Para exigir al gobierno federal la asignación de presupuesto adecuado a la búsqueda de personas desaparecidas, además de visibilizar una problemática del país en la que se conoce otro tipo de estadísticas excepto de los ciudadanos que no son localizados y que posiblemente fueron víctimas de una desaparición forzada, la asociación civil Data Cívica elaboró la base de datos que le devuelve el nombre y el rostro a los más de 32 mil casos de personas desaparecidas.

Entre las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, México es señalado como un país al que no le preocupa ni le interesa saber quiénes son sus desaparecidos y mucho menos encontrarlos.

En la actualidad la única fuente para saber cuántas personas desaparecidas hay es consultando el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), conformado por los datos que reciben los estados. Este registro recopila información como talla, complexión, edad y el lugar de desaparición, el nombre o un apellido.

Se trata de información relevante pero por la forma de registrarla y presentarla, en la base de fuero común, donde están registradas la gran mayoría de las personas, no es posible saber el nombre completo de los desaparecidos.

A la lista de más de 100 mil muertos que ha dejado la guerra el narco emprendida por el ex presidente Felipe Calderón en 2006, se une la de desaparecidos, que crece cada día ante la indiferencia oficial.

Ante este panorama de desesperación y desolación para los familiares de las víctimas y con el objetivo de cambiar esa dinámica, un equipo de 10 personas de la asociación Data Cívica ha trabajado durante cuatro meses para poner nombre y apellido a los más de 32 mil desaparecidos que hay en el país.

En conferencia de prensa, miembros de Data Cívica y otras organizaciones de Derechos Humanos explicaron que a partir de un trabajo de reconstrucción la organización hizo miles de consultas automatizadas en la plataforma de consulta en línea del RNPED. Esta plataforma en línea de carácter oficial permite buscar a las personas por atributos personales y nombres y apellidos, pero Data Cívica cruzó estos datos con el patrón de beneficiarios del Seguro Social (IMSS) y de ayudas sociales (Sedesol) hasta conseguir un “diccionario de nombres comunes” con más de cuatro millones de nombres que permitió completar la identidad de las víctimas.

“Podemos cruzar el registro oficial con la información de casos documentados por organizaciones locales que nos ayuda a entender porque una persona entra o sale del registro oficial y, en última instancia, tener una mejor idea de la magnitud del problema de la desaparición en el país, dijo José Merino, director de estrategia de Data Cívica, al referirse a la importancia de lograr una completa identificación.

Durante la presentación, Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que en la última década, nuestro país ha registrado un incremento en los casos de personas desaparecidas, “un repunte inédito que no se ve en otros países de América Latina”.

(Con información de El País y La Razón)