Se habla del estado de derecho, del combate a la impunidad y de la justicia casi a diario desde las más altas elites del poder público, aunque la realidad apunta en otra dirección; cada vez se registran más grupos de civiles en armas, delitos que se cometen a plena luz del día y a cielo abierto, lo cual exhibe una crisis vinculada a la erosión de instituciones que pone de relieve manifestaciones claras de ingobernabilidad.
Tenemos una Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que registra cientos de reformas, es obvio que los tiempos cambian por lo que resulta lógico hacer adaptaciones, aunque al final parece ser letra muerta porque la realidad objetiva lo afirma y describe.
Resulta imperativa la necesidad de aplicar la norma vigente porque en caso opuesto sólo se va a robustecer la impunidad que es la antítesis del derecho, es precisa la normatividad porque los seres humanos la necesitan por su propia naturaleza depredadora, así lo expresaron hace siglos los contractualistas del poder como Tomas Hobbes y Juan Jacobo Rousseau, es decir los pactos sociales para garantizar una convivencia deseable.
El debate en torno a convocar un nuevo congreso constituyente ya resulta un lugar común que no rebasa el efímero tiempo de la coyuntura al evocar el documento promulgado en Querétaro en 1917 en el ahora llamado teatro de la República antes Iturbide, la procuración y administración de la justicia debe generar certidumbre porque la ilegalidad e injusticia son el binomio que carcome el tejido social.
Diversos presidentes de la república han modificado a nuestra Ley Fundamental, en algunos casos para cumplimentar sus proyectos, agregar su sello personal y procurar con ello agenciarse un lugar en la historia, otros se han tomado muy a pecho su papel transitorio y creen que habrán de reinventar a México, al final los problemas estructurales no se resolvieron, el presente nos sirve para hacer un recuento al respecto.
El contenido del documento constitucional en 1917 reconoce derechos universales, ratifica la educación laica, reitera la separación iglesia-Estado; el artículo 123 reconoce a la clase trabajadora, la Ley Federal del Trabajo es la legislación reglamentaria.
Ahora vivimos tiempos atípicos en los que destaca el poder de lo efímero. En el año 2011 nuestra Constitución registró una gran reforma para situar a los derechos humanos al centro, reconocimiento pleno a tratados internacionales pro persona.
La impunidad implica que no existe la aplicación de castigo, la procuración y administración de justicia en nuestro país son elementos nebulosos. Más allá de pronunciar estentóreos discursos a favor de un nuevo constituyente lo fundamental es asumir a plenitud la responsabilidad. Se trata del “evangelio laico escrito por hombres libres”, como se puede leer en el epitafio de los constituyentes de 1917.
La realidad exige asumir responsabilidades, voluntad y combatir a fondo la ilegalidad, la impunidad es una tumoración social que visibiliza el déficit en materia de justicia, los numerosos crímenes cotidianos son un reflejo de ello.
Los actores políticos a diario viven y se alimentan de la descalificación, la cultura política se torna rústica y el imperio de la ley como algo distante, casi como una quimera.