Entrevista con Verónica Ayala, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
El reportaje presentado por Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) acerca del estilo de vida de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, representó un duro golpe a la imagen del también líder de Morena por su constante discurso en contra de la corrupción y de austeridad.
El material implica un posible conflicto de intereses por las actividades laborales de la esposa de José Ramón –de quien por cierto, no se conoce trabajo alguno en la actualidad–, con empresas del ramo petrolero que tienen contratos con Pemex, algo que de haber sucedido en sexenios pasados ya hubiera provocado airadas protestas y condenas del actual mandatario.
Siempre! platicó con una de las autoras del reportaje que sacó a la luz esta situación, nadie mejor que Verónica Ayala –reportera de investigación de MCCI– para entender todo lo que implicó realizar un trabajo de esta magnitud.
Verónica Ayala, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
¿Qué tan importante es que se den a conocer este tipo de investigaciones en el contexto de un gobierno que ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus banderas más importantes?
“Es muy relevante por este discurso que ha estado promoviendo el presidente, incluso desde campaña, de combate a la corrupción, de no al influyentismo y particularmente el tema de austeridad, que es algo en lo que ha hecho mucho hincapié, a lo que hace referencia recurrentemente; de entrada, este reportaje deja una clara contradicción con el discurso de austeridad que pregona y el estilo de vida de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, en estas residencias lujosas, millonarias, al norte de Houston.
Pero más allá de este tema, está la contradicción en el discurso, pues hay un tema de fondo más importante y más delicado, que saca a relucir lo que planteamos, un posible conflicto de interés, porque una de las residencias, mansión en toda la extensión de la palabra que estuvo ocupando junto a su pareja, Carolyn Adams, era propiedad en ese entonces de un alto ejecutivo de una compañía petrolera con contratos vigentes con su gobierno, esta residencia, como se puede ver en la investigación, es de grandes dimensiones, 2 mil 500 metros, en una zona de las más exclusivas en un fraccionamiento rodeado de un bosque, valuada en alrededor de un millón de dólares –equivalente a 20 millones de pesos– y con una serie de lujos como bar, sala de cine, alberca de 23 metros de largo, y precisamente cruzando bases de datos, información de distintos lugares, se ubicó que esta había sido la residencia, el domicilio de Carolyn Adams desde septiembre de 2019, porque hago hincapié en esta fecha, pues porque en esa fecha ese inmueble era propiedad de Keith L. Schilling, que fue un alto ejecutivo en Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes y que tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares; uno de estos contratos corresponde a un proyecto transexenal, es decir que viene de la anterior administración y fue otorgado en el último tramo del anterior sexenio, pero el otro fue asignado en agosto de 2019, en la actual administración, un mes antes de que se documenta que esta pareja ocupa esta casa en Houston.
Entonces hay un tema también en cuanto a las fechas, que coincide con cuando ellos se van a vivir ahí, un mes después de que le otorgan un contrato en la actual administración.
¿Qué opinión le merece lo dicho por el presidente, de que tanto la esposa de su hijo, como el mismo, no tienen nada que ver con el gobierno, que no hay contratos o recomendaciones, pero queda la sospecha por vivir en la residencia de un ejecutivo de una empresa con contrato con Pemex mueve a la sospecha?
Realmente la declaración que hace él es meramente por encima, le saca la vuelta al tema de fondo, simplemente dice que no tienen influencia sus hijos en la administración y que no otorgan contratos a ningún recomendado y que al parecer se casó con una mujer con dinero.
El punto ahí es que no toca para nada este tema central y no hay dejar de lado que más allá de cuestiones personales, que tengan que ver con su hijo, hay un tema de la administración pública involucrado, hay un tema de su gobierno, porque estamos hablando de contratos vigentes de obras para Pemex, si es un asunto delicado y es un tema que tendría que ser aclarado e investigado por las autoridades porque deja dudas sobre un posible conflicto de interés.
¿Qué es lo más grave que destapó este reportaje, considerando que el presidente hizo del discurso en contra de la corrupción su bandera de campaña y que no deja de restregarle esto en la cara a sus opositores, que sea algo que no se práctica o que se está llegando a una hipocresía?
Finalmente son el tipo de cuestiones que él anteriormente cuestionaba y que parece que ahora, estando en el poder, pasa por alto.
Claramente están los datos corroborados, ellos estuvieron viviendo ahí y coincide con los contratos que se otorgaron a esta empresa, claramente está el conflicto de estar viviendo en una residencia de un ejecutivo de una empresa contratista del gobierno.
En cualquier lugar sería un escándalo y sería algo muy cuestionado si estuvieran ellos cómo oposición y no en el poder.
De cara al futuro, ¿qué esperan que suceda con este tema, esperan que se cree una comisión que investigue esto o que se dé carpetazo?
Puede ser un tema que puede seguir dando mucho de que hablar, va a depender de las acciones que, quizá, tomen otros actores políticos más allá del gobierno, porque con base en las declaraciones en la mañanera, no hay intención de su parte de entrar al fondo de este asunto, pero sí ha habido algunos posicionamientos por parte de líderes de partidos políticos, de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, señalando que hay un posible conflicto de interés que tiene que aclararse e investigarse por parte de las autoridades, y con mayor razón por tratarse del hijo del presidente.
El 5 de junio de 2019, se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter del municipio de Naucalpan que quien en ese momento era alcaldesa de la demarcación, Patricia Durán Reveles, se reunió con funcionarios del Gobierno Federal para “afinar detalles sobre los programas federales que beneficiarán a miles de naucalpenses”, en la foto adjunta a dicho mensaje aparece José Ramón López Beltrán.
¿Qué tanto costó hacer la investigación, y no me refiero al tiempo ocupado en ésta o todas las actividades que implicó, sino a la respuesta de los simpatizantes del presidente y la manera en cómo reaccionan, qué tanto se han tenido que defender?
En este caso la investigación ha tenido una excelente respuesta por parte de la opinión pública, que es finalmente la que nos interesa, ha habido una reacción muy positiva de molestia, de indignación, cuestionando más allá del estilo de vida y la traición con el discurso de su padre, este tema del posible conflicto de intereses que finalmente es el punto central y lo más delicado de esta investigación.
Vemos del otro lado un intento de defensa con argumento que, realmente, son inverosímiles. La información está ahí, los documentos, las pruebas están ahí, muy corroborado y tan esa así que el presidente después de haber dejado pasar varios días, porque esta investigación salió a la luz pública el jueves 27 de enero, sale a hablar el lunes 31 sin tocar los puntos centrales de la investigación y sin desmentir ninguno de los puntos de puntos que fueron corroborados y que denunciamos en esta investigación.
¿Quién ha trabajado más en materia de combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública o Mexicanos contra la Corrupción?
Los resultados están a la vista, por parte del gobierno no se han visto muchas acciones o, al menos, no se ven acciones dirigidas al combate a la corrupción en la actual administración, se han visto acciones, pero enfocadas a personajes que estaban en administraciones anteriores y nosotros como organización seguimos tratando de sacar a la luz pública casos de corrupción como lo hicimos con la anterior administración, de igual manera en esta, porque hay un compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas y con el combate a la corrupción y la impunidad.