Parecería que estas nuevas condiciones en el legislativo, por lo menos en la Cámara de Diputados, genera que de cara al 2024 haya ciertos aspectos relativos a la democracia que van a tener que ser discutidos de una manera más amplia.
Entrevista con Juan Jesús Garza Onofre, investigador IIJ-UNAM
La aprobación en el Congreso de la Unión de la figura de revocación de mandato por parte de los partidos de oposición— luego de que sucedieron varios episodios en donde se postergó su discusión y aprobación—, permitirá que el presidente López Obrador se mantenga en campaña para beneficiar a su partido y consolidar de nueva cuenta una mayoría consideran especialistas electorales.
Una iniciativa, —según ha señalado el propio mandatario— que rechazaban sus opositores porque “la gente me va a refrendar su confianza y me voy a fortalecer”
Considerada más una figura política que de participación ciudadana, ésta sufrió modificaciones que permitieron su aprobación y deberá ser organizada por el INE, quien deberá desplegar alrededor de 156 casillas, pese a la reducción del presupuesto al Instituto.
Al mismo tiempo, fue pospuesta la reforma electoral que anunciara el líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal —cuya filtración provocara un fuerte rechazo— y aunque López Obrador asegurara que la propuesta de reforma sería enviada por él mismo, no se ha visto nada claro.
Para el investigador Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el presidente y su partido están obligados a sentarse a la mesa con la oposición para negociar, ya que hoy no tiene las condiciones para hacer una reforma a modo. Esta es la plática:
Hoy la revocación de mandato es utilizada como un sinónimo de pérdida de confianza y castigo ciudadano que tiene como consecuencia la separación anticipada de un mandato, pero en un régimen presidencialista el jefe de estado se elige democráticamente y por un periodo de gobierno fijo. ¿Qué tanto trastoca esta figura al sistema presidencialista?
Es una figura que se está vendiendo como una manera de democracia directa, de volver a involucrar el tema de una mayor participación ciudadana y sí, hay mucho de eso. El sistema está pensado en un régimen presidencial con resabios y con muchos matices; si bien se habla de un régimen blanco y negro, hay cuestiones de parlamentarismo y de presidencialismo pero esta figura al tener una mezcla de los dos, cimbra las bases de como se entiende la rendición de cuentas. ¿Es realmente sano que un jefe de estado vaya a ser puesto a escrutinio público a partir de los tres años de su mandato?, es la gran pregunta.
En definitiva esta figura debe ser pensada desde la sociedad hacia el gobierno. Cuando el gobierno en turno pierde la confianza, es porque pasa algún hecho escandaloso, paradigmático, algo que realmente genera un debate amplio en toda la ciudadanía.
La manera en como lo están legislando pero sobre todo la narrativa que están enarbolando puede resultar contraproducente y en ese sentido, no se están viendo por completo los alcances de esta figura. Supongamos que se revoca el mandato de presidente, no es que como que ya se llame a elecciones anticipadas y que entre una persona de sustituto por tres años, la elección sigue siendo para 2024. En fin, existen una serie de factores que no están pensados de manera integral y hace falta una óptica mucho más amplia.
Países como Venezuela, Bolivia, Ecuador tienen esta figura pero también son gobiernos que le han dado un sentido de ratificación para perpetuar su permanencia en el cargo. ¿México correría ese peligro?
En efecto, conocemos experiencias en países latinoamericanas que no son muy gratas, que se tergiversa la figura y al final del día sirve para perpetuar un régimen, para llevarlo más allá de los límites que establece la Constitución.
Sin embargo, como se ha legislado la figura, creo sinceramente que tiene varios candados en diferentes instancias de poder y el principal candado —que es un punto que vale la pena discutir— son los porcentajes necesarios para llevar a cabo estos ejercicios.
Es de nueva cuenta el 3 por ciento del padrón, una cantidad bastante importante pero con la diferencia que vamos a tener una clave geográfica, es decir, la mitad de los estados de la república tienen que conseguir también por lo menos el 3% del padrón de cada entidad, porque debe ser algo nacional y deben estar todos involucrados.
Si bien existe ese temor —no me cabe la menor duda— también hay que decirlo, los candados para lograrlo parecerían bastante difíciles de destrabar.
Hubo el cambio de la pregunta sobre la revocación del mandato y al inicio los partidos de oposición se habían negado a votarla, pero ya la aprobaron…
Estos diques de contención de los que hablaba, son al final del día instituciones que no se encuentran propiamente en algún poder, ya sea electo de manera directa como el ejecutivo, legislativo o contra mayoritaria como el poder judicial. Se supone que son órganos técnicos con autonomía de gestión y con autonomía presupuestal para poder cumplir una función específica que se les encomienda. Ojo, es una función nueva como ahora va a ser la revocación de mandato y ante la consulta popular, deben hacer bien el trabajo, es decir, la colocación de casillas, los debates informados, y deberán llevar a cabo todo el proceso burocrático de quienes se encargarán al final del día de tomar una decisión.
Si continúa o se queda el presidente López Obrador en su mandato es enteramente una decisión de la ciudadanía y por ende de los grupos políticos que se ven inmiscuidos en estos procesos.
Morena y sus líderes de bancada, señalaron que se presentaría una reforma electoral, que ya se aplazó porque midieron la temperatura política. Sin embargo, permanece la idea de maniatar al INE y aunque ya se pusieron límites en la revocación de mandato junto con la reforma electoral ¿no se buscaría cerrar la pinza, tomar el control de los comicios y favorecer un sucesor?…
Lo que mencionas es bien cierto, el presidente y sus principales operadores estaban empeñados en las cámaras, en sacar adelante esta reforma en el primer minuto en que se inaugurara la nueva legislatura y parecería que la oposición se posicionó, dijeron que no iban a ser partícipes. Además hay que decirlo, la iniciativa que se filtró era bastante deficiente, eran muchas cuestiones que no necesariamente abonaban a mejores prácticas electorales.
En definitiva, creo que López Obrador insistirá en reformas como la energética, la de seguridad nacional, Guardia Nacional, estratos militares y la relativa a la político electoral. Sin embargo, el partido en el poder junto con sus aliados se ven obligados a sentarse y negociar, ver que se puede hacer y que no se puede hacer. La principal consigna de López Obrador y de Ricardo Monreal era de nueva cuenta, una destitución de todos los consejeros electorales y de los magistrados del Tribunal, que resulta una buena idea, siempre y cuando se hubieran llevado a buen término los procesos —con todos los problemas que implican—, pero hay mucho que discutir, hay mucho que ver y reformar. No se vale el borrón y cuenta nueva.
Parecería que estas nuevas condiciones en el legislativo, por lo menos en la Cámara de Diputados, genera que de cara al 2024 haya ciertos aspectos relativos a la democracia que van a tener que ser discutidos de una manera más amplia pero sobre todo de cara a los principios de transparencia, de diálogo y de pluralismo.
Morena debe aprender la lección de que sinceramente hay cosas que simple y sencillamente por más que tenga la mayoría, por más que tenga la narrativa, hay cosas que no conviene hacer de cara a futuro, no a 2024, quizás a 2030.
En ese sentido, más vale poder llegar a acuerdos, se deben revisar algunas cuestiones y en definitiva, esta idea de mantener el monopolio en la organización de elecciones, que sea propiamente a través del voto o de otro mecanismo de participación semidirecta.
Al final del día, hemos visto que el INE sabe hacer su chamba, el Instituto ya tiene muchos años haciendo esto y crear un nuevo organismo que lo haga otra vez desde Gobernación o desde el Poder Judicial implicaría un crudo aprendizaje, que no sé si estemos dispuestos a solventar los próximos 10, 15 años.
Ojalá la situación sirva de lección para el partido en el poder y modere mucho más su discurso de una transformación que parecería no termina por concretarse.
¿Estaríamos ante una reforma electoral consensada, aunque vaya en contra de los mandatos presidenciales?
Creo que sí, es difícil que no se reformen las leyes electorales de cara al 2024. Hay una larga tradición desde Miguel de la Madrid y cada presidente llega con nuevas reglas electorales, es normal. Ahora vemos que las discusiones no son propiamente de radio y televisión, ahora las discusiones son de Instagram, Facebook y Twitter y hay que regular los aspectos que van surgiendo conforme pasan los años. Probablemente se van a tener que reformar ciertas cuestiones, asuntos que evidencian este anacronismo del derecho electoral.
El problema es que tradicionalmente las reformas electorales han sido en franco diálogo con todas las fuerzas opositoras y con el partido en el poder, cediendo y negociando. Morena, en definitiva, no tiene en estos momentos condiciones para poder realizar una reforma absoluta, total en materia electoral. En todo caso, creo que habrá matices, el presidente López Obrador va a tener que sentarse a negociar y veamos que tan diligente o no resulta la oposición para poder llevarla a cabo.
Hay que recordar que cualquier reforma al INE, al Tribunal Electoral tiene que pasar por la Constitución y para reformar la carta magna, se necesita la mayoría de ambas cámaras que difícilmente Morena va a conseguir simplemente de buena voluntad con los partidos que ha criticado del antiguo régimen.
¿Ve otro escenario?
No, a pesar de que el Tribunal electoral ha hecho cosas muy criticables, al final nos conviene tener un Trife y hacer modificaciones específicas, concretas, profundas pero no necesariamente de borrón y cuenta nueva o una cirugía completa de estas instituciones.
No creo que haya condiciones, lo han de estar negociando. Quizá lo que pasó en el 2006 donde tanto el partido en el poder en aquel entonces el PAN negoció con el PRD con López Obrador para que salieran varios consejeros electorales, no todos, tres encabezados por Luis Carlos Ugalde.
En definitiva, no me planteó algún escenario que no sea sentar a todas las fuerzas políticas a la mesa y ponernos a discutir que sí y que no de una reforma electoral que parecería inminente, estamos en un buen momento para detenernos y hacer un balance de que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal.
Lo que preocupaba era que se aprovechara el desastre en el Tribunal electoral cuando faltan los resultados de algunas de las impugnaciones y se insistiera en la premura y en las ganas de sacar adelante una reforma en medio de un proceso electoral que todavía no termina.
Tenemos algunos meses para generar mesas de diálogo para realmente analizar, para gestionar varios diálogos de estudio y desde círculos de estudio y reflexión en torno a términos muy técnicos que no se resuelven quitando de tajo a los consejeros del INE o a los magistrados del Tribunal Electoral.
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