De acuerdo con el informe “El Yugo Zeta“, elaborado por El Colegio de México (Colmex), el penal de Piedras Negras, Coahuila, funcionó como un búnker para el cártel de Los Zetas, bajo conocimiento del gobierno estatal y federal. Entre 2010 y 2011 la prisión estatal, ubicada a seis kilómetros de la frontera con Estados Unidos, recibía vacas vivas cuya carne era para armar fiestas del cártel de Los Zetas.

Además, entraban vehículos que eran modificados para transportar droga, personas secuestradas y cadáveres para ser quemados. Los únicos que no pudieron entrar, en 2011, debido a la “inseguridad al interior de la cárcel” fueron los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El analista Jacobo Dayán, coautor del estudio junto con el investigador Sergio Aguayo, indicó que: “el control de Los Zetas en Coahuila era total; el gobierno estatal era omiso y algunos funcionarios eran cómplices”.

Destacó que el penal era un campo de exterminio de Los Zetas subsidiado por el Estado. “El Estado al otorgar el presupuesto al penal en lo que estaba haciendo era subsidiar actividades criminales de Los Zetas”.

El estudio subrayó que la situación de autogobierno en cárceles era parecida en otros centros, pero tan sólo en 2011 el presupuesto público dedicado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos.

El penal era un centro de negocios que le daba hasta 75 mil dólares anuales a Los Zetas y le servía para reclutar sicarios, para esconderse de la policía y para castigar a sus rivales. El jefe del cártel elegía entre las esposas de los internos para tener sexo. El área de seguridad de la prisión servía para ejecutar y deshacerse de los cuerpos, resaltó el informe.

“Los tenían hincados y amarrados de sus manos hacia atrás, en ocasiones gritaban personas, yo creo que los mataban ahí. Los ejecutaban de dos maneras: les daban un martillazo en la cabeza o un tiro en la nuca”, indica un testimonio.

“El Yugo Zeta“, fue presentado el día de ayer en el Colmex, está integrado con documentos oficiales, testimonios e investigaciones periodísticas. También, incluye la venganza Zeta entre el 18 y 22 de marzo de 2011.

El material contiene las declaraciones ministeriales de 11 zetas, 49 internos, 21 custodios y 18 empleados del penal. En total 119 declaraciones.

Después de una filtración de información desde la DEA, los sicarios Zetas, policías municipales e internos de Piedras Negras asesinaron hasta 60 personas dentro del penal y en Allende. Sin embargo, el informe se centra en el búnker zeta de Piedras Negras.

A pesar de que no existen acusaciones directas en contra del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, hermano del actual gobernante, Rubén Moreira, autores afirman que esta situación era de su conocimiento.

“Tenemos documentación que nos permite asegurar que el gobierno de Humberto Moreira y el gobierno interino de Jorge Torres sí sabían de lo que estaba sucediendo en ambos casos, en el penal y durante la venganza”, dijo Aguayo.

En el estudio se menciona un memorándum de Moreira sobre que el penal estaba a cargo del Gobierno Federal. Aguayo dijo que lo incluyeron porque el informe no llega a la parte de determinar a los culpables. “Pusimos el testimonio de Humberto Moreira para que quien le crea le crea y quien no, pues no”.

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