Para Hayek, el Estado de derecho es “entorno social dentro del cual la promulgación de reglas formales e informales, sus interpretaciones, aplicación y su implementación operan de manera coherente, consistente y predecible a través de sistemas de adjudicación efectivos y eficientes respaldados por un consenso social”.

En ese sentido, una política de seguridad debe recuperar la coherencia entre los principios constitucionales, la consistencia en la ejecución e implementación de dichas políticas y ser predecible en tanto el esfuerzo sostenido del Estado por garantizar la seguridad, en efecto, resulte en lo que se esperaba. Actualmente estamos en omisión de los tres principios. Sin mencionar la ausencia de un consenso social que dote de legitimidad de origen a las decisiones de política pública que hace la autoridad.

¿Qué hacer entonces?

Para poder tener una política de seguridad que esté no solo al amparo del Estado de derecho sino que lo fortalezca, es necesario reconocer que para el concepto de seguridad democrática, por principio y atado de concepto, no existe otro objetivo que no sea el de lograr que los ciudadanos puedan gozar plenamente de sus derechos. Esto a partir del fortalecimiento del Estado como garante de los mismos y actor primigenio en la resolución de controversias de manera pacífica y legal. Este enfoque es el de seguridad humana.

Un enfoque así no significa dejar de lado el fortalecimiento de las instituciones, o el combate a fuerzas no-estatales que pongan en riesgo la soberanía nacional (objetivos perseguidos por políticas de seguridad pública y seguridad nacional, respectivamente). Lo que la seguridad humana hace es reconfigurar el objetivo de una política de seguridad en los derechos humanos en sus distintas dimensiones: políticos, sociales, económicos, civiles y culturales. Por lo tanto, un país cuya democracia quiere regirse bajo los esquemas de inclusión y justicia de la gobernabilidad democrática, debe renunciar a la falsa pretensión de ganarle la batalla a la gobernabilidad delincuencial únicamente a partir de la persecución, de la coerción y del enfrentamiento armado.

La participación de las Fuerzas Armadas fue un despropósito. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior legaliza el fracaso de una estrategia que no logró en 10 años recuperar el Estado de derecho como forma primigenia de organización en la sociedad. Impera, con total impunidad, todavía la ley de la “plata o plomo” a falta de un Estado que logre rellenar los vacíos de poder que se han creado en México.

La delincuencia no opera en el vacío. La ley de la plata o plomo es un mecanismo de gobernabilidad, alternativo al del Estado de derecho, pero de gobernabilidad al fin. Para ello se requieren condiciones materiales, financiamientos económicos y referentes simbólicos que den sentido y orientación a la práctica, no solo de los individuos, sino de los grupos y colectivos en los que se organizan.

Recuperación de espacios públicos, inteligencia financiera para congelar activos y bienes patrimoniales, así como la promoción de valores de cultura de la legalidad, respeto y solidaridad. En este sentido, la paz no es la ausencia de conflicto sino la garantía de derechos. La violencia no es únicamente la disrupción del orden establecido, sino que incluso podría ser que el mismo orden establecido sea violento.

Es violento que los empleos que se generan en México sean temporales y tengan de remuneración entre 1 y 3 salarios mínimos con prestaciones de ley limitadas. Es violento que las mujeres ganen 30 por ciento menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Es violento que solo 2 de cada 100 delitos que se denuncian logren una sentencia. Es violento que entre códigos postales de una misma ciudad, el agua, la luz y el sistema de drenaje operen de manera distinta. Es violento que, a partir del color de piel entre ciudadanos del mismo país, los servicios de la burocracia del Estado, o privados, tengan resultados distintos.

Una política de seguridad que no limite sino que expanda las esferas de la libertad y que se base en la procuración de la justicia en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Solo así es como podremos avanzar. No hay de otra.

@ZoeRobledo

Senador por Chiapas