La última conmemoración del Primero de Mayo del sexenio patentizó el reclamo generalizado hasta de los sindicatos corporativos por la política antiobrera que a través de la reforma laboral devastó la estabilidad en el empleo al consentir el abuso de las outsourcings, convertidas en una creciente amenaza para la contratación colectiva y el acceso a la seguridad social de millones de trabajadores.
En el marco del Día del Trabajo y del 132 aniversario de los mártires de Chicago, los sindicatos democráticos no pasamos por alto la mención de otros “mártires” que ahora han enfrentado los abusos del poder, como lo son los mártires de Mexicana de Aviación, los mártires de los movimientos campesino e indígena que vienen luchando por la defensa de sus comunidades, territorios y riquezas naturales, ante el despojo de las trasnacionales y sus proyectos alentados por la reforma energética, así como los mártires del Sindicato Mexicano de Electricistas, que libraron una desigual lucha ante el poder por recuperar sus fuentes de empleo.
Es inadmisible que en el nuevo milenio deba partirse casi de cero para que la clase trabajadora luche por recobrar a plenitud derechos plasmados en la Constitución de 1917, como lo son la jornada de ocho horas, salarios dignos y los beneficios de la seguridad social, ahora amenazados por la reforma laboral que entró en vigor apenas iniciada la administración que concluirá en unos meses.
Englobada en las llamadas reformas estructurales, el ordenamiento legalizó la tercerización que ha sido aprovechada por la clase empresarial para librarse de obligaciones ante sus trabajadores de nuevo ingreso, en su mayoría jóvenes que son contratados por unos cuantos meses y hasta por horas. Esto ha impactado de manera negativa a la estabilidad laboral al dejarlos fuera de los beneficios que implica la contratación colectiva.
Como sucedió hace un siglo en que los obreros mexicanos carecían hasta de la más elemental atención médica, ahora los trabajadores que son contratados por las outsourcings se encuentran marginados de la afiliación al Seguro Social y en contados casos que son inscritos dejan de tener el amparo de esta institución cuando termina su contrato.
En la cancha del sindicalismo corporativo, el malestar es evidente porque dos de sus “legisladores obreros”, Isaías González de la CROC y Tereso Medina de la CTM, han pretendido cuajar una iniciativa que daría la puntilla a los sindicatos y hasta el derecho a huelga. Alberto Juárez Bautista, hijo del exlíder croquista Alberto Juárez Blancas, dijo en su discurso del Zócalo, y en referencia a ambos personajes, que en sus filas “existen traidores de clase” que han defraudado la confianza de sus compañeros al vender la causa “por unos pesos”. Y añadió: “Confundidos por las palmaditas de sus patrones y la limosna de los grandes capitales le quieren abrir la puerta a las outsourcings y a todas aquellas trampas contra la contratación colectiva”.
A tal grado llegó la política antiobrera del sexenio que hasta sus antes dóciles sindicatos se quejaron el pasado Primero de Mayo de los estragos causados por la reforma laboral alentada por su partido y aprobada en el Congreso por sus legisladores.
