Señales ignominiosas
La línea dura contra los derechos humanos ya está produciendo consecuencias que no tienen paralelo en la historia reciente del país. La primera de ellas es el escalamiento a niveles siderales de la muy torpe confrontación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, como nunca antes había ocurrido, ésta difundió un enérgico comunicado de prensa en el que se rechaza categóricamente la campaña de lodo mediático desplegada en contra del secretario ejecutivo y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y con sólidos argumentos se sostiene que su actuación en el contexto del caso Ayotzinapa se ha ajustado a la normatividad interamericana y a los acuerdos suscritos por los representantes autorizados del Estado mexicano.
Tal suceso ha causado verdadera conmoción en el ámbito internacional pues es la respuesta indubitable a lo que se percibe como un intento de insubordinación ante el ombudsman interamericano. Con ello, vergonzosamente, nos hemos equiparado al Perú de los tiempos de Fujimori, quien a fin de brindar impunidad al grupo paramilitar que masacró a un grupo de jóvenes en el área proletaria de Lima conocida como Barrios Altos, se atrevió a desafiar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La abrupta ruptura con el GIEI es otro colosal daño proveniente de la mano dura que se ha enquistado en las altas esferas gubernamentales. Para tal fin se urdió una maniobra sin lugar a dudas reprobable: la PGR hizo públicos los resultados preliminares del nuevo peritaje practicado en el basurero de Cocula sin haber tomado en cuenta las propuestas hechas por los expertos internacionales y a sabiendas de que existía un acuerdo previo de confidencialidad y de consenso en su presentación.
El giro estratégico hacia la senda del autoritarismo se corrobora con la pretensión de dar curso a una ley reglamentaria de los estados de excepción o suspensión de los derechos humanos y sus garantías, la cual, además de notoriamente impertinente ya que nadie ha hecho plantón alguno clamando por su expedición, es visiblemente contraria a la letra y el espíritu del artículo 29 constitucional, a los mandatos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y otros tratados humanitarios suscritos por nuestro país, y a los estándares y mejores prácticas en la materia imperantes en el plano internacional.
Señales tan ignominiosas como ésas son una grave amenaza para la subsistencia del Estado constitucional de derecho y ameritan una respuesta contundente por parte de las organizaciones de la sociedad civil.