Desde una perspectiva de seguridad pública, el principal riesgo analítico consiste en asumir que toda movilización, bloqueo o rechazo a las fuerzas de seguridad constituye evidencia directa de una “base social” criminal.
El dato desmiente la narrativa de un simple plebiscito sobre Claudia Sheinbaum: lo que está en juego es si Morena puede retener un dominio territorial construido en 2018 y 2024, mientras una oposición fragmentada intenta demostrar que aún respira.
El equipo de Berkeley intenta documentar algo que ninguna instancia mexicana ha reconocido oficialmente: la posible correlación entre la retórica presidencial contra la prensa y los ataques posteriores contra comunicadores señalados por su nombre desde el atril.
El Indicador Multidimensional de la Manufactura (IMM BBVA Research) avanzó 3.2% anual en agosto, prácticamente calcado del promedio del primer semestre (3.1%). No es una aceleración; es una meseta.
De acuerdo con un avalúo que forma parte de la escritura obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el inmueble tenía un valor comercial de 47 millones 170 mil pesos en mayo de 2022.
Instituciones como el Consejo Nacional de Población y organismos internacionales calcularon que el bono demográfico mexicano se extendería, en su forma más favorable, hasta 2025 o 2030.
El estado de Veracruz se ubica como la demarcación con el mayor número de casos acumulados entre 2001 y 2026, al registrar 34 homicidios de comunicadores.
Su lectura señala riesgos que requieren atención para evitar que los avances de la estrategia gubernamental en materia de seguridad pública sean insuficientes o difíciles de sostener.
Los contratos de la Marina fueron otorgados en 2024 y 2025, cuando Cazarín ya había comparecido ante una corte federal de Nueva York y se había declarado culpable de conspirar para violar la legislación estadounidense contra prácticas corruptas en el extranjero.
Estos permisos mineros se suman a otras 10 concesiones otorgadas previamente tanto a Aspasur como a Reger de Tabasco, en la que son accionistas integrantes de la familia Bermúdez Requena.
El verdadero desafío para Morena consiste en que el mecanismo utilizado para resolver la candidatura comienza a ser cuestionado precisamente por quienes deberán acompañar electoralmente a quien resulte finalmente postulada.
El reporte muestra que las principales causas de muerte estuvieron relacionadas con enfermedades crónicas y padecimientos que afectan distintos órganos.
Mientras el discurso institucional enarbola la austeridad como premisa ineludible, las declaraciones y trayectorias de estos funcionarios dibujan una realidad económica francamente boyante.
El propio boletín reconoce algo que rara vez se destaca en los titulares: los intervalos de confianza al 95% para agosto van de -0.5% a 2.3% en la variación anual, un rango tan amplio que incluye la posibilidad de una contracción.
La abogada Mónica Calles Miramontes, litigante de trabajadores despedidos del Instituto Nacional Electoral (INE), denunció públicamente que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en su contra apenas tres días después de que difundiera un video de una diligencia laboral en la que representaba a una extrabajadora del organismo. El Seguir Leyendo
En los cuatro casos, la controversia no giró en torno a las plataformas o los perfiles, sino a la opacidad de las encuestas que sustentaron cada resultado…
El procedimiento fue idéntico —encuestas internas validadas por la Comisión Nacional de Elecciones—, pero las reacciones de los aspirantes derrotados revelaron dos culturas políticas distintas dentro del mismo partido.
La inflación general anual de agosto se ubicó en 3.3%, una décima por debajo del 3.6% registrado en 2025. El relato oficial celebrará esta desaceleración como evidencia de estabilidad macroeconómica.
En conjunto, el SAT determinó que entre 2020 y 2021 la empresa de Tapia Franco omitió el pago de más de 221 millones de pesos en IVA e ISR.
Los mensajes deben interpretarse no únicamente como expresiones de intimidación, sino como una acción de presión criminal dirigida contra el aparato de seguridad federal, con cuatro objetivos probables.
