Entrevista a Samuel González Ruiz | Exasesor de la ONU

Irma Ortiz

Mientras voces perredistas candidateaban a Emilio Álvarez Icaza como quien debiera encabezar la fiscalía especial sobre el caso Ayotzinapa, la organización civil Alto al Secuestro demandaba que el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH de la OEA, dejara el caso por existir un conflicto de interés con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza y por la politización del caso.

Isabel Miranda de Wallace, acompañada por el exasesor y comisionado de la ONU durante la gestión de Kofi Annan, Samuel González Ruiz, recordó que los estatutos del personal de la Organización de Estados Americanos les prohíben tratar asuntos del país del que son originarios. Puntualizó que se violó el

artículo 101.7 del reglamento del personal de la Organización que se refiere a declaraciones de lealtad, ética y conducta de conflicto de intereses.

González Ruiz cuestionó además el financiamiento y la transparencia en los objetivos políticos de algunas organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento privado de organizaciones como la Open Society Foundation de George Soros —multimillonario estadounidense que reconociera su apoyo a organizaciones que favorecieron el golpe de estado en Ucrania— y que han hecho de la lucha por Ayotzinapa su objetivo central.

A unos días de que se cumpla un año de la desaparición de los 43 normalistas, diversas ONG han intensificado sus ataques contra el gobierno federal, mientras que los padres de los jóvenes demandaron este jueves, durante su entrevista con el presidente Enrique Peña Nieto, la creación de una unidad especializada de investigación y solicitaron que el GIEI continúe su labor “hasta que haya justicia y verdad”.

Samuel González Ruiz, quien fuera responsable de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de 1996 a 1998, habla en entrevista exclusiva para Siempre! de la necesidad de una investigación de carácter penal que tendrían que realizar expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC.

Impedido de participar

¿Qué hay del conflicto de interés con Emilio Álvarez Icaza en el caso Ayotzinapa?

Lo que dije fue que el secretario técnico de la CIDH Emilio Álvarez Icaza, por ser mexicano y tener intereses en Guerrero en la financiación de algunos grupos de derechos humanos, está impedido de participar, porque los sufragan elementos comunes de grupos que él ha formado, como Cencos y Prodh, que reciben dinero de un mismo donante norteamericano. Como consecuencia, debiera informar de los posibles conflictos de interés que tiene con esos grupos.

El maestro Álvarez Icaza tiene vínculos con quien fuera su primer visitador cuando fue titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal, Mario Ernesto Patrón Sánchez, quien hoy es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y quien está defendiendo al grupo de Ayotzinapa, por lo que se convierte en juez y parte.

Ése es un elemento técnico que debió hacer sido hecho del conocimiento del propio secretario de la Organización de Estados Americanos, según el artículo 101.7 y 101.4 del reglamento personal de la OEA.

En el capítulo de las reglas de la CIDH, se dice claramente que ninguna persona que forma parte de la Comisión puede ver asuntos de su propio país. Tampoco puede tomar la defensa de ninguna de las partes, todo está hecho para que se respeten las reglas independientemente de los motivos que la gente tenga. Un ejemplo, como fiscal no puedo investigar a personas con las que tengo algún tipo de relación cercana, si yo fuera funcionario público no le puedo dar contratos a mi esposa, aunque sea la mejor y presente el mejor precio o casi lo regale al gobierno, hay impedimentos para hacerlo.

El maestro Emilio Álvarez Icaza no debió haber participado en ningún aspecto que tenga que ver con México, está impedido, y desde el momento en que es secretario técnico de la comisión, se ha dedicado, la mayor parte del tiempo, a ver asuntos que tienen que ver con México, cuando está impedido, no debe hacerlo, no se ve bien, huele mal.

Quién propuso que llegaran los expertos de la CIDH, como es el caso del chileno Francisco Cox Vial; pues una persona que ha sido financiada por la misma organización que sufraga las organizaciones de Álvarez Icaza como es el caso de Cencos, el Centro Agustín Pro. Ellos reciben financiamiento de un solo grupo norteamericano llamado Open Society Institute, y que sufraga George Soros, y uno se pregunta cómo es posible que el financiamiento llegue de una sola fuente. No se puede tener distancia crítica de que me financie esa fuente si todos están apoyados por el mismo dinero.

Qué distancia crítica van a tener si están haciendo una investigación que como se ve claramente en el caso de Iguala, en toda la primera parte no les interesó ni el origen de la escuela, ni el comportamiento de los alumnos. Ven como una cosa normal que ocurran situaciones como la quema de la fiscalía, que hagan destrozos; ven normal que se roben autobuses y que los incendien luego de los hechos de Ayotzinapa, y qué te dicen, ¡pues que son tolerados!

No es un asunto solamente abstracto. En el reporte de la CIDH hay cosas muy importantes pero también hay elementos donde existe un conflicto de intereses y las declaraciones particularmente del señor Cox son de ponerse en entredicho, el señor es financiado por las mismas organizaciones que financian la lucha del movimiento de Ayotzinapa. Simplemente debió haberse abstenido y por no haberlo hecho contaminó el reporte.

El problema que ahora tiene es explicar por qué quería ser fiscal; él estaba siendo propuesto por algunos grupos parlamentarios usando el reporte de Iguala y por la comisión que dependía de él, y ahora lo usa de manera política.

¿Qué quiere decir usarlo de manera política?, nada más y nada menos —como quedó claramente representado en la revista Proceso— es que es la catapulta de lo que él quería ser: fiscal del caso Ayotzinapa, es un elemento claramente representado. Nos dan la razón, el señor iba a usar ese reporte para impulsarse y ser el próximo fiscal del caso Ayotzinapa y así lo estaban manejando los grupos parlamentarios. Ahí se vuelve a demostrar el conflicto de intereses.

 

Debió participar la UNODC

¿Quién debió haber participado en el reporte?

La oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), donde yo trabajé, porque ahí sí tienen los expertos de drogas y crímenes para apoyar al gobierno mexicano.

Fíjese cómo está más contaminado el debate, sale algún coordinador parlamentario —Fernando Herrera Ávila, del PAN— a decir que se debe crear una fiscalía en la OEA —ésa es otra propuesta—, estoy hablando hasta aquí del apoyo técnico al país, y es lo que debe hacer la ONODC, pero lo que dice el PAN es que debe haber una fiscalía en la OEA.

Ésta nunca ha hecho una fiscalía, los únicos que han hecho tribunales internacionales derivados del capítulo séptimo —porque ésas son las funciones de la Carta de la ONU— que regula el Consejo de Seguridad— son Naciones Unidas. Si quisieran hacerlo, la única que tiene la experiencia y la capacidad para hacerlo es la ONU.

Las organizaciones regionales, como la OEA, no pueden usar la fuerza, la única que tiene autorización de usar la fuerza es el consejo de seguridad de la ONU. En cambio, en la CIDH, ni siquiera hay fiscales, son expertos en derechos humanos, y ¿de qué se trata Ayotzinapa?, de un problema de derechos humanos, sí, pero más importante que un tema de derechos humanos es que se trata de un problema penal, de investigación criminal, y eso debe ser resuelto por la oficina técnica de la ONU que se encarga de apoyar esos elementos.

¿Qué escenarios ve cuando lo que se advierte es que se politiza cada vez más el tema?

Ése es el gran problema, por eso la señora Isabel Miranda de Wallace dijo que los políticos y los partidos deben dejar de tomar el caso Ayotzinapa como una bandera política, lo que deben de tener los padres es verdad y justicia, pero es evidente que con el uso político de este caso, los padres jamás van a tener acceso a la verdad y la justicia.

Nuestro llamado es para despolitizar este asunto, por eso tenemos que hablar de conflicto de intereses porque no hay un compromiso de los grupos políticos de dejar a un lado sus luchas y aclarar este asunto, sino de usarlo políticamente. Lo que yo dije es que cuántos de los grupos que están presentes en el Congreso tienen conflicto de interés: el PRD que discutió el pasado domingo sus nexos con los Abarca y quiénes están hoy opinan son los líderes del PRD que estaban implicados en todo este desastre. Todos tienen conflicto de interés en este asunto.