Negocio redondo y sin riesgos, en charola de plata
La interpretación que los ministros de la segunda sala de nuestro máximo tribunal hicieron del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, el proyecto de reforma laboral en materia de conflictos del trabajo y el TPP o acuerdo transpacífico, tienen un denominador común: todos ellos son instrumentos jurídicos total y definitivamente regresivos puesto que a través suyo se está contraviniendo flagrantemente la prohibición que tienen los Estados de reducir los niveles de protección de los derechos o derogar los ya existentes.
A esa grave violación de los imperativos dimanados del derecho internacional de los derechos humanos se suma el hecho de que tales normas son igualmente transgresoras de los principios basales del constitucionalismo social forjado por el congreso constituyente de Querétaro de 1917, cuyo puntal, sin duda, fue, y sigue siendo, el artículo 27 de la Carta Magna, en el que la concepción de la propiedad privada se supeditó al concepto medular de la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio patrio.
Es decir, los constituyentes entregaron a la nación el origen de la propiedad privada e hicieron de ella un derecho que en todo momento debe subordinarse a los intereses generales, lo que posibilita la imposición de las modalidades que dicte el interés público.
En los tres elocuentes ejemplos de la patología de la regresividad que hemos señalado claramente y sin lugar a dudas se advierte que el imperativo del artículo 27 constitucional está siendo desacatado y que lo que está imperando son los intereses específicos de los poderes salvajes —los cuales no han pasado por las urnas—, los planes de negocios de grandes corporaciones trasnacionales a las que se ha decidido ofrendar en charola de plata una fuerza de trabajo precarizada y jurídicamente indefensa, las riquezas naturales propiedad de la nación, los ecosistemas, la biodiversidad, las tierras ejidales, comunales e indígenas.
La lógica de la prevalencia de los intereses de unos cuantos está también detrás de la reciente decisión gubernamental de liberar la importación de gasolinas y diésel, lo que, conforme con datos de la Secretaría de Hacienda, representará un ingreso para los inversionistas de casi 55 mil millones de pesos. Se trata de un negocio a todas luces redondo y sin riesgo empresarial alguno pues, además, los privados no partirán de cero, sino que controlarán y usufructuarán un mercado interno de petrolíferos construido a lo largo de varias décadas cuyo valor asciende conservadoramente a la suma de 75 mil millones dólares, el cual les ha sido entregado sin que los mexicanos hayamos recibido absolutamente nada a cambio.
Es evidente que el poder del Estado está siendo usado en forma contraria a lo previsto en el artículo 39 constitucional, según el cual todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Estamos en presencia, pues, de un colosal desvío de poder que no puede pasar inadvertido.