CIDH llamará a cuentas a autoridades mexicanas
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó su misión debido a que no están dadas las condiciones para continuar con su mandato. Ésa es la resultante de una estrategia gubernamental ideada con el propósito de darle carpetazo al caso Ayotzinapa sin la presencia de testigos incómodos. El gran pecado de los expertos fue haber tirado la verdad histórica y haber resaltado la necesidad de interrogar a los efectivos militares del 27 batallón de infantería.
Con ello, trayendo al presente el enérgico pronunciamiento hecho por los ilustres visitantes tras el lanzamiento mediático de la nueva verdad histórica, según la cual 17 de los normalistas habrían sido ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula: “se provocó el quiebre de la confianza, se mostró una enorme responsabilidad y se evidenció muy poca sensibilidad por el derecho a la verdad de los familiares de los desaparecidos”.
Se trata, sin embargo de una victoria genuinamente pírrica, es decir, no conducirá a nada efectivo. Hay que recordar que la intervención del GIEI emanó de un acuerdo de derecho internacional suscrito por el Estado mexicano, la OEA y la representación de los padres de familia de los normalistas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la medida cautelar que exige que se encuentre a los estudiantes y se sepa qué pasó con ellos, la cual derivó de la queja interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo anterior significa que esta última seguirá con el trámite de la petición y llamará a cuentas a las autoridades mexicanas, quienes difícilmente podrán sacar avante una segunda verdad a modo. De hecho, el presidente de la Comisión ya anunció que se creará un mecanismo especial que dará seguimiento al caso al que se sumarían los expertos. Al final del día, hágase lo que se haga, será el ombudsman continental el que dirá la última palabra. Eventualmente, el asunto podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como sucedió en los casos Rosendo Radilla Pacheco y Campo Algodonero (“Muertas de Juárez”), entre otros.
La irracionalidad de la medida se evidencia también con los efectos contraproducentes que podría conllevar en el plano del derecho penal internacional. A través suyo se está poniendo de relieve que el Estado mexicano no quiere o no puede hacer justicia y, por consiguiente, están dadas las condiciones requeridas por el Estatuto de Roma a efecto de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra una investigación preliminar en relación con este escandaloso crimen de lesa humanidad.
Haberse enfrentado a la Comisión Interamericana y haber roto lanzas con el GIEI fue, sin duda, una muy torpe decisión gubernamental que sólo conducirá a la elevación del enorme desprestigio internacional que pesa sobre la presente administración y de ninguna manera evitará que se llegue a la verdad en torno a esta gravísima ofensa al núcleo irreductible de la dignidad humana.