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Es una fuente de violaciones graves a los derechos humanos.
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Peligros de la militarización
La pretensión de militarizar los puertos y otorgar amplios poderes a ministerios públicos y jueces castrenses para inmiscuirse en la esfera privada de los civiles es violatoria de los severos límites del fuero de guerra, del imperativo que establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más atribuciones que las estrictamente relacionadas con la disciplina miliciana, del principio mandatorio que enuncia que las funciones de seguridad pública son propias de las autoridades civiles, y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las consecuencias de la transgresión a esos principios fundamentales no se circunscriben al socavamiento de los pilares democráticos del Estado constitucional de derecho, también trascienden el ámbito supranacional, pues igualmente se están vulnerando derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y ello puede conllevar el surgimiento de una responsabilidad internacional a cargo del Estado mexicano, tal como fue consignado por la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva 0C-14/94, del 9 de diciembre de l994.
Además de tales dispraxias jurídicas, la intervención de los milicianos en labores que no les competen constitucionalmente es una fuente de violaciones graves a los derechos humanos. Así fue puesto de manifiesto en un reportaje publicado hace unos días por el importante diario estadounidense The New York Times, en el que se asegura que “los militares mexicanos son excepcionalmente asesinos eficientes” y que el gobierno federal “ha hecho muy poco para investigar los miles de casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales adjudicadas a las fuerzas armadas”.
Así pues, por donde quiera que se le vea, la ruptura de los rigurosos muros de contención de la milicia previstos en la Constitución y en los tratados internacionales carece de racionalidad, es absolutamente antidemocrática y puede precipitar el país hacia la senda de las trágicas experiencias vividas en el cono sur en décadas anteriores. El caso de Uruguay, reseñado por Nelson Minello en un ensayo publicado por El Colegio de México, es emblemático en todos sentidos: I) la militarización comenzó con la incorporación de efectivos de las fuerzas armadas a las áreas gubernamentales reservadas a los civiles, II) los militares acumularon tanto poder que lograron imponer a un presidente afín a ellos, Juan María Bordaberry, III) más tarde decidieron dar un golpe de estado que vino a quebrar 40 años de una singular trayectoria democrática y civilista, lo que desató un verdadero baño de sangre y condujo a la otrora Suiza de América por el horrendo derrotero de los crímenes de lesa humanidad.
Lejos de seguir haciendo experimentos propios de un aprendiz de brujo, lo procedente es dar cumplimiento a los requerimientos formulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y programar el inmediato regreso del ejército a los cuarteles.