No son prioridad del Estado
Raúl Jiménez Vázquez
Severos extrañamientos en contra del Estado mexicano han sido formulados, entre otros órganos, por el Relator Especial contra la Tortura, el Relator contra las Ejecuciones Extrajudiciales, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Comité de los Derechos del Niño. Tal es el contexto que rodea la presencia en nuestro país de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Previamente al traslado de la presidenta, el primer vicepresidente y el secretario ejecutivo de la Interamericana, el ombudsman hemisférico estuvo en un tris de incluir a México en la lista negra de naciones en las que las violaciones a los derechos humanos son una práctica generalizada. Las gestiones de la representación nacional ante la OEA hicieron que esa catastrófica medida fuese permutada por una visita in loco, figura prevista en el artículo 48, párrafo segundo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo cometido es la realización de una investigación en campo para la emisión de un informe general sobre la situación de los derechos humanos en el Estado de que se trate.
Es decir, esta visita in loco no obedece a la lógica de las cortesías diplomáticas ni mucho menos constituye un mero formulismo para cubrir el expediente. Se trata, ni más ni menos, de una especie de auditoría internacional, un ejercicio extraordinario de rendición de cuentas sobre el estado que guardan los derechos humanos en México.
Como primer punto de la agenda, los personajes interamericanos acudieron a las instalaciones de la normal de Ayotzinapa para hacer patente su solidaridad a los padres de los estudiantes desaparecidos y su voluntad de apoyarlos en la búsqueda de la justicia; actitud por demás cálida y empática que contrastó significativamente con la frialdad e insensibilidad gubernamental que imperó en la reunión con el Ejecutivo Federal que tuvo lugar en el Museo Tecnológico.
Por voz de la presidenta Rose-Marie Belle Antoine, igualmente les hicieron saber que el barbárico ataque perpetrado en Iguala durante la triste noche del 26 de septiembre del 2014 “es una tragedia de derechos humanos” y que la Comisión hará todo lo que esté de su parte para que el gobierno mexicano asuma las observaciones plasmadas en el informe del grupo de expertos internacionales.
Ahí mismo fueron abordados por familiares de otras personas que también han sido objeto de desaparición en el estado de Guerrero; les hicieron saber que con sus muy escasos medios han encontrado aproximadamente 104 fosas clandestinas y solicitaron su apoyo para frenar esta espeluznante realidad. Más tarde recibieron numerosas denuncias de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en torno a la impunidad galopante que prevalece en esta materia.
Todo esto tiene tintes verdaderamente dramáticos. Evidencia que el país está inmerso en una grave crisis de derechos humanos cuya atención no figura dentro de las prioridades del jefe del Estado mexicano y ello es altamente preocupante.