Atentatoria contra las víctimas
Cada vez más y más, dentro del equipo gobernante se está imponiendo la línea dura e intransigente, aquélla que con golpes de mano sobre la mesa asevera que las visitas y evaluaciones que llevan a cabo los órganos competentes de los sistemas interamericano y universal de derechos humanos son actos injerencistas y violatorios de la soberanía nacional.
Ésa es la razón por la que, en un gesto inaudito y absolutamente reprobable, las autoridades rompieron lanzas en contra del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el relator especial sobre la Tortura, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Comité contra la Tortura, negándose rotundamente a aceptar los resultados de sus intervenciones.
Algo similar ocurrió a raíz de las visitas in loco del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyas conclusiones fueron objeto de severas diatribas institucionales. Más recientemente, el ninguneo por parte de los voceros oficiales fue la respuesta al informe final emitido por la Comisión Interamericana en relación con la mencionada visita in loco.
Esa misma actitud prepotente y desdeñosa es la que está detrás de la negativa para que se concrete la visita del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación los defensores de derechos humanos, la cual debió tener verificativo desde el 2015. Su realización es impostergable en virtud de los ataques crecientes a que están siendo sometidos quienes han hecho de la defensa de la dignidad humana un auténtico apostolado, lo que se corrobora con el texto de la recomendación general número 25 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El patrón de conducta asumido ante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es el ejemplo más acabado de la dureza gubernamental. La eventualidad de que el informe final que será rendido a fines abril confirme la percepción de que la verdad histórica difundida por la PGR no es tal, sino una genuina patraña, detonó una ola de acciones paranoicas cuyo propósito es linchar mediáticamente al equipo internacional, desacreditar su trabajo, provocar su salida del país y con todo ello estar en posibilidad de relanzar una nueva verdad a modo.
La línea dura en contra de los derechos humanos debe ser abandonada pues atenta contra las víctimas, contraría la reforma constitucional del 11 de junio del 2011, vulnera compromisos establecidos en diversos tratados, le atribuye al Estado responsabilidad internacional y puede propiciar la intervención de la Corte Penal Internacional.
Por lo pronto, a fin de hacer patente la intención de no seguir adelante con esa política, manifiestamente ayuna de inteligencia, es imperioso prorrogar el mandato del GIEI y atender sus recomendaciones. Ésa será la muestra de que efectivamente se está del lado de la verdad, la justicia, la memoria, las reparaciones integrales y las garantías de no repetición de los hechos.