Maniobras políticas electorales
Donde hay poca justicia
es peligroso tener razón.
Francisco Quevedo
José Fonseca
La competencia democrática, sostienen los especialistas, suele ser rijosa, estridente, desmesurada y con frecuencia salpicada de los despropósitos de candidatos y partidos.
Sería ingenuo esperar algo distinto del proceso para elegir presidente de México.
Igualmente ingenuo sería esperar que el gobierno en turno permanezca quieto en esa contienda. Siempre buscarán magnificar sus logros y minimizar sus fallos.
Sin embargo, los gobiernos en turno no deben traspasar los límites del marco legal, porque provocan incertidumbre jurídica. Y sin certidumbre jurídica los países entran en un tobogán que conduce al abuso fácil de las facultades de los funcionarios y a la discrecional supresión de los derechos ciudadanos.
La filtración de una presunta investigación sobre tres ex gobernadores de Tamaulipas y una supuesta mala actuación de dos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al atentar contra la constitucional libertad de tránsito contra los tres ex mandatarios, abre el espacio a la más perversa especulación.
Una vez puesta en marcha la filtración de la investigación, se dejó correr en los medios provocando toda suerte de conclusiones precipitadas y declaraciones partidistas estridentes.
Un día después se entera la opinión pública del cese de los dos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la existencia de una investigación cuyo sigilo fue violado por la Procuraduría General de la República, pero el daño ya está hecho.
Lo que el secretario de Gobernación Alejandro Poiré llamó una confusión tiene el tufillo de una maniobra para amagar al PRI con la eventual consignación de tres de sus ex gobernadores.
Tal parece que la investigación se sustenta en viejas acusaciones contra los tres ex funcionarios, acusaciones hechas por adversarios políticos o ex colaboradores de sus respectivos gobiernos.
La conclusión lógica es que con fines político partidistas se revivieron expedientes que nunca tuvieron sustento suficiente para proceder ante los tribunales.
Así las cosas, es justificada la airada reacción de la directiva nacional del PRI y de su precandidato único, porque no son ingenuos para suponer que desempolvar viejos y abandonados expedientes es una casualidad.
Y es injustificado el comportamiento del gobierno de la república, porque las instituciones son dañadas cuando se les utiliza para maniobras políticas electorales.
Es un abuso del poder, una irresponsabilidad legal y una flagrante falta de respeto a los ciudadanos, pues la democracia exige que llegado el momento, los partidos y los gobiernos están obligados a someterse al juicio de los votantes, sin interferir en los procesos electorales.
Nada de lo dicho, ni de lo hecho hasta hoy por el gobierno calderonista desmiente la conclusión de que no quieren esperar al juicio ciudadano, lo cual confirma al final del día la frase del ideólogo panista Carlos Castillo Peraza:
“¡Somos una democracia sin demócratas!”
jfonseca@cafepolitico.com