¿A quién está protegiendo el gobierno?

Las conclusiones a las que arribó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) vinieron a confirmar que la tesis de la incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue una magna mentira histórica, la cual fue fabricada poniendo en juego maniobras a todas luces reprobables y posiblemente constitutivas de delitos de servidores públicos, tales como siembra de evidencias, suplantación del chofer del quinto autobús, soslayar la existencia de tortura documentada en al menos 17 de los detenidos y del hecho de que hubo llamadas telefónicas de algunos estudiantes desde Huitzuco e Iguala.

Los miembros del GIEI también hicieron otros pronunciamientos igualmente relevantes: el tercer peritaje de dinámica de fuego practicado en el basurero de Cocula, difundido por la PGR a fin de provocar la ruptura con los expertos, carece totalmente de validez científica, es decir, se trata de un documento enteramente chafa; las actividades de los muchachos fueron monitoreadas, segundo a segundo, por policías locales, policías ministeriales, policías federales, militares y otros cuerpos de seguridad; la policía federal impidió que los muchachos salieran de Iguala; militares adscritos al 27 batallón de infantería les negaron la ayuda que les estaban solicitando.

Muchas instancias internacionales han hecho sentir el reclamo de que el gobierno federal debe atender los señalamientos del Grupo, entre otras, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el relator especial sobre la Tortura, el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y la propia Unión Europea.

En el plano periodístico, en un editorial de The New York Times, se estableció: “Peña Nieto tendría que haberse engañado al pensar que podría dar la vuelta a una atrocidad contra los derechos humanos que enfureció a la nación, cuando el gobierno no tenía respuestas sobre quién cometió el crimen ni por qué”. La influyente publicación The Economist consignó: “Nadie sabe lo que realmente ocurrió, pero todo el país está especulando. ¿A quién, se preguntan los mexicanos, está protegiendo el gobierno? Al ejército y a la policía federal, sospechan muchos”.

Así pues, se está exigiendo al jefe del Estado mexicano que se cumpla con el imperativo jurídico de la verdad, la justicia, las reparaciones integrales y las garantías de no repetición de esta gravísima afrenta a la conciencia ética de la humanidad. Por ello es inútil persistir en la fallida estrategia del hay que darle vuelta a la hoja o intentar sacarse de la manga otra verdad histórica. Hacerlo, además de una tremenda insensatez política, colocará el caso Ayotzinapa en ruta directa hacia la Corte Penal Internacional.