¿Les platico? ¡Arre!
La historia se remonta al año 2017, el segundo en el gobierno de Jaime Rodriguez, “El Bronco”.
Bajo su administración arrancó el Proyecto Monterrey VI, para llevar agua a la zona metropolitana de Monterrey desde el Río Pánuco, en Veracruz, mediante una tubería de 372 kilómetros, que sería financiada a través de una asociación público-privada, a pagarse en 27 años.
La licitación pública nacional fue ganada por Aquos Promotora de Infraestructura, integrada por cinco firmas, entre ellas Concretos y Obra Civil del Pacífico, subsidiaria de Higa, y Controladora de Operaciones de Infraestructura, subsidiaria de ICA, que fueron adquiridas por Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez -de Televisa- y el inversionista regio, David Martínez -Fintech- en el año 2017, a los nietos de Bernardo Quintana.
Por cierto, Alfonso y Bernardo forman parte del pomposo consejo para la promoción de inversiones, formado por la presidente Sheinbaum en diciembre pasado.
El acueducto Monterrey VI fue anunciado desde octubre de 2012 y costaría $47,000 millones.
Fue cuestionado por organismos empresariales, ambientalistas y civiles, debido a que causaría daños al medio ambiente y no resolvería el problema de fondo.
El ex gobernador Rodríguez anunció en abril 2017 su cancelación por inviable y dijo que se estaban analizando alternativas que no contemplaban a Higa ni a ICA.
La firma Aquos Promotora de Infraestructura, representante de Higa e ICA, inició un trámite judicial para la designación de un árbitro que determinara si tenía derecho a una compensación multimillonaria por la cancelación del acueducto citado.
Nunca se trató de una demanda judicial. La designación de un árbitro estaba prevista en el contrato de asociación público-privada del proyecto cancelado.
Gerardo Garza González, titular de Agua y Drenaje en 2017 y 2018, aseguró que Aquos no comprobó los gastos que hizo y debía hacerlo para acreditar la procedencia de la indemnización reclamada.
A la llegada de Samuel Garcia, siendo secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco, se hizo cargo de la defensa legal.
El Coordinador del Gabinete de Buen Gobierno de NL es árbitro internacional y sustentó la defensa en la inexistencia de los daños reclamados y en el hecho de que el contrato entre el gobierno de NL y Aquos, nunca entró en vigor por el incumplimiento del proveedor.
El fallo final del proceso de arbitraje acaba de ser oficial, en favor del gobierno de NL, habiéndose determinado un monto a pagar de tan solo $32 millones.
Esta acción legal evitó el desembolso de $3,368 millones que reclamaban las empresas Higa, ICA, Rogar, Recsa y Pyecsa, a través de uno de sus representantes, Humberto Armenta.