En los momentos en que los cuerpos autollamados policías comunitarias se han convertido en una causa de inseguridad en el estado de Guerrero y operan con facultades que solo competen al gobierno, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, envío una iniciativa de reforma al artículo 14 de la Constitución Política del estado que envió al Congreso local regresa a la carta magna el reconocimiento expreso de las “policías comunitarias o rurales”, pero además eleva a rango constitucional el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afro mexicano en su conjunto, con el que se les faculta realizar acciones de impartición de justicia, de seguridad pública, de prevención del delito y de reeducación.
El texto del artículo 14 constitucional fue reformado en abril de 2014, y se establecía que : “El Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado, y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afro mexicanas, dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno e esta entidad”.
Se planteaba, además, que “dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.
En julio de 2018 a propuesta de Héctor Astudillo Flores, entonces gobernador priista este texto fue modificado suprimiendo del texto constitucional las palabras “Policía Comunitaria o Rural”, con lo cual quedó de la siguiente manera: “La ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, para que los pueblos indígenas y afro mexicanos apliquen sus propios sistemas normativos. Tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o afro mexicana, o bienes personales de alguno de sus miembros, se estará a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable”.
Entonces, los representantes de las cinco casas de justicia de la CRAC, junto con el activista Abel Barrera y el Alcalde de Malinaltepec, acusaron al Gobierno estatal de emprender una campaña de descalificación y difamación en contra de la Policía Comunitaria.
La propuesta de reforma enviada por Evelyn Salgado es amplia y plantea textualmente que el artículo quede de la siguiente manera: “El Estado reconoce el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afro mexicano y está obligado a garantizar las acciones de impartición de justicia, de seguridad pública, de prevención del delito y de reeducación de los infractores, que implementen con sujeción a sus sistemas normativos, prácticas tradicionales y reglamento interno dentro de su jurisdicción. La implementación y seguimiento de la prevención de los delitos e infracciones se dará por conducto de su Policía Comunitaria Indígena y Afro mexicana, integrada por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Comunitaria General”.
La propuesta enviada de Salgado Pineda no solo se regresa al texto constitucional el reconocimiento de las policías comunitarias o rurales, sino que amplía sus facultades reconociendo también en su conjunto el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afro mexicano, con el que se le faculta realizar acciones de impartición de justicia, de seguridad pública, de prevención del delito y de reeducación.
En un siguiente párrafo, como parte del mismo artículo 14, se acota: “El Código Nacional de Procedimientos Penales y la ley reglamentaria delimitarán la esfera de competencia del Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afro mexicano, ésta última establecerá los mecanismos de vinculación y coordinación que existan con los órganos correspondientes de los Poderes Ejecutivo y Judicial en el tratamiento de asuntos propios de la función que desempeñen”.
Salgado Pineda envió además una iniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con la que se derogaría la Ley Número 777.
Además, en el paquete legislativo que envió, hay una iniciativa de Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afro mexicanas del estado, la equivalente a la 701.
En esta iniciativa de ley hay una segunda sección en la que se refiere de manera particular a la Policía Comunitaria Indígena y Afro mexicana, en la que se establece que esta es auxiliar del su sistema de seguridad y funcionará únicamente dichos pueblos y comunidades “de conformidad con sus sistemas normativos internos, tiene por objeto la prevención de los delitos e infracciones”.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, en asamblea acordó impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los trabajos que comenzó el Congreso del estado y el gobierno estatal para la consulta a los pueblos indígenas y la reforma a los artículos 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como la 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado.
Ello porque lo que están haciendo está peor que lo que hizo el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, que le llevó tres meses hacer el simulacro de consulta. La idea es que acudirán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante la SCJN para impugnar los trabajos que realizan los diputados y el gobierno del estado.