Derechos humanos
Raúl Jiménez Vázquez
La delicada situación que impera en nuestro país en el ámbito de los derechos humanos ha sido subrayada a lo largo del tiempo por diversos órganos de las Naciones Unidas, como el Mecanismo de Evaluación Periódica Universal, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Relator Especial contra la Tortura, el Relator contra las Ejecuciones Extrajudiciales y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas.
Tales extrañamientos fueron sistemáticamente soslayados por las autoridades y ello propició la formación de una densa ola marina que fue cobrando fuerza hasta convertirse en un gigantesco tsunami que amenaza con engullirse por entero el desvencijado buque gubernamental piloteado por Enrique Peña Nieto.
De ese calibre es, ni más ni menos, el impacto que ocasionó el informe preliminar derivado de la visita in loco efectuada por miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya lapidaria conclusión no deja lugar a dudas al advertir que México está inmerso en una gravísima crisis estructural de derechos humanos prohijada por la impunidad histórica que se viene arrastrando desde hace décadas.
En dicho texto no se escatimaron palabras: la tortura y las desapariciones forzadas son una práctica generalizada; las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato no han sido debidamente investigadas; el genocidio cometido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas continúa impune, al igual que los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la llamada guerra sucia; la violencia contra familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas es una constante…
La barbarie de Ayotzinapa ocupa un sitial relevante dentro del informe pues ahí se indica que: I) no es una tragedia aislada, sino que forma parte de un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, II) la PGR debe adoptar cuanto antes las medidas establecidas en el informe de los expertos internacionales que evaluaron el caso, III) la investigación tiene que ser reorientada, IV) las autoridades deben permitir las entrevistas con los efectivos militares del batallón de Iguala.
El efecto devastador de ese tsunami se elevó a su máxima potencia con el surgimiento de nuevo bloque de enérgicos señalamientos, ahora provenientes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien luego de una visita oficial hizo suyos los pronunciamientos de la Comisión Interamericana; respaldó plenamente las observaciones de los expertos en cuestión y solicitó al Estado mexicano que las acepte sin reserva alguna; asimismo planteó la necesidad de que se elabore un cronograma para regresar el ejército a los cuarteles.
“No puedo creer que esto esté pasando. Ignorar lo que está sucediendo no es una opción para la ONU ni para las autoridades”, puntualizó el representante de la ONU. Este extraordinario mensaje no puede ser desatendido por el equipo gobernante. El país no aguanta más disimulos.