay algún indicio de desvío o mal manejo por parte de servidores públicos en la actualidad. Al contrario, con respecto a 2018, bajan en 64 por ciento las acciones de comprobación fiscal; en 34 por ciento las de responsabilidades administrativas; y en 22 los pliegos de responsabilidad.
Así, estamos de lleno en las transformaciones sin medrar el cuidado de la transparencia en el funcionamiento público hasta cerrar el ciclo de evaluación de la Cuenta Pública 2019 el próximo mes de noviembre. De este modo, se consolida el proyecto de cambio social constante.
@Bonifaz49