Autoridades aceptan pacto a regañadientes
Raúl Jiménez Vázquez
El Estado mexicano suscribió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un acuerdo que contiene diez compromisos específicos relacionados con el caso Ayotzinapa, de los cuales destacan por su relevancia la asunción de las más de 200 observaciones plasmadas en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la reorientación de la investigación bajo los lineamientos que fijarán dichos expertos.
El pacto en cuestión fue firmado a regañadientes por los personeros nacionales. Es patente la incomodidad, rayana en el escozor, que el GIEI ha causado en las altas esferas gubernamentales. Así se desprende de la declaración hecha por el secretario de Gobernación en el sentido de que: “Si los expertos sostienen que los jóvenes no fueron incinerados en Cocula, que nos digan entonces qué pasó y por dónde hay que seguir, porque ya basta de señalar primero al gobierno de la república, que no tiene absolutamente nada que ver”.
El desencuentro con la CIDH es particularmente agudo en lo tocante a las entrevistas con los milicianos, tema en el que la férrea oposición de las altas jerarquías castrenses ha sido más que evidente. Contrastantemente, el comisionado relator de la CIDH para México, James Cavallaro, ha dicho: “Corresponde a nosotros garantizar al grupo las condiciones para cumplir con su mandato y el grupo entiende que eso exige las entrevistas a los militares”.
En ese ríspido contexto, haciendo uso de sus atribuciones de monitoreo de la situación de derechos humanos, el ombudsman hemisférico extendió por seis meses el mandato del GIEI, de modo que este órgano sui géneris del sistema interamericano de protección de los derechos humanos continuará desahogando su misión hasta el 30 de abril de 2016.
Contrario a lo sucedido en el país, el trabajo del GIEI ha sido muy bien recibido en otras latitudes. En su reciente visita a México, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas insistió en la necesidad de que se muestren avances significativos en la investigación de la desaparición de los normalistas, y subrayó el hecho de que para ello es preciso acatar las recomendaciones del GIEI. El Parlamento Europeo, a su vez, en breve analizará el informe y emitirá un pronunciamiento al respecto, lo que a la larga podría incidir en la decisión de renovar o no el tratado de libre comercio suscrito con la Unión Europea.
Todo lo anterior pone de relieve que la internacionalización de la exigencia de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa es ya una realidad inobjetable, es decir, la vertiente supranacional es una variable estratégica que no puede ser soslayada. Empero, Enrique Peña Nieto y su equipo no parecen estar plenamente conscientes de ello, lo que sin duda es grave, más aún en estos tiempos en los que a raíz de la histórica reforma constitucional del 11 de junio de 2011, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos es uno de los principios rectores de la política exterior.