El gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, en varias ocasiones hizo gala de su poder ordenando encarcelar a personas acusándolos del ilícito de Ultrajes a la Autoridad, no tuvo empacho alguno en admitir la utilidad para su administración aplicando la disposición contenida en el Código Penal de su entidad, en múltiples ocasiones se ufano de tener a su disposición la norma que lo legitimaba a encarcelar a quienes consideraba la habían transgredido.

La laxitud de esa disposición contenida en el Código Penal veracruzano le dio manga ancha para hacer de las suyas, ya lo dice el refrán: “dale poder a una persona y lo conocerás”, en campaña son unos y en el ejercicio del poder salen a relucir sus verdaderas personalidades. En realidad, los habitantes de esa entidad llevan varios sexenios padeciendo las inclemencias de gobiernos prepotentes, sin embargo, el actual ha rebasado con mucho los excesos de sus antecesores.

La H Suprema Corte de Justicia de la Nación, como era de esperarse, declaró la inconstitucionalidad de esa porción normativa, ya en ocasiones anteriores con iguales textos de diferentes entidades había emitido resoluciones similares, al considerar que dentro de la lógica política es utilizado para responder al descontento social mediante la represión, es un instrumento de censura que limita las libertades, especialmente la de manifestación y de expresión.

Es usado en forma reiterada para criminalizar el derecho a la libre manifestación y la libertad de expresión, en otras palabras, su vulnera el derecho a la protesta, a disentir. Cabe agregar la enorme facultad y discrecionalidad a favor del gobernante para decidir y calificar la comisión de ese delito, dejando en estado de indefensión al gobernado y vulnerando sus derechos humanos.

Se dice que hay más de mil personas detenidas en la entidad acusadas de ese ilícito, las que podrían alcanzar su libertad en breve una vez que ha sido derogado el delito, no obstante, en su derecho de pataleo el gobernador acusa que grupos delictivos podrían estar detrás de las acciones en torno a la derogación, acusación aventurada, seria, irresponsable, sin fundamento alguno y que va dirigida a importantes y destacados servidores públicos.

Por otra parte, anuncia que presentará una iniciativa al Congreso local para sustituir el delito declarado inconstitucional, con otra denominación y redacción, más de lo mismo, el objetivo consiste en continuar haciendo uso de facultades represivas, a la par de informar el manejo y dominio que tiene sobre el legislativo.

Es verdaderamente lamentable que personas de esa calaña auspiciados, sostenidos y apoyados desde el centro, continúen desempeñando altos puestos con grandes responsabilidades y los utilicen para satisfacer sus egos y sacar a relucir sus complejos.

Eso ocurre cuando no se tiene ni preparación ni convicciones, aspecto recurrente en estos días, en que las lealtades personales se encuentran por encima de las razones de Estado, del respeto a las instituciones y del apego a la legalidad. Los demonios siguen sueltos.