Para aclarar la tragedia de Ayotzinapa
Amnistía Internacional, el Centro de Justicia y Derecho Internacional, la fundación Robert F. Kennedy Human Rights, Conectas Human Rights y otras organizaciones internacionales hicieron público su apoyo a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y descalificaron los intentos gubernamentales mexicanos por deslegitimar el trabajo que han realizado en aras de esclarecer la verdad en torno a la tragedia de los muchachos de Ayotzinapa.
Tan significativo espaldarazo emerge precisamente cuando, basándose en estudios científicos practicados por el Instituto de Geología y el Centro de Ciencias de la Atmósfera, ambos pertenecientes a la UNAM, el GIEI dio a conocer dos relevantes conclusiones: I) no hubo incendio alguno en el basurero de Cocula, lugar en el que supuestamente habrían sido incinerados los estudiantes, II) durante la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre hubo una lluvia acumulada de 21.8 milímetros. Con ello nuevamente se ha puesto en un severo entredicho la “verdad histórica” apuntalada por el anterior titular de la PGR.
Las organizaciones internacionales en cita también insistieron en la necesidad de que a los expertos interamericanos se les permita entrevistarse con los militares del batallón de Iguala, exigencia que ya fue hecha valer por la Comisión Interamericana de Derechos Humana antes, durante y después de la visita in loco a nuestro país.
La postura oficial a ese respecto es ampliamente conocida: en distintas áreas del gobierno federal existe un rechazo absoluto a dicha posibilidad. Esta inverosímil actitud podría estar relacionada con el hecho de que, según lo consignado dentro del informe final del GIEI, elementos de las fuerzas de seguridad, incluidos efectivos castrenses, estuvieron presentes en diversos sitios en los que tuvo lugar el ataque.
Si tal circunstancia quedase demostrada más allá de toda duda razonable, se trataría de una grave omisión que habría facilitado la desaparición forzada de los normalistas, lo que implicaría una responsabilidad internacional a cargo del Estado mexicano pues servidores públicos sujetos a su mando y control habrían quebrantado el deber de prevenir los atropellos a la dignidad humana previsto en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De acuerdo a la información difundida en medios hace unas semanas, las declaraciones ministeriales rendidas por 36 oficiales y soldados en diciembre del 2014 acusan enormes lagunas y serias contradicciones, lo que hace aflorar la duda acerca de cuál fue el real papel del Ejército en la horrenda noche de Iguala.
En cualquiera de esos escenarios, se está en presencia de un crimen de lesa humanidad que puede ser investigado y sancionado por la Corte Penal Internacional si las autoridades dan muestras de que no quieren o no pueden concretar el trinomio ético y jurídico conformado por la verdad, la justicia y las reparaciones integrales.