EDITORIAL
Las ocho exigencias planteadas por los padres de los normalistas al presidente de la república van más allá de la creación de una unidad o fiscalía especializada para investigar lo sucedido en Ayotzinapa. Confirman que ha nacido un movimiento político social con directrices muy claras para conmover las estructuras de poder.
De la lectura de los ocho puntos, enviados por el Centro Pro de Derechos Humanos a todos los medios horas antes de que concluyera el encuentro, se desprende que el “movimiento Ayotzinapa” busca que se erija un tribunal internacional para juzgar al gobierno mexicano.
En el último apartado, los padres de familia demandan al titular del Ejecutivo federal que “requiera formalmente a la ONU la creación de una comisión internacional contra la impunidad, la corrupción, la violación a los derechos humanos y los conflictos de interés”. Una exigencia que de tener respuesta implicaría llevar a cabo una purga de funcionarios.
El documento fue escrito como un ultimátum. No hay espacio para el diálogo o el acuerdo. Se advierte que ya hay otras miras. Que la tragedia de los 43 estudiantes pretende ser la causa que dé origen a un proyecto de poder.
¿A quién, entonces, le interesa la verdad sobre Ayotzinapa? La verdad técnica o científica, la verdad a secas, no le interesa a muchos. Cuando menos a varios de los actores involucrados en una tragedia que ha marcado a México para siempre.
Tal parece que autoridades, padres de familia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), partidos políticos y medios de comunicación buscan por sobre todas las cosas tener el control de la investigación para imponer una verdad. La verdad que conviene a unos y no a otros.
Los acontecimientos de los días previos al 26 de septiembre, primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, dejan ver que el país está en el centro de una serie de intereses nacionales y extranjeros que se disputan su control y destino.
Y que Ayotzinapa le vino como “anillo al dedo” a quienes estaban buscando, desde hace tiempo, una rendija para intervenir en los asuntos internos del país. Y que los errores y omisiones contenidos en la investigación de la Procuraduría General de la República abrieron la puerta para que una ONG, como la del GIEI, exhibiera la debilidad moral y la corrupción que existe en las instituciones de justicia.
El único veredicto válido hasta el día de hoy es que la falta de confianza en la justicia mexicana ha conseguido lo que una operación militar no hubiera logrado con tanto éxito: que agentes extranjeros impongan sus decisiones dentro del sistema de justicia mexicano.
Aunque el gobierno aceptó de buena fe —y porque las circunstancias así lo exigían— que, a petición de los padres de familia, el GIEI se encargara de la investigación, el tiempo ha permitido advertir las consecuencias de esta decisión: se ha colocado la soberanía jurídica y política en manos de una ONG que para muchos tiene un origen dudoso.
Los posibles vínculos de Francisco Cox, abogado chileno que participa activamente en el GIEI, con la fundación del multimillonario norteamericano George Soros, Open Society Institute, obliga a preguntar si los expertos son meros defensores de los derechos humanos o tienen otro tipo de intereses.
Y la duda cabe porque Soros reconoció en una entrevista que concedió en 2014 a la cadena de televisión CNN que está dedicado a crear fundaciones que financian ONG dedicadas a promover “revoluciones de colores” para derrocar gobiernos.
Después de la reunión con los padres de los 43 estudiantes, ¿qué sigue? Los líderes lo tienen muy claro: provocar la caída del Presidente.