“Antonio López de Santa-Anna, etc. Sabed: Que en uso de las facultades que la nación se ha servido conferirme, he tenido a bien decretar lo siguiente:
Art. Se establece una contribución por las puertas y ventanas exteriores de los edificios urbanos y rústicos de la República.
…
Dios y libertad. México, Enero 9 de 1854.”
La tenencia es un impuesto de relativa creación. En México apareció en 1968 con un fin específico: financiar los juegos olímpicos que se celebraron ese año. Como todos los impuestos, una vez que son aceptados por la población, se convierten en permanentes. Ese impuesto, en un principio, fue llevadero. En la actualidad es confiscatorio.
Hubo impuestos que desaparecieron; uno de ellos, el de capitación, que en la antigüedad se cobraba a los habitantes por el simple hecho de tener cabeza, dejó de cobrarse. Subsistió el que se cobra a al capital que posee una persona. El impuesto que la administración de Antonio López de Santa-Anna impuso a quienes tenían ventanas desapareció con su caída. Fue excepciones a la regla.
También es de reciente creación el impuesto al valor agregado. No pasa de medio siglo de haber sido adoptado en México. Se aceptó y consolidó por razón de que permitía un mejor control y una mayor captación de recursos.
Los impuestos sobre la renta, el predial, de traslación de dominio, sobre herencias, legados, mejoras y otros son viejos.
El fisco es insaciable. Siempre esta buscando nuevas fuentes impositivas y la forma de aumentar el importe de los existentes. La actual administración pública de la Ciudad de México no es una excepción.
Quienes proponen los impuestos, el gasto y el endeudamiento: las autoridades ejecutivas; y quienes los aprueban: los poderes legislativos, federal y locales, no se preocupan de que a cambio de lo que se cobra a la población, se presten mejores servicios a la comunidad. Como sucede en todas las materias, una vez que alguien resulta electo, tanto como autoridad ejecutiva, como legislativa, se olvida de sus electores. Se nos prometió que con las autoridades actualmente en ejercicio todo sería diferente. Si lo son, no se nota.
Los electores poco informados o muy desmemoriados no saben que sus representantes deben rendirles cuentas; también olvidan, al ejercer su derecho público a elegir, que los responsables de crear impuestos, de subir su monto y de gastar lo recaudado, son aquellos que en cada elección le piden su voto.
Ningún partido o candidato contempla como plan de gobierno reducir las materias gravables o el monto de los impuestos vigentes. Los límites constitucionales al endeudamiento público son teóricos y franqueables en cualquier momento. No hay gobernante que se estime como tal que, al asumir el cargo, no procure endeudar a su gobierno o a su entidad.
Es esta materia, en México, no hay distinción entre gobiernos emanados de la revolución, panistas o morenistas. Todos tienen una insaciable hambre de dinero.
Lo anterior viene a colación en razón de que, de unos días acá, se ha venido hablando de que propietarios de automóviles de lujo, con el fin de eludir el pago del impuesto sobre tenencia que existe en la Ciudad de México, se dan de alta y emplacan sus vehículos en entidades aledañas y que, concretamente, lo están haciendo en los estados de Morelos y de México.
Los estados en los que no existe el impuesto de tenencia, al parecer han visto incrementar sus ingresos y, en cambio, no tienen los inconvenientes que el incremento de tráfico vehicular trae aparejado. No están obligados a tener buenas calles ni a dar seguridad a quienes dan de alta sus automóviles. En este juego salen ganando los particulares y las autoridades de esas entidades. Pierden, por su ambición desmedida, las de la Ciudad de México.
Para evitar esa forma de evasión, las autoridades locales contemplan varias soluciones: una, restringir la circulación de los vehículos foráneos; otra, establecer horarios para que lo hagan; una más, entrar en negociaciones con las autoridades de las entidades que no cobran la tenencia en función del precio del vehículo, con el fin de que lo hagan.
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Al suponer que esas son soluciones, pasan por alto cuando menos dos circunstancias: una, que el de circular es un derecho humano universal; y la otra, que esas entidades pudieran establecer idénticas restricciones a los vehículos de la Ciudad de México. En este supuesto todos saldríamos perdiendo. No es una solución.
Las autoridades de la Ciudad de México no contemplan la adopción de lo que pudiera ser la solución razonable y adecuada: bajar el impuesto sobre tenencia a niveles aceptables y que no sean prohibitivos, como lo son actualmente. Deberían ser de tal forma que los particulares no muestren interés en ir a otra entidad a dar de alta sus automóviles.
Quienes los dan de alta en otras entidades no cometen ningún delito, simplemente hacen lo que cualquier ciudadano común y corriente haría: defender su dinero. Habría un ilícito para el caso de que, el domicilio señalado no corresponda el usuario del automóvil. Esto es importante para los efectos del fincamiento de responsabilidad para el supuesto de un accidente y de tener que responder por los daños que eventualmente se causen.
Es público y notorio que las agencias de automóviles proporcionan a los compradores de autos de lujos, domicilios que señalar para darlos de alta, ubicados dentro de los estados de Morelos y de México, para cumplir con el requisito de contar con uno. Lo que pudiera ser constitutivo de delito.
Todo tiene solución, una sería que las autoridades de las entidades de los estados de Morelos y México exijan como requisitos el que se acredite que el vehículo cuenta con seguros por daños a tercero. Otra, que es complementaria de la anterior: identificar plenamente al propietario, recabar todos los datos que los identifiquen y por virtud de los cuales puedan ser ubicados fácilmente. Con lo anterior no sería necesario mentir.
Es un hecho que quien tiene dinero para adquirir un automóvil de lujo es factible que tenga una casa en los estados aledaños a la Ciudad de México o que cuente con amigos o familiares que sí la tienen.
Como dice el dicho: todo tiene solución, menos la muerte. Las autoridades de la Ciudad de México deben enfrentar una realidad: siempre habrá forma de eludir el pago de un impuesto y, sobre todo, aquellos que son confiscatorios como lo son los que han emitido, en su afán de vaciar los bolsillos de los contribuyentes.
Esas autoridades nunca han pensado en reducir el costo de la administración pública. En su afán de contar puestos burocráticos que ofrecer a su clientela política, procurar encontrar nuevas fuentes gravables o incrementar el monto de los impuestos que se cobran.
Una sana política hacendaria indica que la solución es bajar el importe de la tenencia y no obligar al usuario a recurrir al fraude a la ley, para evitar pagar un impuesto que es, a todas luces, confiscatorio.