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Que rectifiquen y den marcha atrás al inaudito otorgamiento de facultades que harán posible la interferencia militar en la vida civil.
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Senado atenderá observaciones de la ONU

La acentuada crisis financiera por la que está atravesando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin duda provocada por las maniobras de estrangulamiento económico desplegadas por los Estados a los que se les han hecho fuertes señalamientos, es una cuestión en grado sumo preocupante, ya que implica el incumplimiento de los deberes emanados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el quebrantamiento de los imperativos de la Carta de Bogotá, instrumento fundante de la Organización de Estados Americanos, y el desacato manifiesto de los principios vertebrales contenidos en la Carta Democrática Interamericana.

De consumarse ese designio opositor, podría languidecer una importante instancia de tutela de la dignidad humana a la que pueden acudir las víctimas de violaciones a los derechos humanos, cuando en el plano interno no se ha logrado materializar el círculo virtuoso conformado por la verdad, la justicia, las reparaciones integrales, las garantías de no repetición de los ataques y la preservación de la memoria histórica.

Sin la intervención de la Interamericana habría sido imposible dar voz a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, al general Francisco Gallardo, a Tita Radilla, a los familiares de las jóvenes chihuahuenses sacrificadas en el campo algodonero, a los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán y a las indígenas tlapanecas mancilladas por miembros del ejército.

Así pues, es imperioso apoyar y apuntalar al ombudsman hemisférico. La mirada exterior reviste una enorme trascendencia. Una muestra palmaria del beneficio tangible que ello conlleva es el anuncio de que en el próximo periodo de sesiones del Senado serán atendidas las observaciones emitidas por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México en torno a los apartados del Código Militar de Procedimientos Penales que son opuestos a los tratados internacionales y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es de esperarse que los senadores rectifiquen y den marcha atrás al inaudito otorgamiento de facultades que harán posible la interferencia militar en la vida civil y la intervención de todo tipo de comunicaciones.

Dos gestiones más de la misma índole por parte del alto comisionado de las Naciones Unidas son absolutamente indispensables: la primera, ante los miembros de la cámara alta, para que desechen de entrada la nefasta iniciativa de reformas a la Ley de Puertos y a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, con la que se pretende militarizar los puertos; la segunda, ante los diputados, a fin de que no aprueben la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional pues es claramente violatoria de los estándares internacionales.

La presencia de los organismos internacionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos es a todas luces necesaria. Así lo exige la grave crisis humanitaria en la que se halla inmerso nuestro país.