Francisco Plancarte y García y Naranjo

Al escribir estas notas se está debatiendo la colaboración de civiles y militares para integrar la Guardia Nacional propuesta por el Ejecutivo federal de México.

El parlamento abierto ha sido en mi opinión un excelente trabajo conjunto en el Senado con partidos y diversas instituciones públicas, con académicos y representantes de algunas organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Creo que para la gobernanza global habrá que pensar en algo así y que la diversidad es la mejor fórmula para proyectar las propuestas del Centro Mexicano de Responsabilidad Global (Cemerg) hacia un sistema parlamentario mundial que, a través de la revisión de la Carta de San Francisco de 1945 y del impulso a un parlamento mundial ciudadano, se logre instituir en los próximos años un parlamento mundial con dos cámaras:

1) Cámara de los Estados Nación, como resultado de la transformación de la Asamblea General de la ONU, con representación y voto ponderado de todos y cada uno de los Estados miembro, a partir del procedimiento de revisión establecido en el artículo 109 de la Carta y con fundamento en el principio general de la “autodeterminación de los pueblos”, que hoy en día deriva de la soberanía de la humanidad en un mundo totalmente globalizado.

2) Cámara de representación ciudadana, como resultado del proceso electoral global democrático y transparente propuesto por la nueva Resolución Parmun con fecha 20 de Julio de 2017, dirigida a las universidades de todo el mundo para que, mediante un proceso de siete etapas sucesivas, los estudiantes preparatorianos y universitarios en convenciones regionales, impulsen e instituyan el parlamento mundial ciudadano.

Ahora bien, un parlamento mundial con facultades legislativas y atribuciones de autoridad requiere del respaldo de las policías civiles y fuerzas armadas para hacer cumplir las leyes y resoluciones correspondientes, también para resolver asuntos globales así como para custodiar el respeto de las libertades y derechos humanos de manera subsidiaria, a excepción de cuando en cualquier país se hubiese roto el orden constitucional y se cometieran los delitos de guerra, genocidio o cualquier otro de lesa humanidad contra la población.

Por lo tanto, se propone al gobierno de México que, como país pacifista y con fundamento en el artículo 89 fracción X, de nuestra Constitución, se adopten las medidas necesarias para impulsar en la próxima Asamblea General Anual de la ONU, que se inaugurará en septiembre de este año, la revisión de la Carta de San Francisco para iniciar un proceso de transformación hacia un sistema parlamentario humanista mundial, que sea respaldado por una guardia global integrada por civiles y militares de los paises miembro, siguiendo el ejemplo del gran esfuerzo que se está realizando a favor del Estado de derecho en México.

Cemerg como centro de pensamiento ha propuesto la creación de una “red por el Estado de derecho en México y el mundo”, en razón de que nuestro planeta es uno y no puede continuar fragmentado en medio de la anarquía global de soberanías nacionales “absolutas”, que pertenecen a otra época.

El mundo ya cambió y nuestro querido México merece un Estado de derecho democrático y transparente que goce de las libertades y derechos humanos reconocidos en el artículo 1 de la Constitución y que el Ejecutivo federal que “en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…” cumpla su deber de luchar por la paz y la seguridad internacionales, tal como lo ordena la fracción X del artículo 89, ratificada por el 3er párrafo del citado artículo 1o.

En consecuencia, la Doctrina Estrada ya fue superada en la propia fracción X del artículo 89 y por el artículo 1 constitucional, que otorga un amplio reconocimiento a los derechos humanos, a partir de la Declaración Universal del 10 de diciembre de 1948 y de todos los tratados internacionales de derechos humanos, signados por México, que forman ya parte de la ley suprema de la Unión, con fundamento en el artículo 133 de la dicha Constitución.

 

Si realmente queremos para México una Guardia Nacional que proteja la paz y la seguridad, que respete nuestros derechos humanos, con la participación y colaboración de civiles y militares, también debemos querer y promover en paralelo una guardia a nivel global.

 

México tiene la gran oportunidad de ser punta de lanza en su política exterior en favor del multilateralismo para blindar nuestro Estado de derecho y de manera congruente promover y hacer realidad el respeto y salvaguarda de los derechos humanos en los términos que el artículo 28 de la Declaración Universal  que a la letra indica que: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que las libertades y derechos proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.

Si realmente queremos para México una Guardia Nacional que proteja la paz y la seguridad, que respete nuestros derechos humanos, con la participación y colaboración de civiles y militares; también debemos querer y promover en paralelo una guardia a nivel global por congruencia y porque nos conviene (y mucho) establecer una sólida y amplia vinculación con todos los paises del mundo, para no depender de ninguna potencia y gozar plenamente de los beneficios futuros de ser parte activa y comprometida de la comunidad internacional y disfrutar de las libertades y derechos en igualdad para todos los pueblos del mundo.

México necesita un gran tema de política exterior, sobre todo, porque somos una nación multicultural con la determinación de participar en el progreso compartido del mundo del siglo XXI.