A pesar de que el estado de Guerrero no ha sido impactado directamente por los fenómenos meteorológicos más recientes, las lluvias registradas entre el 5 y el 11 de junio, han evidenciado la creciente vulnerabilidad del territorio y la ausencia de políticas públicas eficaces que enfrenten de manera estructural los efectos del cambio climático.
Esta omisión resulta aún más preocupante al considerar que el principal activo económico de la entidad es el turismo, el cual depende directamente de la estabilidad ambiental y urbana de sus destinos costeros y la amenaza que se percibe a mediano es una afectación ambiental que destruirá el patrimonio de ese sector económico.
La ubicación geográfica del estado, con costas abiertas al Océano Pacífico y una importante franja montañosa, lo convierte en una zona altamente susceptible a huracanes, tormentas y lluvias intensas. Esta exposición natural al riesgo se ve agravada por la pérdida progresiva de barreras naturales como los manglares y la falta de infraestructura adecuada para la prevención, mitigación y atención de desastres.
La ocupación irregular de cauces pluviales y arroyos, impulsada tanto por la pobreza como por el clientelismo político, ha aumentado la exposición de la población a desastres. A pesar de las lecciones que dejaron los huracanes Paulina (1997), Henriette (2007), Ingrid y Manuel (2013), Otis (2023) y John (2024), no se tradujeron en una transformación real del enfoque de gestión del riesgo: predomina una política reactiva y de corto plazo, sin un marco normativo integral que priorice la prevención y la resiliencia.
Cada año, autoridades municipales y estatales alertan a las familias asentadas en zonas de riesgo sin lograr erradicar la ocupación de zonas inundables. Lo más preocupante es que no solo se trata de asentamientos precarios: desarrollos inmobiliarios formales han sido autorizados en estas zonas con el aval de ayuntamientos que han flexibilizado los usos de suelo sin considerar criterios de sostenibilidad o riesgo ambiental.
En Acapulco, al menos 5 mil 900 familias habitan en zonas de alto riesgo. Protección Civil ha identificado 104 puntos críticos, de los cuales 37 son zonas inundables.
En la Costa Chica, tras el paso del huracán John, se identificaron 10 nuevas zonas de alto riesgo, afectando a mil 800 familias. En la Costa Grande, se estima que más de mil 500 familias viven en condiciones de vulnerabilidad.
En Zihuatanejo, el segundo polo turístico en importancia, a pesar de esfuerzos de mitigación como encauzamientos y muros de contención, al menos 80 viviendas en asentamientos irregulares continúan en riesgo, distribuidas en 12 colonias vulnerables.
Las lluvias asociadas a las tormentas Alvin y Bárbara provocaron deslaves en zonas urbanas de Acapulco, mientras que el oleaje del mar de fondo dañó severamente la infraestructura de playa, afectando condominios de alta gama en la zona Diamante como Velera, Bahía, Ocean Club, entre otros. En Chilpancingo, las lluvias causaron afectaciones en vialidades clave como la Autopista del Sol, lo que requirió activar protocolos de emergencia por parte de autoridades estatales y municipales.
Acapulco concentra el mayor número de problemáticas derivadas del desorden territorial y la ausencia de planificación ambiental. La falta de espacios seguros para reubicar a la población desplazada y la permisividad institucional para autorizar desarrollos inmobiliarios en zonas naturales han llevado a una situación insostenible. Tras el huracán John, 128 mil personas resultaron afectadas y 40 mil viviendas fueron inundadas. Al menos la mitad de estas viviendas deben ser reubicadas por estar en zonas inhabitables, pero el municipio carece de reservas territoriales aptas para dicho fin.
El actual modelo de protección civil en Guerrero enfrenta limitaciones estructurales: carencia de personal técnico capacitado, falta de equipamiento, y ausencia de un sistema de gestión integral del riesgo. La elaboración e implementación de Programas Internos de Protección Civil (PIP), con planes de emergencia, simulacros, identificación de riesgos y medidas preventivas, debe ser obligatoria y efectiva en instituciones públicas, empresas y centros turísticos.
La selección de titulares del área está determinada por factores como compadrazgo y compromisos políticos. Si bien la ley establece criterios para la selección de estos cargos, la realidad puede ser es diferente debido a la influencia de redes personales y políticas dentro del gobierno estatal y de los municipios.
Asimismo, es indispensable fortalecer la coordinación entre gobierno, sector privado, comunidad y academia, y garantizar la capacitación continua de la población en temas como evacuación, primeros auxilios y prevención de incendios.
Las políticas de Comunicación Social también observar modificaciones. Se hacen a partir de minimizar los riesgos o bien ocultarlos argumentando que no se debe generar pánico entre la población ni ahuyentar a los paseantes y se cree estar defendiendo la economía del estado cuando en realidad se incrementan las condiciones que derivan en desastres.
Guerrero requiere con urgencia una política pública clara, transversal y con visión de largo plazo para enfrentar el cambio climático. Esta debe trascender la visión asistencialista y electoralista que actualmente domina las decisiones sobre el territorio. La inversión en prevención, infraestructura resiliente, y la restauración de ecosistemas protectores debe ser prioritaria.
La iniciativa federal “Acapulco se Transforma Contigo”, anunciada tras Otis y John, es un avance en materia de reconstrucción, pero su enfoque sigue centrado en la reparación de daños, sin que se aborden de fondo los factores estructurales del riesgo.
Sin una transformación real del modelo de ocupación del territorio y sin una institucionalidad robusta en gestión del riesgo, Guerrero seguirá condenado a enfrentar cada año nuevas emergencias con los mismos errores.